Patricia Ramirez Hernandez
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Patricia Ramirez Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de abril de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 472/2022, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. PARTE QUEJOSA PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Notificador adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós del Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022 en el que se desecharon las pruebas ofrecidas confesional, testimonial, de informes y pericial. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y de forma pragmática los artículos relativos al Código de Comercio. Determinación dictada en auto del seis de abril de dos mil veintidós en el Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022, mediante el cual se tuvieron por ofrecidas diversas pruebas y se desecharon las pruebas ofrecidas confesional, testimonial, de informes y pericial. En tales condiciones, ... Ahora bien, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, que es el desechamiento de las pruebas confesional, testimonial, de informes y pericial, produce efectos intraprocesales, pues no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación, en atención al concepto de irreparabilidad expuesto, pues con el desechamiento de pruebas en el Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022, todavía no es posible saber si se producirá tal afectación, en la medida de que, cuando se dicte la resolución definitiva en el juicio, se sabrá si la violación que reclama trasciende o no al resultado del fallo y será hasta entonces cuando podrá recurrirlo, haciendo valer las violaciones que estime le fueron producidas. Así, las consecuencias del acto reclamado no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio de la disconforme, puesto que, existe la posibilidad de que el fallo que se dicte en definitiva le sea favorable, entonces el acto que aquí se reclama, no implica necesariamente que el juez que conoce de la causa dicte una sentencia desfavorable, pues dicha autoridad, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. De ahí que la citada resolución emitida por la responsable, ningún perjuicio irreparable ocasiona, ya que puede o no trascender al resultado del fallo. Ahora bien, en el caso de que el fallo que se llegue a dictar resultare adverso a los intereses de la parte quejosa, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo, que en su caso, interponga contra dicha sentencia, enderezando en vía de agravio las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo, puesto que, pueden considerarse infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la ahora parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. ... De esta manera, resulta que la demanda de amparo presentada por PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los aludidos preceptos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica y conforme a la certificación de cuenta, únicamente por autorizados para oir y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud de que no acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el dieciocho de julio del año dos mil cinco. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de abril de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 472/2022, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. PARTE QUEJOSA PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Notificador adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós del Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022 en el que se desecharon las pruebas ofrecidas confesional, testimonial, de informes y pericial. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y de forma pragmática los artículos relativos al Código de Comercio. Determinación dictada en auto del seis de abril de dos mil veintidós en el Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022, mediante el cual se tuvieron por ofrecidas diversas pruebas y se desecharon las pruebas ofrecidas confesional, testimonial, de informes y pericial. En tales condiciones, ... Ahora bien, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, que es el desechamiento de las pruebas confesional, testimonial, de informes y pericial, produce efectos intraprocesales, pues no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación, en atención al concepto de irreparabilidad expuesto, pues con el desechamiento de pruebas en el Juicio Ejecutivo Mercantil 476/2022, todavía no es posible saber si se producirá tal afectación, en la medida de que, cuando se dicte la resolución definitiva en el juicio, se sabrá si la violación que reclama trasciende o no al resultado del fallo y será hasta entonces cuando podrá recurrirlo, haciendo valer las violaciones que estime le fueron producidas. Así, las consecuencias del acto reclamado no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio de la disconforme, puesto que, existe la posibilidad de que el fallo que se dicte en definitiva le sea favorable, entonces el acto que aquí se reclama, no implica necesariamente que el juez que conoce de la causa dicte una sentencia desfavorable, pues dicha autoridad, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. De ahí que la citada resolución emitida por la responsable, ningún perjuicio irreparable ocasiona, ya que puede o no trascender al resultado del fallo. Ahora bien, en el caso de que el fallo que se llegue a dictar resultare adverso a los intereses de la parte quejosa, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo, que en su caso, interponga contra dicha sentencia, enderezando en vía de agravio las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo, puesto que, pueden considerarse infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la ahora parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. ... De esta manera, resulta que la demanda de amparo presentada por PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los aludidos preceptos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica y conforme a la certificación de cuenta, únicamente por autorizados para oir y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud de que no acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el dieciocho de julio del año dos mil cinco. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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