Patricia Ramírez Lara

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Patricia Ramírez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ----------- y ----------, en el presente juicio de amparo 343/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a la parte quejosa mediante lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos Patricia Ramírez Lara y César Rivera Ramírez; por medio del cual, en atención al requerimiento inserto en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, da cumplimiento a lo ordenado en dicho acuerdo. En esa virtud, se tiene por cumplido el requerimiento hecho a los quejosos ------------- y ----------, y en mérito de lo anterior, se provee lo siguiente: Vista nuevamente la demanda de amparo, promovida por ---------- y ------------, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de Mexico. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda, escrito aclaratorio y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, de un análisis a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que en esencia los quejosos, reclaman: El proveído de trece de abril del año en curso, dictado por el Juez responsable, en el expediente 26/2020, de su índice, a través del cual, desechó el recurso de apelación que interpusieron en contra de la audiencia de cinco de abril de este año, en donde se designó como la albacea de la sucesión intestamentaria de Gustavo Rivera García a Yuridia Paulina Rivera Patrón. Sin embargo, este Juzgado advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El numeral 61, en su fracción XIX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" De dicho precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se haya interpuesto algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que para que se actualice la citada causal de improcedencia se requiere: a) Que la parte quejosa haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicita amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. c) Que el recurso o medio de defensa constituya la vía idónea para conducir a la insubsistencia legal de los actos de autoridad señalados como actos reclamados en el juicio de amparo. Esto con motivo de las manifestaciones vertidas por los quejosos, pues, de los antecedentes que narran se desprende lo siguiente: 1. Con fecha dos de diciembre de dos mil veinte, el Juez responsable, dictó el auto declarativo de herederos, en el juicio intestamentario de Gustavo Rivera García, número de 26/2020, de su índice, en donde figuran como herederos en línea recta Yuridia Paulina, Gustavo Alfredo y Lizbeth Judith, todos de apellidos Rivera Patrón; César, Jessica Marlen y Gustavo Alberto, todos de apellidos Rivera Ramírez; y, Patricia Ramírez Lara, en su carácter de concubina. 2. El cinco de abril de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la junta de herederos de la sucesión intestamentaria de Gustavo Rivera García, en donde se designó como albacea de la sucesión intestamentaria a Yuridia Paulina Rivera Patrón, por las razones que expuso el Juez natural. 3. Inconforme con dicha determinación, los quejosos Patricia Ramírez Lara y César Rivera Ramírez, interpusieron por escrito de seis de abril siguiente, recurso de revocación al considerar que el Juez de origen, excedió en sus facultades para designar como sucesora a Yuridia Paulina Rivera Patrón. 4. Medio de impugnación citado, que por acuerdo de seis de abril de este año, el Juez del conocimiento admitió a trámite y dio vista a las otras partes. 5. En contra de la actuación de cinco de abril de esta anualidad, también los quejosos Patricia Ramírez Lara y César Rivera Ramírez, interpusieron por líbelo, recurso de apelación y por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, el Juez primigenio, determinó desechar de plano su medio de defensa por notoriamente improcedente, lo cual constituye el acto reclamado por los peticionarios del amparo. Por lo que, de la narrativa de los antecedentes y documentales que exhiben a su escrito aclaratorio los quejosos, se puede inferir que interpusieron en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, tanto el recurso de revocación y de apelación en contra de esa actuación, con el objeto de modificar o revocar la designación de sucesora de los bienes de Gustavo Rivera García a Yuridia Paulina Rivera Patrón. Ante ello, si bien, con fecha trece de abril de este año, el Juez civil, desechó el recurso de apelación en contra del proveído referido (cinco de abril de dos mil veintiuno), por estimar su improcedencia dentro de dicho procedimiento, también lo es, que se encuentra en trámite diverso medio de defensa, siendo este el recurso de revocación que admitió a trámite el seis de abril de los corrientes; por ende, los quejosos pueden lograr la modificación, revocación o anulación del auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el cual subsiste el acto reclamado. Así, en la especie se configuran los supuestos antes señalados; ya que, los quejosos interpusieron un medio de defensa en contra del acto que combaten, el cual fue admitido por el Juez responsable y se encuentra pendiente de resolver, además, de que se trata del recurso idóneo para controvertir la ilegalidad del auto de cinco de abril de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En ese orden de ideas, al existir en trámite un recurso de revocación en contra del auto de cinco de abril de este año, que tiene por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acuerdo, se configura la hipótesis referida. Por lo tanto, con apoyo en lo establecido en el 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113, del mismo ordenamiento legal, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por --------- y ------------, por propio derecho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por -------- y -------, ambos por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 343/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Patricia Ramírez Lara y César Rivera Ramírez, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: Formulen bajo protesta de decir verdad la narración suscinta y cronológica de todos los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado deducidos del expediente 26/2020. Lo anterior es así, ya que de la demanda que ahora se analiza, los promoventes comienzan a narrar a partir de que presentaron un recurso de apelación en fecha trece de abril de dos mil veintiuno; sin embargo, omitieron hacer la narración relativa a los antecedentes del acto reclamado, pues nada dicen respecto del juicio de origen. En efecto, precisamente dichos antecedentes constituyen la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello, a fin de fijar correctamente la litis y requerir los informes respectivos a las autoridades correspondientes. Por tal motivo, es indispensable que realicen dichos antecedentes de manera completa para la procedencia del juicio de amparo indirecto, siendo necesario satisfacer dicho requisito, para tener certeza de que la parte agraviada narró los antecedentes del acto reclamado conduciéndose con verdad. Además, deberá exhibir ocho copias de su escrito de desahogo, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto y tramitar la suspensión solicitada. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a los puntos en prevención, dentro del término señalado para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo a Gustavo Adolfo Pimentel Vera, José Francisco Mora Ramírez e Irene Albarrán González, ya que tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y respecto al diverso de los facultados en términos amplios, no es dable acordar de conformidad, ya que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el referido Sistema, por tanto, únicamente se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Avenida ----------------, código postal 53000, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.--------- En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21, de la Ley de la materia. También, se hace del conocimiento al Actuario Judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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