Patricia Ortiz Marroquin

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia Ortiz Marroquin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la quejosa ...n, por medio del cual pretende tramitar un incidente de nulidad de juicio concluido del presente asunto, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, y de manera supletoria el arábigo 358 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aludiendo que se substanció de manera fraudulenta a través de la suplantación de identidad y falsedad de firmas desde el escrito inicial de la demanda de amparo. En ese sentido, dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, ya que los artículos invocados de la ley de la materia, regulan la tramitación de los incidentes que tienen por objeto resolver aspectos propios y que surjan durante el procedimiento, distintos a la acción principal pero no desvinculados, pues guardan relación con el mismo. No obstante, de lo manifestado por la ocursante en atención a la causa de pedir se advierten conductas posiblemente constitutivas de un delito de fraude procesal previsto en el artículo 231, fracción IV del Código Penal Federal, pues refiere que de manera fraudulenta a través de la suplantación de identidad y falsedad de firmas se planteó la demanda en este asunto, desconociendo el abogado ahí autorizado. En ese sentido, todo acto de autoridad debe ser emitido por una competente, esto es, por la que tiene facultades para ello, cuando en un juicio natural tramitado ante un Juez de Distrito, alguna de las partes despliega una conducta posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal, el Juez competente para conocerlo es el del mismo fuero en materia penal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P. J/40 P (10a.), de la Décima Época, aprobada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1236, en Materia Penal, que dice: "FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, esto es, por la que tiene facultades para ello, como garantía de los derechos fundamentales a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas. En este tenor, en términos del artículo 104, fracción I, constitucional y 50, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando en un juicio natural tramitado ante un Juez de Distrito, alguna de las partes despliega una conducta posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, también contenido en el artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, el Juez competente para conocer del delito relativo es el del mismo fuero en materia penal y no el del fuero local, en razón de que debe tomarse en cuenta que el sujeto pasivo del delito es la administración de justicia, que en el caso está representada por la autoridad judicial federal que tramita el juicio, en cuyas facultades constitucionales y legales incide directamente la conducta ilícita. Además, el bien jurídico tutelado que el legislador consideró valioso para ser protegido por la norma penal, con carácter primario, es la correcta administración de justicia, sin que se soslaye que el sujeto pasivo también pueda ser un particular y que puedan afectarse otros bienes jurídicos como podría ser su patrimonio; sin embargo, el legislador atendió fundamentalmente la función desempeñada por el Juez de Distrito en los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional, precisamente en aras de una correcta administración de justicia, que es la esencia y la razón de la existencia de la norma penal, de acuerdo con su interpretación teleológica, sin que ello implique que este supuesto quede excluido de la tendencia interna protectora de la norma, toda vez que tiene la naturaleza jurídica de ser pluriofensiva o plurilesiva, con lo que se salvaguarda la esfera de derechos de la persona, que eventualmente se afecta por el despliegue de la conducta descrita en el tipo penal.". Máxime, que la Ley de la Materia no prevé la figura jurídica que la accionante pretende iniciar en el incidente de que se trata. Ahora, el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria dispone: "ARTICULO 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". De este artículo se advierte la facultad de los juzgadores para desechar de forma inmediata recursos, incidentes o promociones sin utilidad procesal y cuando resulte notoria esta circunstancia, se les exenta de realizar mayor indagación para comprobar esta cuestión, notificarles y correr traslado a las partes. En consecuencia, con fundamento en el numeral 57 del Código invocado, de aplicación supletoria, se desecha por improcedente el recurso de nulidad de juicio concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. La autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El cuaderno del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito del tercero interesado, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte quejosa la sentencia con fecha de engrose de veintidós de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE DE VEINTIDOS DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "V I S T O S para resolver el juicio de amparo 255/2023, promovido por..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, previa aclaración, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvo por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un juzgado del orden común residente dentro del ámbito competencial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y reclama el emplazamiento, todo lo actuado y la orden de lanzamiento, respecto del inmueble ubicado en calle..., Ciudad de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez responsable, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, sin embargo, ello se encuentra desvirtuado atendiendo a sus propias manifestaciones donde aceptó la tramitación del juicio ordinario civil..., Cobra aplicación la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, materia Común, Octava Época, registro digital 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la Actuaria adscrita al Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, lo negó y manifestó adherirse al informe rendido por el titular de dicho juzgado, por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones relevantes: 1. El treinta de marzo de dos mil veintidós..., promovió juicio ordinario civil, ejerciendo la acción reivindicatoria, contra..., 2. De dicha controversia, correspondió conocer al Juez Septuagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, quien radicó la demanda con el número..., y el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la admitió a trámite. 3. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, se practicó el emplazamiento de la demandada, en los términos siguientes: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN "CEDULA DE NOTIFICACIÓN PARA:...., DOMICILIO: CALLE ....,CUIDAD DE MÉXICO. En el auto relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por..., en contra de ..., expediente ..., secretaria "B", el C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL de la Ciudad de México, dictó lo siguiente: Ciudad de México, a treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós. Con el escrito inicial de demanda, documentos anexos y copia de traslado, fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno bajo el número de expediente..., del índice de este juzgado, por lo que se procede acordar en los siguientes términos: Se tiene por presentado a..., por propio derecho; de igual forma se tiene por señalado el domicilio, número telefónico y correo electrónico que menciona para oír y recibir notificaciones y documentos, así mismo se le tiene autorizando a los profesionistas que cita en términos del artículo 112 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por lo que en su primera intervención deberá exhibir copia simple de su registro ante la Primera Secretaria de este H. Tribunal o bien de su cédula profesional, con el apercibimiento de no hacerlo así solo se tendrá como personas autorizadas; asimismo se tiene por autorizados a los ciudadanos que cita en los términos solicitados; demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de..., las prestaciones que indica, por lo que con fundamento en los artículos 255, 256, 258, 259 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a la demandada DE MANERA PERSONALISIMA, para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término concedido se tendrá por contestada en sentido afirmativo; Elabórese cédula de notificación y con sus anexos túrnense a la C. Actuaria de la adscripción para el cumplimiento de lo anterior.- Asimismo en cuanto a las medidas precautorias que solicita, sin lugar a acordar de conformidad las mismas, toda vez que no se adecuan a lo establecido en el artículo 235 y 239 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. AVISOS - A) En cumplimiento a los Acuerdos 27-17/2020, 20-25/2020, 05- 19/2020 y 03-22/2020, así como las Circulares CJCDMX-15/2020, CJCDMX- 18/2020, CJCDMX 11/2022 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, todo ellas en relación con la pandemia del COVID-19 y la determinación de aprobar el documento denominado "Lineamientos para la práctica de Notificaciones Electrónicas en materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", se requiere a las partes en el procedimiento para que proporcionen y autoricen que las notificaciones personales puedan realizarse por cualquier medio de comunicación o vía electrónica, para ello deberán señalar sus números telefónicos, correos electrónicos o cualquier otro medio para la recepción de mensajes de texto (SMS) y aplicaciones de mensajería móvil (..., .... ... o correo electrónico), en cooperación y contribución tanto a la impartición de justicia efectiva y expedita como en beneficio de la salud y la vida de todas las personas buscando la sana distancia, queda exceptuado de esta determinación las diligencias de emplazamiento, la sentencia que condene al arrendatario de casa a desocuparla, así como el auto de ejecución (embargo) y cualquier otro que se estime urgente, cuando se solicite y requiera la presencia de parte interesada, se realizaran por la o el oficial notificador o, secretario actuario, únicamente con el acompañamiento de la parte interesada. -B) Asimismo en cumplimiento a los numerales 11 y 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del poder Judicial del Distrito Federal aprobado mediante Acuerdo General 22-02/2012, modificado por los Acuerdos 78-06/2012 y 82- 06/2012 de fecha catorce de febrero del dos mil doce, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio transcurrido el termino de NOVENTA DÍAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de dicho acuerdo, serán destruidos los documentos base o prueba, así como el expediente con los cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada, por lo que dentro del plazo concedido deberán acudir a la mayor brevedad posible a recoger los documentos exhibidos previa toma de razón y recibo que se deje en autos para constancia ante presencia de la Secretaria-C) SE HACE SABER A LAS PARTES QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26 Y 28 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PRESENTE ASUNTO, YA SEA POR SENTENCIA DEFINITIVA CUMPLIMENTADA, CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, COSA JUZGADA, DESISTIMIENTO, INCOMPETENCIA, PRESCRIPCIÓN SE PROCEDERA A LA DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE; ASI COMO LAS PRUEBAS, MUESTRAS Y DOCUMENTOS VENIDOS EN EL JUICIO CONCLUIDO, POR LO QUE LAS PARTES QUEDARAN OBLIGADAS A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SUS DOCUMENTOS, PRUEBAS Y MUESTRAS DENTRO DE LOS SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN ELLO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- D) "Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. ..., con horario de trabajo de nueve a quince horas con treinta minutos y de dieciséis horas con treinta y un minutos a las dieciocho horas (Acuerdo 15-04/2012), con el teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: ... y .... mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar:-5514-2860 y 5514-58-22 mediación.familiar@tsjdf.gob.mx".- E) En cumplimiento a los acuerdos plenarios V 15/2008 y 5-76/2008 que constan en la circular 45/2008 y 77/2008 emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se hace de su conocimiento que: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México se requiere a las partes para que en el término de TRES DÍAS, otorguen su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que su omisión establecerá su negativa para que dicha información sea publicada.- NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL MAESTRO..., DOY FE DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" LICENCIADA ..., . DOY FE. LO QUE NOTIFICO A USTED POR MEDIO DE LA PRESENTE CEDULA DE NOTIFICACIÓN QUE DEJO EN PODER DE..., hija de la buscada, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 14 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2022 LA SECRETARIA ACTUARIA (Firma ilegible)" EMPLAZAMIENTO "PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Expediente Núm. ..., Secretaría "B" En la Ciudad de México, siendo las doce horas con veinte minutos, del día diecinueve del mes de abril del año dos mil veintidós, la suscrita licenciada ..., Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Septuagésimo segundo de lo Civil, me constituyo plena y legalmente en el domicilio señalado en autos como de la parte demandada ubicado en calle..., en busca de ...., y cerciorada de ser el domicilio indicado por la nomenclatura de la calle y el número visible en el inmueble, mismo que tiene las siguientes características: planta baja y un piso, fachada color naranja con beige, portón metálico color blanco, y además cerciorada que ahí vive la buscada, por el dicho de la persona que dijo llamarse ...,y ser la hija de la buscada, cuyas características fisionómicas son las siguientes: tez blanca, complexión media, de aproximadamente veinticinco años de edad, cabello negro, y estatura un metro sesenta centímetros, persona con la que me identifiqué plenamente como Secretaria Actuaria, asimismo le solicito que también lo haga y sí lo hace con credencial para votar por el Instituto Nacional Electoral, así también dicha persona confirma que este es el domicilio indicado por ser en donde vive. A continuación le requiero la presencia de la persona buscada, por lo que no estando presente la buscada, entiendo la diligencia con ..., hija de la buscada, ya que se encuentra autorizada por la buscada para recibir la misma y le hago saber mediante lectura en voz alta del auto por cumplimentar de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mismo (s) que se contiene (n) en la cédula de notificación original la cual le entrego corriéndole traslado con las copias simples de la demanda y anexos debidamente foliadas, rubricadas y cotejadas, en un total de cincuenta y cuatro fojas, del escrito inicial de demanda, actas de matrimonio, nacimiento, sentencia, folio real, recibos diversos, constancia médica, todos y cada uno de los documentos anteriormente descritos, debidamente certificados por la secretaria, le emplazo a juicio para que comparezca ante la autoridad a deducir sus derechos, dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación, oponga excepciones o haga valer sus defensas, bajo el apercibimiento de Ley decretado, y las notificaciones aun las personales le surtirán por boletín judicial. Se hace constar que la persona con quien entendí la diligencia sí firmo de recibido en la copia de la cédula de notificación por así considerarlo necesario y con lo que doy cuenta a Usted C. Juez de la adscripción para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. LA C. SECRETARIA ACTUARIA LIC. ... . (FIRMA ILEGIBLE)" 4. El tres de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos dicen: RESUELVE PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver sobre el presente juicio, donde el actor acreditó su acción y la demandada se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- Se declarara que el hoy actor, es el único y legítimo propietario del UBICADO EN; CALLE ...., CIUDAD DE MÉXICO. TERCERO.- Se condena a la demandada a que desocupe y entregue la posesión al actor o a quién sus derechos representen, con sus accesiones naturales y artificiales que se encuentren adheridas al inmueble, lo que deberán hacer dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente aquél en que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo serán lanzados a su costa. (.)" 5. El treinta de noviembre de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia definitiva señalada en el numeral anterior. 6. El trece de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el lanzamiento de la demandada del inmueble en litigio, y se turnaron los autos al actuario para ejecutar la diligencia. El emplazamiento y todo lo actuado integran la materia de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. El juez responsable incumplió con los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque no se cercioró si se habita el domicilio donde se practicó el emplazamiento, pues desde el siete de diciembre de dos mil veintiuno se comisionó a la quejosa a diversos batallones en el interior de la república, por cuestiones de trabajo. El actuario responsable omitió indicar los medios de los cuales se valió para constatar que el domicilio donde se constituyó era donde habitaba la quejosa en ese momento. Los conceptos de violación son infundados. El emplazamiento es un acto procesal que tiene por objeto hacer del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda presentada en su contra, para darle la posibilidad de contestarla y ejercer sus derechos procesales; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Así, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". El artículo transcrito dispone que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, y así cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Entre los diversos derechos humanos que integran la seguridad jurídica que reconoce el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades previo al acto de privación, a saber: a) Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. b) Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. c) Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. d) Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Se cita al respecto la Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Las formalidades previstas en el artículo 14 (a las que se unen a las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del artículo 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso, se desarrollen con apego al marco constitucional. De la intelección de los artículos 114, 116, 117, 118 y 119 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México , que regulan las notificaciones atinentes al juicio de arrendamiento, se coligen las formalidades que a continuación se mencionan: El emplazamiento debe efectuarse personalmente; y el notificador debe velar porque se satisfaga tal fin, por ser el que mayor seguridad proporciona al justiciable. ( Las notificaciones personales deben entenderse con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos. ( La cédula debe contener la fecha, la hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda notificar, el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, y el levantamiento del acta en la que se agregará copia de la cédula entregada, recabándose la firma de aquél con quien se hubiese entendido la diligencia. ( Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, el notificador deberá: identificarse ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez haga lo propio, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquéllos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. ( Cuando se trate del emplazamiento y no se encontrare al demandado, se podrá hacer la notificación por cédula, la cual puede entregarse a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio del buscado, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí lo tiene la persona que deba ser notificada, exponiendo los medios por los que se cercioró de dicha circunstancia; además, deberá requerir la presencia del enjuiciado y hacer constar que después de formular dicho requerimiento, se le informó que éste no se encontraba en el domicilio. ( Al hacer entrega de la cédula con la persona con quien se entienda la diligencia y se anexará copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, y demás documentos que el actor hubiera exhibido. Ahora bien, la diligencia de emplazamiento de diecinueve de abril de dos mil veintidós, para enterar a la quejosa de la existencia del juicio ordinario civil natural, iniciado en su contra, cumple con los requisitos indispensables previstos por la ley procesal civil de esta ciudad, como se verá a continuación, donde punto a punto se abordarán dichas exigencias, en contraste con los elementos probatorios con que se cuenta en el presente expediente. - Emplazamiento en el domicilio de la parte demandada. Elementos asentados en la cédula. -Hora en que se entregó: doce horas con veinte minutos. -Clase de procedimiento: Juicio ordinario civil. -Nombre y apellidos de las partes:..., en contra de..., o tribunal que manda practicar la diligencia: Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. -Transcripción de la determinación que se manda notificar: Auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (en que se admitió el juicio de origen). -Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega: Se asentó que fue entregada a ..., quien se identificó con credencial para votar con clave de elector ..., expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y dijo ser hija de la buscada. - Levantamiento del acta en la que se agregará copia de la cédula entregada, recabándose la firma de aquél con quien se hubiese entendido la diligencia. En el acta relativa se asentó la firma de la persona con quien se entendió el emplazamiento. Elementos asentados en el acta de la notificación por cédula, en caso de emplazamiento. - Medios por los que el Actuario se cercioró de que es el domicilio del buscado, así como aquéllos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. Como se aprecia del acta asentada por el fedatario responsable, esta información se asentó en el siguiente sentido: "[.] me constituyó plena y legalmente en el domicilio señalado en autos como de la parte demandada ubicado en calle ..., en busca de..., y cerciorada de ser el domicilio indicado por la nomenclatura de la calle y el número visible en el inmueble, mismo que tiene las siguientes características: planta baja y un piso, fachada color naranja con beige, portón metálico color blanco, y además cerciorada que ahí vive la buscada, por el dicho de la persona que dijo llamarse..., y ser hija de la buscada cuyas características fisionómicas son las siguiente: tez blanca, complexión media, de aproximadamente veinticinco años de edad, cabello negro, y estatura de un metro sesenta centímetros. [.]". - Identificación del Actuario ante la persona con la que entienda la diligencia y requerimiento de identificación para que aquella haga lo mismo, y asentamiento del resultado: Sobre ello, se asentó en el acta: "[.] persona con la que me identifiqué plenamente como Secretaria Actuaria, asimismo le solicitó que también lo haga y sí lo hace con credencial para votar clave ..., expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, así también dicha persona me confirma que este es el domicilio indicado por ser en donde vive[.]". - Requerimiento expreso de la presencia del enjuiciado: Sobre esa formalidad, la Actuaria precisó: "[.]a continuación le requiero la presencia de la persona buscada, por lo que no estando presente la buscada, entiendo la diligencia con..., hija de la buscada, ya que se encuentra autorizada por la buscada para recibir la misma[.]" -Constancia de que se entregó la cédula a la persona con quien se entendió la diligencia y copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, y demás documentos que el actor hubiera exhibido. Al respecto, se asentó: "[.]y le hago saber mediante lectura en voz alta del auto por cumplimentar de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mismo que se contiene en la cédula de notificación original la cual le entrego, corriéndole además traslado con las copias simples de la demanda y anexos, debidamente foliadas, rubricadas y cotejadas, en un total de cincuenta y cuatro fojas, del escrito inicial de demanda, actas de matrimonio, nacimiento, sentencia, folio real, recibos diversos, constancia médica." Sobre este punto, no pasa inadvertido el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, intitulado: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA." Sin embargo, en la diligencia analizada se encuentra satisfecho dicho requisito por parte del fedatario correspondiente, en tanto que hizo constar que el traslado entregado a la parte buscada en la diligencia de emplazamiento, se conforma de copias simples de la demanda, describiendo cuáles eran los anexos, mismos que se entregaron debidamente sellados y cotejados, así como la cédula de notificación, donde se transcribe el auto en que se le hace saber qué clase de procedimiento, nombre y apellido de las partes, la Juez que lo ordena. Es así, pues la obligación que tiene dicho funcionario es certificar o dar fe y asentar en la diligencia de emplazamiento que corrió traslado al demandado con las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y cotejadas, de tal forma que el hecho de que no exista un asentamiento sacramental de la expresión certificar, no torna irregular la diligencia en relación al requisito precisado, pues al efecto sí se asentó lo suficientemente claro que se hizo entrega al interesado de las constancias relativas. Máxime que precisamente la "certeza" de lo entregado y que subyace a la necesidad de certificar, se origina con la fe pública con que cuenta el actuario, aunado a que consta en el acta que el actuario asentó entregar las constancias con las características de estar debidamente foliadas, rubricadas, cotejadas y certificadas por la secretaria, con lo que se cumplen los requisitos del criterio transcrito. Se cita en apoyo la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO. EL COTEJO Y SELLADO DE LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS PARA CORRER TRASLADO AL DEMANDADO, LE CORRESPONDE AL SECRETARIO DE ACUERDOS Y NO AL ACTUARIO (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). Los artículos 81 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México disponen que el secretario de Acuerdos tiene diversas obligaciones, como: a) Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan; las que estén determinadas en una norma o las que el órgano jurisdiccional ordene; b) Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados; c) Al agregar o sustraer alguna o algunas de las hojas del expediente debe asentar razón con motivo de la causa; y, d) Cuidar que las actuaciones (que corresponden a las promociones de las partes, los documentos y anexos que exhiban), oficios y demás documentos que lo requieran estén sellados y rubricados en el centro del escrito. En cambio, al secretario actuario le corresponde: 1. Recibir de la Secretaría de Acuerdos los expedientes de notificaciones o diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la oficina del propio Juzgado, firmando en el libro respectivo; 2. Hacer las notificaciones y practicar las diligencias decretadas bajo la responsabilidad de la fe pública que les corresponda; y, 3. También tienen la facultad de llevar a cabo el procedimiento de mediación durante las notificaciones y diligencias y, en su caso, pueden redactar los acuerdos respectivos. De lo anterior se concluye que el cotejo y sellado de las copias de la demanda y sus anexos para correr traslado al demandado en la diligencia de emplazamiento, le corresponde al secretario de Acuerdos y no al actuario, pues su obligación es certificar o dar fe y asentar en la diligencia de emplazamiento que corrió traslado al demandado con las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y cotejadas (por el secretario respectivo)." Además, al haberse descrito los documentos que fueron entregados, como la demanda, los documentos base de la acción y anexos, también se estima satisfecha la exigencia de la Jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. 1 Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." De la lectura de dicha diligencia se advierte que la actuaria hizo constar y certificó que corrió traslado con cédula de notificación y las copias simples de la demanda y anexos debidamente foliadas, rubricadas y cotejadas, en un total de cincuenta y cuatro fojas, del escrito inicial, actas de matrimonio, nacimiento, sentencia, folio real, recibos diversos y constancia médica, asimismo indicó que todos y cada uno de los documentos descritos se encontraban debidamente certificados por la secretaria. Ese señalamiento es suficiente para tener por legalmente efectuado el emplazamiento, al estar satisfecha la obligación del actuario de realizar la certificación relativa en la que describa o establezca cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado a la parte demandada, y por ende, debe concluirse que sí tuvo conocimiento cierto y completo de las prestaciones que le demandaron, así como de los documentos que se sustentaron, por lo que estuvo en aptitud de ejercer plenamente su derecho de defensa. Pues con la descripción hecha es suficiente, en tanto que deja conocer cuáles fueron esos documentos, sin que la quejosa haya demostrado que su descripción haya sido errónea, o bien, que este juzgador federal advierta la existencia de otros documentos presentados por el actor con los que también debía correrse traslado, por lo que el señalamiento efectuado por el notificador cumple con los requisitos necesarios para considerarlo válido y legal. Todo lo expuesto evidencia que los requisitos de validez propios del emplazamiento conforme los artículos 114, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se vieron enteramente satisfechos, por lo que su realización se encuentra ajustada a derecho; de tal forma que no existe estado de indefensión para la quejosa. Aunado a ello, debe decirse que el Actuario cuenta con fe pública y como consecuencia de ello, lo dicho por él en ejercicio de sus funciones tiene validez y hace prueba plena en juicio, si no hay constancia fehaciente que acredite lo contrario; de tal suerte que debe prevalecer la fe pública del notificador responsable, al no haber sido desvirtuada por la parte quejosa, toda vez que no ofreció prueba alguna para demostrar la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento que se le practicó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.2o. J/4, de la Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 265, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, que literalmente establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." También la Jurisprudencia 506, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, página: 443, Octava Época, Materia Común, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO.- Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." En las narradas circunstancias, al no demostrarse la constitucionalidad de la diligencia de emplazamiento, debe quedar subsistente todo lo actuado en el juicio de origen; pues son infundados los asertos expuestos por la parte quejosa en el sentido de que el llamamiento correspondiente no se realizó correctamente y que por ello se violaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que la cita de los criterios invocados por la quejosa, resulte benéfica a sus intereses, porque como se vio, en este fallo se analizaron los requisitos establecidos por la ley para el emplazamiento, y uno a uno, fue señalado como la Actuaria responsable dio cumplimiento a ellos. Al respecto, es infundado el argumento de la quejosa, en el sentido de que el inmueble en que se efectuó su emplazamiento, no era su domicilio al momento de la diligencia, por estar comisionada a diversos batallones en el interior de la república mexicana, a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, acorde a los oficios de uno de abril, veinticuatro de mayo y seis de diciembre, todos de dos mil veintidós; sin embargo, dicha circunstancia sólo permite acreditar un aspecto laboral y en todo caso la periodicidad con la que se desarrolla la vida privada en el mismo, pero no un cambio de domicilio. De modo que al aceptar el planteamiento de la parte quejosa, obligaría a la contraparte a conocer los aspectos operativos del empleo de la accionante sobre los lugares donde pudiera ser localizada bajo determinados ámbitos temporales, lo cual claramente es desproporcionado puesto que esa información solo atañe al empleador y trabajador a causa del vínculo que rige esa relación contractual, donde la actora es ajena. Además, los lugares donde la quejosa se presume fue comisionada, no son domicilios en términos de la constitución pues los constantes cambios a que se refiere no permite que ahí transcurra su vida privada, individual o familiar, temporal o accidentalmente, al sujetarse a las necesidades de su servicio como alega. Se cita al respecto la Jurisprudencia tesis 1a. CXVI/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 258, registro digital 2000979, que dice: "DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda." Por ello, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo. Negativa extensiva a la sentencia definitiva y su ejecución, en razón de que del análisis de la demanda de amparo no se advierte una intención real en reclamarlos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del emplazamiento practicado, del cual, se determinó su legalidad. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 13 K (10a.), de la Décima Época, con registro: 2003568, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, en Materia(s): Constitucional, página: 1785, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra los actos que reclamó de Juez y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último punto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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