Patricia Preciado Barajas

Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 39 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2023
Año
2023
Actuaciones
39
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia Preciado Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el expedientillo de cuenta, en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de veinte********************, se proveyó respecto del escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la apertura del incidente de suspensión, por ende, únicamente téngase por agregado para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 280/2023-VIII, promovido por Patricia Preciado Barajas, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Patricia Preciado Barajas, por propio derecho, el dos de febrero de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José Manuel Vázquez Barreto, integrante de la Guardia Nacional con el grado de guardia con número de expediente 204262; Miguel Ángel Lázaro Martínez, adscrito a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Aeropuerto Guadalajara, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Jalisco de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional con credencial número 132277; Grupo GOMM Autotransportes, Sociedad Anónima de Capital Variable, que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo de referencia, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente y registrarlo con el número 280/2023-VIII; asimismo, se previno a la parte quejosa para que exhibiera copias de su demanda de amparo. Así, una vez cumplimentado el requerimiento en cuestión, mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de mérito, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. De igual forma, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo en contra del Segundo Subdirector G.N. Titular de la Estación Aeropuerto Internacional de Guadalajara y otras autoridades; motivo por el cual se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que se combate una disposición legal de naturaleza fiscal, cuya aplicación tuvo verificativo en el territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza del acto reclamado debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, de la ampliación de la misma y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: De José Manuel Vázquez Barreto, integrante de la Guardia Nacional, con el grado de Guardia y número de expediente 204262; de Miguel Ángel Lázaro Martínez, adscrito a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Aeropuerto Guadalajara, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Jalisco de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional con credencial 132277; del Segundo Subdirector G.N. Titular de la Estación Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de Grupo GOMM Autotransportes, Sociedad Anónima de Capital Variable: La emisión de la boleta de infracción 7257635, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, así como sus consecuencias consistentes en la remisión de vehículo para el servicio de depósito de guarda y custodia. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: - La discusión, aprobación, expedición y acto de aplicación del artículo 74 TER, fracción I de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridad responsable Grupo GOMM Autotransportes, Sociedad Anónima de Capital Variable, al rendir su informe justificado a través de su representante legal, admitió la existencia del acto reclamado, por lo que debe tenerse como cierto. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias; lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de los mismos. Además, debe decirse que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos que se les atribuyen, por ser de naturaleza legislativa y ser disposiciones de carácter general, no están sujetos a prueba. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.". Por su parte, la autoridad responsable José Manuel Vázquez Barreto, integrante de la Guardia Nacional, con el grado de Guardia y número de expediente 204262, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo acto continuo realiza manifestaciones a fin de justificar la emisión de los mismos. Aunado a ello, la existencia de los actos se encuentra corroborada con la copia certificada de la boleta de infracción folio 7257635; las que valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno. De igual forma, las autoridades responsables Miguel Ángel Lázaro Martínez, adscrito a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Aeropuerto Guadalajara, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Jalisco de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional con credencial 132277 y el Segundo Subdirector G.N. Titular de la Estación Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado sin embargo, del propio informe se advierte la certeza del mismo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo a realizar el estudio de la procedencia de la presente Litis constitucional, es necesario destacar que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una disposición de carácter general, el Juzgado de Distrito debe analizar, primero, la procedencia del acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, esto es, si se advierte o no una causa de improcedencia en contra del acto de aplicación, para que de ser procedente, se analice la constitucionalidad de la norma impugnada y, finalmente, en el caso de que se determine negar el amparo, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios del acto concreto de aplicación de la norma. Cobra exacta aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 200, visible en la foja 235, del rubro y texto que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aduce que en la especie, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Al efecto, el interés jurídico o legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de sus derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular, en su caso, que exista un acto de aplicación en contra de una norma de carácter general posterior a su vigencia. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional solo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama, es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico y, por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el respeto a sus derechos. Debe indicarse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: 1. Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. 2. Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia P. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". Así es, de lo anterior se desprende la clasificación de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, sobre el concepto de individualización incondicionada de las leyes. Las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento de su entrada en vigor, porque se trata de ordenamientos que por el imperativo que las mismas contienen, generan perjuicio al gobernado, por su sola creación, transformación o extensión de situaciones concretas de derecho. Este concepto de individualización da una base firme para determinar la procedencia del juicio constitucional, ya que basta examinar en cada caso particular cuando la concretización de los efectos de una disposición legal puede tener lugar incondicionada o condicionadamente; esto es, que la condición puede consistir en la expedición de un acto necesario para que la ley adquiera individualización de actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación de la norma, o incluso de un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana o bien de un acto jurídico realizado por el propio particular, toda vez que tal acontecimiento o acto voluntario determina la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Por tanto, atendiendo al concepto de individualización incondicionada de las leyes, cuando las obligaciones que impone la ley de un hacer o no hacer al particular no nacen a partir de la entrada en vigor de la misma, porque no son de acción automática, pues con su sola expedición no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, eficacia inherente exclusivamente a las leyes de individualización incondicionada, sino por el contrario, necesita para causar un perjuicio de un acto que condicione la aplicación de la norma a las situaciones jurídicas concretas ya sea por actuación del particular o del Estado, no se trata de leyes autoaplicativas, sino de leyes heteroaplicativas, toda vez que la afectación que éstas irroguen al gobernado, está condicionada a la existencia necesaria de la aplicación de la norma o del acreditamiento del particular de realizar el acto condición para estar dentro del supuesto de la misma, pues de no adoptar tal conducta, los efectos de la ley no le son aplicados jurídica y materialmente. En la especie, como se mencionó, la parte quejosa reclama el artículo 74 Ter, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; ello con motivo de su primer acto de aplicación. Asimismo, se allegó al presente sumario constitucional los medios de convicción que consisten en: copia certificada de la boleta de infracción con número de folio 7257635, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés; acta circunstanciada de remisión de vehículos, para el servicio de depósito de guarda y custodia, a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y, constancia de arrastre de servicio de grúa. Mismas que valoradas, a la luz de los artículos 129, 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia se les concede valor demostrativo pleno; se evidencia que el quejoso sí cuenta con interés para instar la presente contienda constitucional. El artículo 74 Ter, fracción I de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, resulta pertinente analizar su contenido, por lo que se procede a su cita literal: "Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente;". De la citada fracción se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente, cuestión ésta que se destaca de la propia boleta de infracción reclamada. Apoya lo antes dicho, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, Página: 225, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En ese orden de ideas, como se sostuvo con antelación es infundada la causal de improcedencia que invoca la responsable, puesto que contrariamente a lo que refiere, le asiste el interés jurídico a la quejosa para instar el presente juicio constitucional. Por otra parte, de igual manera resulta infundada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, expuesta por el Presidente de la República en el sentido de que el acto reclamado se consumó de manera irreparable. Dicha calificativa, deviene así, en virtud de que hay que recordar que si se desconocen los efectos restitutorios que surgen de un fallo protector, cuando se obtiene, obliga a la autoridad responsable a restituir al quejoso en el goce de la garantía violada con efectos retroactivos, en ese sentido, si es factible que se le restituya en el goce de la garantía violada. Ahora bien, la nota distintiva en dichos supuestos es precisamente la irreparabilidad, que es un requisito ineludible para que pueda concretizarse la acción de amparo, por ello es de entenderse que sea materialmente imposible, es decir, físicamente imposible dar a la sentencia que se dicte los efectos restitutorios que le sean inherentes. Robustecen lo anterior, las tesis emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. La Ley de Amparo establece que este juicio es improcedente contra los actos consumados de un modo irreparable, de modo que no basta que el acto que se consume para que surja la improcedencia, sino que es indispensable que tal consumación sea irreparable.". "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible.". En efecto, se entiende por actos consumados aquellos que se han realizado en forma total todos sus efectos; aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas; empero, no obstante que los actos reclamados se hayan consumado totalmente, de ello no se sigue de manera innegable la improcedencia del juicio de garantías, pues la reparabilidad o irreparabilidad es un aspecto que tiene una connotación distinta, que ve a la imposibilidad de materialización de los efectos del fallo protector. Así, se tiene que existen: Actos consumados de modo reparable, y Actos consumados de modo irreparable. Los primeros, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituido o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Amparo, tal es el caso del presente asunto en que dicha restitución se traduce en la indemnización del quejoso si su separación fue ilegal supuesto en el que evidentemente sí proceda el juicio de amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, caso en el cual resulta improcedente el juicio de garantías. Cierto, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, pues se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, es un acto consumado de un modo irreparable, cuando los efectos de una posible concesión de amparo son precisamente el lograr su restitución aunque sea en otro tiempo y momento. En conclusión, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a su reparabilidad física y material, es decir al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y materialmente de nuevo del derecho que tiene tutelado, y que le fue trasgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Sobre el tema tratado es aplicable, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).". Corolario de lo expuesto, resulta claro que al tener el quejoso el derecho a que se le inaplique la porción legal reclamada, es evidente que no es verdad que el acto que reprocha en sede constitucional se hubiese consumado de manera irreparable, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia que se hace valer. Y, finalmente, el Presidente de la Republica, refiere que se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61, en relación al artículo 108, fracciones III y VIII de la Ley de Amparo, en el sentido de que, en contra de los actos reclamados a dicha autoridad, no se formularon conceptos de violación. Dicha causal resulta infundada, toda vez que en el sumario se puede apreciar de la lectura de la demanda de amparo y de la ampliación de los conceptos de violación, que la parte quejosa si formuló motivos de disenso de los actos atribuidos a la autoridad responsable en comento; por consiguiente, no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por el Presidente de la Republica. Por otra parte, es fundada la causal de improcedencia invocada por la persona moral señalada como responsable Grupo GOMM Autotransporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en que no le reviste el carácter de autoridad responsable, pues no realizó actos de autoridad, toda vez que no actuó dotada de imperio. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación sistemática de esos preceptos, se colige que para efectos del juicio de amparo la autoridad responsable es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con independencia de su naturaleza formal; pudiendo tener tal carácter un particular, siempre que realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos de un gobernado y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, se reclaman actos que no provienen de un particular que se conduce como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que el acto reclamado a éste no tiene su origen en el ejercicio de funciones que estén determinadas por una norma general. Es necesario que el particular señalado como autoridad responsable ejerza facultades decisorias otorgadas por la Ley, constituyéndose en una potestad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable y, que por tanto, se traducen en actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, misma que tiene como característica la imperatividad, la unilateralidad y la coercitividad. Así, la procedencia del juicio de garantías contra actos de un particular, está supeditada a que los actos que se reclamen deriven de las funciones que a cargo del particular estén determinadas en una norma general, de manera que en ejercicio de aquéllas, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, en la demanda de amparo se señala como acto reclamado a Grupo GOMM Autotransporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en relación con la recepción, traslado y resguardo en depósito del vehículo que conducía el quejoso al momento de la infracción, derivado de la orden de retirar de la circulación el descrito vehículo, girada por el elemento de la Guardia Nacional que levantó la boleta de infracción en la que se hicieron constar los hechos materia de la sanción; esto es, se reclama un acto que deriva de una relación de coordinación, y no de supra a subordinación entre el quejoso y los particulares señalados como autoridades, deviniendo en que dichas empresas actuaron como particulares y no como autoridades. Es así, pues la empresa señalada no intervino en el levantamiento de la boleta de infracción reclamada, en la que se ordenó el retiro de la circulación del vehículo que conducía el quejoso; sin embargo, el elemento de la Guardia Nacional que ordenó el retiro de la circulación del vehículo, le solicitó el traslado y depósito del mismo. Por ende, es inconcuso que el particular señalado como responsable se limitó a acatar el mandato emanado de la autoridad administrativa que tomó conocimiento de la infracción y ordenó retirar de la circulación el vehículo. En ese contexto, la compañía aludida, que se señaló como responsable, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues si bien recibió en depósito y realizó el traslado del vehículo que conducía el quejoso; también lo es que ello fue en estricto cumplimiento a lo ordenado por una autoridad administrativa, de forma que tal actuación no fue en ejercicio de facultades decisorias que les otorgue la Ley cuyo ejercicio sea irrenunciable, ni su actuación se constituyó en una potestad administrativa de ejercicio irrenunciable, así como tampoco actuó en perjuicio del quejoso en forma unilateral, imperativa y coercitiva, sino que su actuación se limitó a dar cumplimiento a un mandato expreso de una autoridad, hipótesis en la que el particular no actúa como autoridad. Efectivamente, en el caso, la sociedad señalada como responsable no llevó a cabo el ejercicio de atribuciones conferidas por una norma legal, sino que se limitó a dar cumplimiento a un mandato de autoridad, por lo que únicamente actuaron en auxilio de ésta; deviniendo en que no se cumple el requisito previsto por el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular sea considerado como autoridad en ejercicio de sus funciones, consistente en "y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Es aplicable, por analogía, la tesis: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de las instituciones bancarias al inmovilizar cuentas, no les otorga la calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo porque no dictan, ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que dichos actos no provienen de la voluntad de las instituciones financieras, sino en auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de una resolución judicial. Esto es así, porque aun cuando dichos actos atribuidos a las instituciones financieras relacionadas están dirigidos a tener efectos en la esfera jurídica de los quejosos de amparo, no debe perderse de vista que esos efectos no son impuestos por aquéllas, sino por una autoridad jurisdiccional, razón por la cual esa imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las instituciones financieras, lo que impide conferirles el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo pues, desde el momento mismo en que sus actos carecen de esos atributos, no es dable sostener que sean equivalentes a los de autoridad. En esas condiciones, si bien es cierto que el artículo y fracción citados establecen que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción invocada y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que las instituciones bancarias no se encuentran en ese supuesto, pues lo que se reclama de éstas es la inmovilización de cuentas, ordenadas por una autoridad judicial y son sólo auxiliares de la administración de justicia.".(Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2020847. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: I.15o.C.6 K (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3513. Tipo: Aislada). Por ende, la empresa a quien se pretende atribuir el carácter de autoridad, está en un plano de coordinación frente al quejoso, y no actuó en ejercicio de facultades de determinación; deviniendo en que el acto que se les reclama no deriva del ejercicio de las atribuciones otorgadas por una ley, sino que únicamente se vieron constreñidas a cumplir un mandato de autoridad. Es aplicable la tesis que establece: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado.". (Época: Décima Época. Registro: 2009613. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A.6 K (10a.). Página: 1624). En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, así como 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de la autoridad Grupo GOMM Autotransporte, Sociedad Anónima de Capital Variable y los actos que se le atribuyen. Sin que sea necesario estudiar la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable Grupo GOMM Autotransporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de lo expuesto en párrafos que preceden. QUINTO. Conceptos de violación. Se omite la transcripción de los conceptos de violación hechos valer, en virtud de que no existe obligación de ello, pues los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo se satisfacen con la precisión de los puntos debatidos y derivados de la demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de las normas reclamadas. Es infundado el argumento que formula la parte quejosa en contra del artículo 74 Ter, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el que aduce, en síntesis, que dicho numeral contraviene el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento. Mientras que por su parte, el numeral reclamado establece la posibilidad de que la Policía Federal Preventiva retire de la circulación los vehículos que se encuentren prestando el servicio de autotransportes federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes federales, sin contar con el permiso correspondiente. Para analizar el anterior argumento, es imperativo tener en consideración el marco jurídico que consagra la garantía individual que alberga el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De entre los diversos derechos fundamentales de seguridad jurídica que contiene el artículo 14 constitucional, destaca, por su capital importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Es importante precisar que para los efectos del artículo en estudio, por acto de privación debe entenderse aquél que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de ese derecho a su titular, sino que se trata de medidas cautelares establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva; de modo que no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados, es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario, por su propia índole, no tiende a ese objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia; en tal virtud, el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo exige el respeto al derecho fundamental de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. Las formalidades apuntadas y su observancia, a las que se unen además las relativas a la garantía de legalidad contenida en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que no se emite de un modo arbitrario y anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que le rige. Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente y previamente a la emisión de cualquier acto de menoscabo, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento del inicio de un procedimiento en el que se pueda ver afectado un derecho, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus afirmaciones; que cuando se agote la etapa probatoria correspondiente se dé oportunidad de formular las alegaciones respectivas y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. De modo que las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio o procedimiento debe llevar a cabo para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La tesis jurisprudencial que consagra la conclusión anterior es la publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, correspondiente a diciembre de 1995, página 133, que literalmente dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En suma, si bien una adecuada y oportuna defensa requiere del cumplimiento de las etapas procesales que han de seguirse en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, tendrán el carácter de esenciales cuando resulten necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquéllos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción a la garantía de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 174 del tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, página 1110, con registro rápido de localización 1011466, que a continuación se transcribe: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Las precisiones anteriores ponen de relieve las bases sobre las que se edifica el derecho fundamental de audiencia, las cuales servirán de pauta para examinar si el retiro de la circulación del vehículo que conducía, son violatorios de tales postulados. En el caso a estudio, se advierte que la autoridad responsable sancionó al ahora quejoso con una multa, así como con el retiro de la circulación del vehículo en el que se encontraba, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 Ter, fracción I, dela Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. "Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente;". De dicho numeral se desprende, la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Policía Federal Preventiva pueda retirar de circulación, los vehículos que se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puente, sin contar con el permiso correspondiente. De ahí que la sanción impuesta al quejoso, consistente en el retiro de la circulación de su vehículo, consista únicamente en una actividad preventiva, más no privativa, por lo que la autoridad responsable no se encontraba vinculada a cumplir las formalidades del artículo 14 Constitucional, sino las dispuestas en el 16 de dicho ordenamiento. De lo anterior, que se atribuye tal calificativo de infundado al concepto de violación en estudio, al estar construido a la luz de una premisa falsa. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación en el cual aduce que el precepto legal reclamado es contraventor de derechos humanos en la medida de que éste no precisa lo que debe entenderse por "retirar de la circulación de vehículos". Así es, si bien es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios -considerando también a los de la materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, infundado, el argumento que afirme que una norma se aparta del texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 1a./J. 83/2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 170, que dice: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR. Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios -considerando también a los de la materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento que afirme que una norma se aparta del texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean.". Por lo tanto, al ser infundados los motivos de disenso, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitado, respecto del acto reclamado consistente en el artículo 74 Ter, fracción I de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. SÉPTIMO. Estudio del acto de aplicación. En otro orden de ideas, uno de los conceptos de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de Unión solicitado, siendo ese uno atinente a evidenciar la ilegalidad de la multa impuesta. En el primer motivo de disenso aduce la quejosa que la boleta de infracción reclamada es inconstitucional, dado que el integrante de la Guardia Nacional que la levantó, omitió identificarse debidamente como elemento de dicha corporación ante el conductor, lo que impide constatar si tiene o no competencia para emitir ese acto de molestia, imponiendo una multa y retirando el vehículo de la circulación. Continúa señalando que a pesar de que el integrante de la Guardia Nacional que levantó la boleta asentó que exhibió una credencial, solo le indicó: "Guardia", pero no señaló su vigencia, así como tampoco asentó el área de adscripción y la coordinación estatal a la que se encuentra adscrito, ni se constató el nombre del funcionario que la emitió o que ésta tenga su firma autógrafa. Como se anticipó, es fundado el descrito motivo de disenso. El artículo de nuestra Carta Magna establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El precepto en cita salvaguarda la garantía de legalidad, conforme a la cual todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, máxime si le causa a éste algún perjuicio, debe estar plasmado en los medios escritos autorizados por la legislación, asimismo, cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. Entendiéndose por fundamentación en que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que debe señalarse de una manera pormenorizada las circunstancias especiales, razonamientos o causas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto; de la misma manera, debe de existir un nexo lógico jurídico entre ambos requisitos, es decir, la adecuación de los motivos aducidos con la hipótesis normativa aplicable al caso en particular. Sirven de apoyo las jurisprudencias: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". (Época: Novena Época. Registro: 203143. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/43. Página: 769). "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". (Época: Séptima Época. Registro: 910973. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Administrativa. Tesis: 40. Página: 46). Asimismo, el derecho humano en estudio salvaguarda al gobernado en el sentido en que la autoridad emisora del acto de molestia debe fundamentar su actuar en los preceptos legales que le otorguen la potestad o competencia para ello; es decir, no basta con que el hecho generador encuadre en la hipótesis creada por el legislador y que se realice un razonamiento lógico jurídico entre estos dos aspectos para tener por colmados los requisitos que prevé la garantía de legalidad, sino que el órgano emisor debe de actuar conforme a la competencia que por materia, grado o territorio le confieran los ordenamientos vigentes al momento de la emisión del acto. Por tanto, se puede considerar que todo acto de autoridad necesariamente debe de ser emitido por quien se encuentre facultado para ello, debiendo precisar el carácter con el que lo suscribe y la disposición normativa que le otorgue la legitimación para ello, ya que, en su ausencia se dejaría en estado de indefensión al gobernado frente a la autoridad, puesto que se le haría nugatorio el derecho para constatar que la actuación que le causa un daño o molestia sea emitida dentro del ámbito competencial, es conforme o no a la Constitución o a la Ley. De no ser así cualquier ente del Estado pudiese imponer a los sujetos cautivos de la norma las obligaciones que en ella se precisan. De tal manera que el sujeto cautivo de la norma tenga la aptitud de refutar además de la legalidad del acto, la de la fundamentación en que se la autoridad sustentó su competencia para su emisión y así constatar si el texto normativo es específicamente aplicable a la actuación del órgano que la emitió por grado, materia y territorio. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.". (Época: Octava Época. Registro: 205463. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 10/94. Página: 12). "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.". (Época: Novena Época. Registro: 188432. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV. Noviembre de 2001. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 57/2001. Página: 31). En ese contexto, la parte quejosa esgrime el integrante de la Guardia Nacional que levantó la boleta de infracción reclamada, omitió identificarse debidamente como elemento de dicha corporación, lo que impide constatar si tiene o no competencia para emitir ese acto de molestia. Al respecto, el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece: "Artículo 69. Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación.". Como se ve, se faculta a las dependencias de la administración pública federal para que sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables a la materia de que se trate, puedan verificar bienes, personas y vehículos de transporte a fin de comprobar el cumplimiento a la normativa que rige la actividad, para lo cual, deben observarse las formalidades para las visitas de verificación. En ese contexto, se impone conocer cuáles son las formalidades que prevé la propia ley para las visitas de verificación, entre las que destaca la prevista en el artículo 65 de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que señala: "Artículo 65. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.". Derivándose de lo anterior, en la parte que interesa, que al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función. Por ende, de la interpretación sistemática que se realice a los preceptos legales transcritos con anterioridad, se obtiene que en el supuesto de que el servidor público adscrito a alguna dependencia de la administración pública federal lleve a cabo la verificación de bienes, personas o vehículos de transporte a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, deberá identificarse al inicio de la diligencia, debiendo exhibir su credencial vigente, expedida por autoridad competente, pues ésta constituye una formalidad para las visitas de verificación que también resulta aplicable a la verificación de vehículos transporte. En complemento a lo anterior, el artículo 203 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que constituye la norma específica aplicable a la materia de autotransporte federal, establece el procedimiento para la aplicación de sanciones al propio Reglamento, y señala: "Artículo 203. Los Policías Federales aplicarán las sanciones que deriven de la violación a las disposiciones de este Reglamento, atendiendo al siguiente procedimiento: I. Una vez detenido el vehículo y por seguridad del conductor, acompañantes y pasajeros, instruirá a que éstos permanezcan en el interior del mismo y únicamente descenderán hasta que así lo indique el Policía Federal; II. Informará al conductor del vehículo el motivo de la detención; III. Solicitará al conductor la entrega de la licencia para conducir y la tarjeta de circulación, así como, en su caso, la demás documentación inherente al servicio que preste, y IV. En caso de que proceda la multa, el Policía Federal requisitará la boleta de infracción asentando con letra completamente legible la información que el formato requiera y fijará al infractor la sanción que corresponda, además de: a) La narración sucinta y objetiva de los hechos de que sea responsable el conductor; b) La presentación y lectura de los ordenamientos reglamentarios violados por el conductor, acompañantes o pasajeros, especificando concretamente la sanción aplicable al caso, y c) Cuando se trate de multa, las modalidades de su pago y garantías, así como las reducciones a que se tiene derecho y los medios de impugnación.". Del transcrito precepto legal se aprecia que los elementos de la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional, al observar que se ha cometido una infracción al Reglamento, o bien, a la ley aplicable al caso concreto, una vez detenido el vehículo y por seguridad del conductor, acompañantes y pasajeros, les instruirá que permanezcan en el interior del mismo y únicamente descenderán hasta que así lo indique el agente actuante. Hecho lo anterior, informará al conductor del vehículo el motivo de la detención; le solicitará la entrega de la licencia para conducir y la tarjeta de circulación, así como, en su caso, la demás documentación inherente al servicio que preste; y en caso de que proceda la multa, el Agente de la Guardia Nacional requisitará la boleta de infracción asentando con letra completamente legible la información que el formato requiera y fijará al infractor la sanción que corresponda. Dilucidado lo anterior, del análisis que se realiza del contenido de la boleta de infracción reclamada, identificada con el número de folio 7257635, levantada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se constata que su emisor omitió asentar debidamente la forma en la que se identificó como Agente o integrante de la Guardia Nacional, toda vez que omitió asentar los datos completos de su identificación mediante los cuales se acreditara fehacientemente como servidor público perteneciente a la Guardia Nacional. Efectivamente, si bien es cierto que al requisitar la boleta de infracción reclamada señaló su nombre, grado, número de expediente y de identificación; también lo es que omitió asentar la vigencia de su credencial, su adscripción y el nombre y cargo del servidor público que la emitió, siendo que con tales elementos en el texto de la boleta de infracción, el particular tiene la certeza de que quien la levantó efectivamente está al servicio de la Guardia Nacional, que tiene nombramiento vigente y, por ende, que está debidamente habilitado para ejercer las atribuciones desplegadas y que se encuentra adscrito a la Coordinación de la Guardia Nacional que ejerce jurisdicción en el territorio del Estado de Jalisco, particularmente, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde supuestamente se cometió la infracción, es decir, que es autoridad competente por razón de territorio al actuar dentro de la circunscripción que le corresponde. Asimismo, a pesar de que indicó que la credencial se emitió por la Dirección General de Recursos Humanos, no indicó el cargo del servidor público que la emitió, lo que impide constatar si ésta fue o no emitida por autoridad competente para ello. Además, la autoridad responsable incumplió la obligación que se deriva del artículo 203, fracción IV, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, dado que no requisitó la boleta de infracción con todos los datos que el formato le exige, pues en lo relativo a los datos de identificación del integrante de la Guardia Nacional que impone la sanción, omitió requisitar el espacio relativo a la vigencia de su credencial; pues solo asentó vigente, sin precisar la fecha de vigencia. Por ende, al no haberse cumplido el requisito de identificación del servidor público, se constata que quien suscribió la boleta de infracción, no acreditó su calidad de integrante de la Guardia Nacional, pues no se tiene la certeza de que es elemento activo con nombramiento vigente, ni que esté adscrito a la Coordinación de la Guardia Nacional que ejerce jurisdicción en el territorio del Estado de Jalisco, particularmente, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Consecuentemente, se concluye que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por los artículos 65 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ordenamiento aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal, que como se vio, prevén las formalidades para las visitas de verificación, aplicables a los vehículos en transporte, entre otras, la correspondiente a la identificación del personal actuante; además de que también se incumplió con el artículo 203, fracción IV, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, al no haberse requisitado la boleta de infracción con todos los datos que el formato requiere. Son aplicables al caso, por analogía, la jurisprudencia y tesis que señalan: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA NULIDAD POR INSUFICIENTE IDENTIFICACIÓN DEL VERIFICADOR EN EL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO, DEBE SER LISA Y LLANA. La identificación insuficiente del verificador al levantar el acta de inicio del procedimiento aduanero con motivo de una inspección de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, constituye la omisión de un requisito formal que actualiza el supuesto del artículo 51, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, en este caso la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, pues si el requisito señalado sólo puede constar en el acta correspondiente elaborada al momento de la inspección, no podrían retrotraerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron el levantamiento del acta para enmendar dicha violación, máxime si se toma en cuenta que este tipo de verificaciones se realizan en la vía pública y en condiciones que difícilmente podrían repetirse. Consecuentemente, la autoridad podrá iniciar un nuevo procedimiento en uso de sus facultades de fiscalización, pero está impedida para corregir la insuficiente identificación de los verificadores en el mismo expediente en que se actualizó la violación.". (Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 162801. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 8/2011. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 746. Tipo: Jurisprudencia). "INSPECCIÓN EN CENTROS FIJOS DE VERIFICACIÓN DE PESO Y DIMENSIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN QUE AL EFECTO SE LEVANTE EN CUANTO A LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO PARA PRACTICARLA. El artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de los servidores públicos comisionados, de inspeccionar o verificar en centros fijos de verificación de peso y dimensiones que opera la propia secretaría, que los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, cumplan con el reglamento y las normas oficiales mexicanas relativos. Así, del análisis del citado precepto, armonizado con el derecho fundamental de seguridad jurídica que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar certeza legal al gobernado y evitar, en consecuencia, la actuación discrecional de la autoridad administrativa al llevar a cabo la diligencia de inspección, en la boleta de infracción que al efecto se levante debe hacerse constar la debida identificación del servidor público comisionado que la practique, a través de la descripción clara tanto del documento mediante el cual se identifica como del oficio que lo comisiona a realizarla. Para esos efectos, habrán de asentarse las fechas de expedición y de expiración de la credencial, el órgano de la dependencia que la emitió, el nombre y el cargo de quien la expidió, así como el de la persona a cuyo favor se otorga; asimismo, la fecha de expedición del oficio comisión, el número que le corresponde, el órgano y el titular de la dependencia y el nombre del autorizado, o en su caso, agregar a la boleta de infracción y al tanto que se le entregue al particular, copia fotostática de los documentos que contengan esos datos, para que tenga plena certeza de que quien realizó la inspección está autorizado por la autoridad que emitió el oficio de comisión y facultado para efectuar el acto de molestia.". (Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2004710. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: IV.2o.A.63 A (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1806. Tipo: Aislada). Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las boleta de infracción reclamada. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal, solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que las autoridades responsables, en el respectivo ejercicio de sus atribuciones: Acrediten que se dejó insubsistente la boleta de infracción con número de folio 7257635; sin que se encuentre en posibilidad de emitir una nueva; de igual manera, se ordene la devolución del vehículo MARCA GENERAL MOTORS, tipo automóvil, modelo 2020, número de serie MA6CA5CD6LT001226, PLACAS JSY8095, del Estado de Jalisco, a nombre de la quejosa; y como consecuencia de ello, se devuelva a la solicitante del amparo las cantidades que en su caso hubiera erogado con motivo de las sanciones impuestas en dicha boleta de infracción, entre éstas la multa, pensión, guarda y custodia de vehículos, servicios de grúas y arrastre y las maniobras dentro del patio, sin importar que algunas de ellas hubieren sido cubiertas al particular que presta el servicio de grúas, ya que si el motivo de la concesión es el actuar irregular del Estado, corresponde a éste absorber las cargas monetarias que hubiera ocasionado al quejoso. Cabe destacar que en esta resolución el análisis de legalidad de los actos reclamados derivó en su inconstitucionalidad por un vicio de fondo, sin que, además, la pretendida complementación de la fundamentación y motivación en el informe justificado que las autoridades responsables realizaron de aquél, resultara eficaz en términos de lo dispuesto en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, para complementarlo; ello, sobre todo porque el vicio detectado en esta resolución implica que la cédula reclamada es inconstitucional de origen. De tal manera, se considera que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a las autoridades responsables su reiteración, tal como lo indica el artículo 124 in fine, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual las autoridades responsables no podrán subsanar los vicios en los que incurrieron, sin que ello implique que no puedan ejercer las actividades y facultades que les corresponden. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Patricia Preciado Barajas, contra los actos del particular señalado como responsable Grupo GOMM Autotransporte, Sociedad Anónima de capital Variable, y por el acto que se le atribuye, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Patricia Preciado Barajas, contra el acto consistente el artículo 74 TER, fracción I de la Ley de Caminos, puentes y Autotransporte Federal, por las razones y motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Patricia Preciado Barajas, contra el acto consistente la boleta de infracción 7257635, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, así como sus consecuencias en la remisión de vehículo para el servicio de depósito de guarda y custodia, por las razones, motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

  3. Incidental

    Visto el oficio que suscribe el Titular del Enlace Jurídico de la Coordinación del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en el Estado de Jalisco de la Guardia Nacional y representante legal de la misma, mediante al cual, en atención al requerimiento de treinta y uno de octubre pasado, informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva, y al efecto, hace del conocimiento que el oficio de liberación del vehículo de la quejosa se encuentra a disposición de ésta en el domicilio indicado; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "2", mediante el cual informa que el escrito presentado por la quejosa el ********************, fue remitido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "1", por ser un asunto de su competencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado de Distrito, el tratamiento dado al escrito que le fue presentado por la aquí quejosa el ********************; bajo apercibimiento que no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Con lo anterior dese vista a las partes, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido.

  4. Incidental

    Visto el escrito que suscribe **, quien se ostenta como autorizado en términos amplios del particular señalado como responsable ***, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre pasado, tan solo agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que el ocursante no tiene carácter reconocido en el incidente de suspensión en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al particular señalado como responsable ***, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe con relación al cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa el nueve de octubre pasado; bajo apercibimiento que no hacerlo se hará acreedor a las sanciones establecidas en las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo.

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