Patricia Ontiveros Montiel y Otros.
Expediente 1719/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1719/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Salvador Bello Nava
- Patricia Ontiveros Montiel y Otros.
Actuaciones
- Principal
PERSONAL. -AVISO- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por Patricia Ontiveros Montiel y Francisco Salvador Bello Nava, quejosos en el presente sumario, atento a su contenido, se tiene a los ocursantes desahogando la prevención formulada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo promovida por los referidos inpetrantes, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda en estudio, así como de los anexos a la misma, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso se tiene que los actos que reclaman los aquí quejosos son los siguientes: * Del Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, el auto de veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************. * De la autoridad señalada como ejecutora, Secretaria Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, la notificación del auto de veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, fechada en siete de diciembre del mismo año. Asimismo, en el escrito de cuenta relativo al desahogo de la prevención formulada, los quejosos relataron de manera pormenorizada los antecedentes que constituyen el acto reclamado y expresaron bajo protesta de decir verdad en la parte que aquí interesa lo siguiente: "(.) 5. Seguida la secuela procesal mediante resolución de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno, el suscrito FRANCISCO SALVADOR BELLO NAVA, fui condenado al pago de la cantidad reclamada por el actor en el juicio ejecutivo mercantil ********************. 6. Mediante acuerdo de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, el C. Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, ordena notificar a la suscrita PATRICIA ONTIVEROS MONTIEL, en su carácter de copropietaria, para que ejerza mi derecho de tanto, respecto al 50% que me pertenece del bien embargado ubicado en lote número 5, manzana 28, fraccionamiento Tatagildo, de esta Ciudad Capital, mismo acuerdo en el que se observa que dicha autoridad otorgó la adjudicación directa del bien inmueble. (.) 8. Tal como se desprende de los antecedentes anteriormente señalados, me causa perjuicio las actuaciones de las autoridades demandada, ya que el juicio de origen la presente demanda de garantías, se encuentra en la etapa procesal de ejecución, y se pretenden acreditar de manera dolosa que he sido notificada de manera personal, situación que nunca ha sucedido, no obstante lo anterior la autoridad ordenadora, pretende adjudicar de manera directa el bien embargado en el juicio ********************, sin que esta haya seguido el procedimiento establecido por la ley de la materia. (.)" [Énfasis añadida] Ahora, es preciso destacar que, del anexo que en original se acompaña al escrito inicial de demanda, consistente en la cédula de notificación realizada por la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, misma que contiene inserto entre otros, el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte que el Juzgado responsable determinó lo siguiente: ".. Sin que sea factible acordar lo que en derecho corresponda sobre la adjudicación directa solicitada por la parte actora, ya que se desprende del expediente en que se actúa, específicamente del acta de embargo de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, fue embargado el cincuenta por ciento del bien inmueble identificado como casa con domicilio en el lote número cinco, manzana veintiocho, Fraccionamiento Tata Gildo, de esta ciudad, que le corresponde al demandado en comento, por estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal con ********************sin que se le ha notificado a dicha copropietaria; por lo que, con apoyo en el artículo 950 del Código Civil Federal, notifíquese a la copropietaria antes aludida, para que ejerza su derecho de tanto." En ese orden de ideas, quien esto resuelve considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, [aplicado en sentido contrario], ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte el segundo de los numerales invocados -107, fracción IV de la apuntada legislación-, prevé que la instancia constitucional en la vía indirecta, contra actos de tribunales judiciales emitidos en ejecución de sentencia, solamente procede contra la "última resolución", entendida de una forma, como aquélla que de manera definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, declara la imposibilidad material o jurídica para ello, e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente -párrafo segundo-. Además, el párrafo tercero introduce una regla específica, también de procedencia del amparo, pues se refiere exclusivamente al remate, en cuyo caso el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución definitiva, siendo indispensable que, además de aprobarse el remate mediante subasta o adjudicación directa, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. Por ende, el acto reclamado en el presente asunto, -el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************- no constituye el último acto en el período de remate en términos de lo dispuesto por el citado artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en éste se dijo que no es factible acordar sobre la adjudicación directa sobre el bien embargado solicitada por la parte actora y se ordenó notificar a la aquí quejosa ********************a fin de que comparezca a ejercer su derecho de tanto. En consecuencia, teniendo como base lo anterior y dado que los impetrantes de amparo se duelen del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que previo a acordar sobre la adjudicación directa del bien inmueble embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, ordenó notificar a la aquí quejosa ********************a fin de que ésta comparezca a ejercer su derecho de tanto, se hace evidente, la improcedencia del juicio de amparo planteado, pues los impetrantes del amparo deben sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento, y por ello las violaciones que aquí reclaman deberán hacerlas valer hasta que se emita el último acto en la fase de remate, pues el juzgador primigenio no ordenó la escrituración y posesión (entrega) del inmueble en cuestión, siendo estas, o cualquiera de las dos (si se acuerda por separado), la última resolución en dicha fase del procedimiento natural. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con registro 2011474, de la siguiente literalidad: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa 'y' de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En consecuencia, dado que la parte quejosa reclama una resolución que no constituye la última en el procedimiento de remate, en razón de que no ordena la escrituración o entrega del bien inmueble rematado; lo que se insiste, hace evidente la actualización de una causa de improcedencia, la cual prevé el artículo 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, relacionado con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico."
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Ontiveros Montiel y Francisco Salvador Bello Nava, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 1719/2022-s, y fórmese expediente físico y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. PREVENCIÓN. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer que, respecto a las formalidades de la demanda de amparo la que suscribe realizará su análisis en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, solo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga a esta potestad la facultad de prevenir al promovente del amparo, para que aclare su demanda, cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, se advierte que la demanda de amparo incumple con el requisito que alude el numeral 108, fracciones II, IV y V de la misma ley, que señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [. . .] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; [. . .] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación"; [. . .] En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, IV y V, en relación con el 114, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en un término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Exponga de manera pormenorizada los antecedentes de los actos reclamados, debiendo expresar los actos que refiere y que le causan perjuicio; debiendo señalar fechas de los acuerdos dictados, y en la etapa procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 62/2019-3. Asimismo, manifieste el carácter que le reviste a Patricia Ontiveros Montiel, en el juicio de origen 62/2019-3. Proporcione nombre y domicilio de la parte tercero interesada, y que resulta ser parte actora en el juicio de origen y de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Así también para que exhiba dos juegos de copias más de su escrito de demanda y anexos, para que en caso de admitirse, se esté en aptitud de emplazar a juicio a todas las partes, (en este caso a la parte tercero interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrito), toda vez que de acuerdo con el artículo 110, de la norma citada, se requiere que con la demanda se exhiba senda copias para cada una de la partes (autoridades, tercero interesado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera éste). En el caso que nos ocupa se requieren dos juegos de copias en comento para distribuirlas dos a las autoridades responsables; una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y dos más para el incidente de suspensión. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5°, de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto, que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe de procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." En la inteligencia de que al desahogar la prevención que se formula en este auto, deberá adjuntar copias suficientes para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con todos y cada uno de los requerimientos antes efectuados, dentro del término concedido, se tendrá no presentada su demanda en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como DELITO, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 1, letra "A" Barrio de San Mateo, de esta ciudad. AUTORIZADOS Se tiene a los promoventes como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Ricardo Silva Morales, José Cruz García y María Anel Ortiz Mejía, por encontrarse acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; asimismo, que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Ontiveros Montiel y Francisco Salvador Bello Nava, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 1719/2022-s, y fórmese expediente físico y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. PREVENCIÓN. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer que, respecto a las formalidades de la demanda de amparo la que suscribe realizará su análisis en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, solo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga a esta potestad la facultad de prevenir al promovente del amparo, para que aclare su demanda, cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, se advierte que la demanda de amparo incumple con el requisito que alude el numeral 108, fracciones II, IV y V de la misma ley, que señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [. . .] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; [. . .] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación"; [. . .] En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, IV y V, en relación con el 114, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en un término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Exponga de manera pormenorizada los antecedentes de los actos reclamados, debiendo expresar los actos que refiere y que le causan perjuicio; debiendo señalar fechas de los acuerdos dictados, y en la etapa procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 62/2019-3. Asimismo, manifieste el carácter que le reviste a Patricia Ontiveros Montiel, en el juicio de origen 62/2019-3. Proporcione nombre y domicilio de la parte tercero interesada, y que resulta ser parte actora en el juicio de origen y de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Así también para que exhiba dos juegos de copias más de su escrito de demanda y anexos, para que en caso de admitirse, se esté en aptitud de emplazar a juicio a todas las partes, (en este caso a la parte tercero interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrito), toda vez que de acuerdo con el artículo 110, de la norma citada, se requiere que con la demanda se exhiba senda copias para cada una de la partes (autoridades, tercero interesado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera éste). En el caso que nos ocupa se requieren dos juegos de copias en comento para distribuirlas dos a las autoridades responsables; una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y dos más para el incidente de suspensión. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5°, de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto, que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe de procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." En la inteligencia de que al desahogar la prevención que se formula en este auto, deberá adjuntar copias suficientes para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con todos y cada uno de los requerimientos antes efectuados, dentro del término concedido, se tendrá no presentada su demanda en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como DELITO, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 1, letra "A" Barrio de San Mateo, de esta ciudad. AUTORIZADOS Se tiene a los promoventes como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Ricardo Silva Morales, José Cruz García y María Anel Ortiz Mejía, por encontrarse acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; asimismo, que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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