Patricia Núñez Pérez
Expediente 1093/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/09/2016
Partes del expediente
- Patricia Núñez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Carlos *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y como autorizada de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de haber acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Finalmente, como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos, procurando que en su entrega no se distraigan las funciones sustantivas del personal de este Juzgado...IV
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en la queja 64/2016; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino que es infundada la queja interpuesta por la parte quejosa *****, en contra del auto dictado el diez de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo 1093/2016-IV; consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 22824/2016, con el cual le fueron remitidos el original del escrito de queja, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diez de junio de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio de amparo citado al rubro, por el cual se desechó de plano la demanda de garantías, copia del mismo y las copias certificadas necesarias para la substanciación del mismo, recurso que admitió y registró bajo el número 64/2016...IV
- Principal
DESECHAMIENTO V i s t o el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el licenciado Carlos Imanol Palacios Rodríguez, en su carácter de apoderado de los quejosos , a través del cual, da contestación a los requerimientos formulados en proveídos de veintitrés y treinta de mayo de dos mil dieciséis, por ende, se provee: De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, así como su escrito aclaratorio y, si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar cuando del contexto de la demanda se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del análisis en su contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres, sostenida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, en Materia Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, que cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo precedente, después de un análisis del escrito de demanda, éste Juzgado Federal advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la acción de amparo; respecto del acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que el motivo es manifiesto e indudable. Bajo ese contexto, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado: 1.- "La Reforma Energética", con entrada en vigor a partir del primero de mayo de dos mil dieciséis. 2.- La Modificación del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Así, por auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se previno a la parte quejosa para que manifestara: ".1.- A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 108, fracción IV, deberá indicar con precisión qué acto reclama de cada autoridad que señala con el carácter de responsable, detallándolo en forma separada por cada una de ellas. 2.- Como ataca el proceso de reforma energética, deberá indicar si señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y de Senadores, debiendo exhibir una copia de la demanda para cada una de ellas y deberá precisar, además, en forma pormenorizada los preceptos legales que le deparan perjuicio respecto de dicha reforma, para establecer con precisión los efectos que produce la vigencia del o de los preceptos constitucionales combatidos, por ser éstos los que le pudieran deparan afectación en su esfera jurídica. 3.- Asimismo, deberá acatar lo previsto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, lo cual vertirá bajo protesta de decir verdad, y en consecuencia, indique cuál es el acto de aplicación en concreto de la citada reforma energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, por cada uno de los quejosos, que señalan entró en vigor el uno de mayo del año en curso, debiendo abundar cada uno de los quejosos los antecedentes a ese respecto que les deparen perjuicio, así como exhibir, en su caso, dicho acto de aplicación. 4.- Señalar de qué forma la modificación del contrato colectivo de trabajo revisado en fecha uno de mayo de dos mil dieciséis, se ha aplicado en su perjuicio, cuándo y de qué forma se ha realizado esto. 5.- Precisar, si es con motivo de la revisión del contrato colectivo de trabajo que consideran se les afectó en su esfera jurídica, debiendo indicar cuál fue el (los) dispositivo (s) que se modificó (aron) y que consideran les perjudica, así como cuál es el acto concreto de aplicación de esa disposición por cada uno de los quejoso y señalar, además, quiénes intervinieron en su modificación, esto es, la parte patronal y el sindicato, o sólo fue uno de ellos, debiendo establecer si señalan como autoridades responsables a los que intervinieron en esa modificación contractual. 6.- Igualmente, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo.-." En desahogo a tal prevención, la parte quejosa señaló expresamente que el juicio de amparo planteado no va encaminado a forjar un amparo contra leyes, sino que lo que controvierten son las modificaciones del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y su sindicato, en concreto, su cláusula 69; no obstante, siguieron atribuyendo a autoridades que participan en el proceso legislativo su participación en la "reforma energética". Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, al no desahogar completamente la prevención de veintitrés del citado mes y año, se les indicó que subsistía la citada prevención, y que con motivo de su escrito aclaratorio ahora se incurría en la irregularidad consistente en que: ".Si como expresamente lo refieren, en la demanda de amparo que plantean no se formula un amparo contra leyes (lo que explicaría porque no desahogaron la segunda parte del requerimiento número dos del proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el sentido de señalar las leyes impugnadas y sus preceptos legales específicos que consideran les causa perjuicio), sino que lo que realmente reclaman son, sustancialmente, las modificaciones en las condiciones del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad como parte patronal y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; en consecuencia, precisen: si señalan como acto reclamado concreto el indicado contrato colectivo de trabajo, específicamente por lo que se refiere a su cláusula 69 en relación con el cambio de sistema para incrementar la pensión jubilatoria, o bien, insisten en señalar como acto reclamado un acto indeterminado como lo es "la reforma energética", la cual está integrada de varias leyes y preceptos que no controvierten en su demanda de amparo.-." En final desahogo, la parte quejosa reiteró que: ".el presente Juicio de amparo NO VA ENCAMINADO A FORJAR UN AMPARO EN CONTRA DE LEYES, SINO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO celebrado entre la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, mismo que se tuvo que haber ratificado en fecha 1ro. De Mayo de 2026 y que fue suscrito y presentado en ratificación ante la Junta Federal de Conciliación y arbitraje en fecha 20 de mayo DE 20166,..." Por lo que ulteriormente precisó el acto reclamado: ".La materia principal del presente juicio de garantías SE PRECISA COMO ACTO RECLAMADO CONCRETO la RATIFICACION Y FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN FECHA 20 DE MAYO DE 2016, LA VIOLACIÓN GENERAL Y SISTEMÁTICA A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ESPECÍFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CLÁUSULA 69 EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PARA INCREMENTAR LA PENSIÓN JUBILATORIA.-." (Lo subrayado es destacado por este Juzgado) Precisado lo anterior, como ya se indicó, es manifiesta la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 1° y 217 de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Lo anterior es así, pues está claro que en el caso lo que reclaman los quejosos es la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y su Sindicato, y que el presente juicio no es un amparo contra leyes, sino que sólo impugna la modificación a dicha cláusula, como expresamente lo confiesan los quejosos en sus escritos, lo que constituye prueba plena acorde con lo establecido en los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°. Antes bien, solamente consideran que en virtud de la inercia o so pretexto de la existencia de una reforma energética, se emitió el contrato colectivo de trabajo que ahora impugnan en su cláusula 69. Ahora, es evidente y así lo confirman los quejosos, que en el contrato colectivo de trabajo no intervino ninguna autoridad en su celebración, sino que sólo participaron la voluntad de las partes contratantes en su calidad de patrón-sindicato. De esta forma, es claro que un contrato colectivo de trabajo no puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de impugnarse en un juicio de amparo, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes que se obligan en términos de su texto- por lo que sus efectos no inciden de forma unilateral en la esfera de los contratantes, tampoco existe una relación de supra a subordinación, sino de coordinación entre particulares, ni tampoco su ejercicio es irrenunciable, pues basta con que alguna de las partes (el patrón, o bien el sindicato por sí o por conducto de los trabajadores que lo integran) se oponga a determinada cláusula para que éste se modifique o elimine. Estas características del contrato colectivo de trabajo no cambiarán con motivo de la substaciación del juicio de amparo, por lo que es dable desechar la demanda intentada. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 2ª./J 95/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 151 del Tomo XXX, Agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. De los artículos 33, 386, 387, 391, 396 y 400 a 403 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre un grupo de trabajadores representados por una organización sindical, con un patrono o un grupo de patronos, con una empresa o una industria, en su carácter de unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, para establecer las condiciones de trabajo según las cuales aquéllos prestarán un servicio subordinado y éstos aceptarán obligaciones de naturaleza individual y social, mediante la consignación de beneficios y compromisos recíprocos, ajustados a la índole de los servicios a desarrollar por los trabajadores; y si bien del contenido de dichos numerales se infiere que en la elaboración del contrato colectivo imperan los principios de libertad contractual y de autonomía de la voluntad de las partes, esa libertad no es absoluta, pues está condicionada a que no se estipulen derechos inferiores a los consignados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que no se vulneren garantías individuales. Por otra parte, si bien desde el punto de vista material el contrato colectivo de trabajo posee naturaleza normativa, esa circunstancia no es bastante para otorgarle el rango de ley, pues no posee las características formales ni los efectos materiales propios del acto legislativo, ni puede considerarse como un acto de autoridad susceptible de impugnación en el juicio de amparo, ya que no colma las características que todo acto de autoridad debe tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de garantías, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes, que se obligan en los términos de su texto- y que, por ende, incida en forma unilateral en la esfera jurídica de los contratantes. No obstante, esto no significa que su contenido escape al control de constitucionalidad, pues tratándose del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 44, 46, 158 y 166, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es posible que, al señalar como acto reclamado el laudo donde se haya interpretado y aplicado un contrato de esa naturaleza, se verifique la inconstitucionalidad de sus cláusulas, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio laboral de origen y la Junta de Conciliación y Arbitraje haya hecho el pronunciamiento, pues de estimar lo contrario, se permitiría la existencia de un pacto que pudiera ser violatorio en sí mismo de derechos fundamentales, protegidos en la Constitución General de la República, lo que pugna con los principios constitucionales referidos." La determinación tomada, lejos de perjudicar a los promoventes del amparo, les abre la puerta idónea para lograr sus pretensiones, pues al perseguir la inaplicabilidad de la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, lo propio es ejercer la acción laboral respectiva, lo que muestra, aún más, que no se está ante un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4ª./J. 35/93 que sustentó la Cuarta Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LEGITIMACION PARA DEMANDAR INDIVIDUALMENTE LA INEFICACIA JURIDICA DE UNA CLAUSULA QUE PUEDE IMPLICAR RENUNCIA DE DERECHOS LABORALES. Los trabajadores están legitimados para demandar, en lo individual, la ineficacia jurídica de una cláusula del contrato colectivo de trabajo, si estiman que la misma lesiona sus derechos fundamentales de índole laboral, sin que para ello sea necesario entablar una acción colectiva, ya que, en tal hipótesis, no se está pretendiendo la revisión o modificación del contrato colectivo, sino únicamente la inaplicabilidad de una cláusula que se estima violatoria de derechos laborales." Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época)..IV
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Patricia López Camarena1268/2023
- Patricia Luz Maldonado Bustamante898/2016
- Patricia Marquez Hermosillo820/2020
- Patricia Medina Mejia1503/2022
- Patricia Navarro Juárez1250/2018
- Patricia Noria Maldonado285/2018
- Patricia Olalde Correa100/2023
- Patricia Olguin Alonso2814/2015
- Patricia Ortíz Pérez1611/2019
- Patricia Ortiz Salinas1239/2018
- Patricia Padilla Espinosa829/2014
- Patricia Pérez Ugalde636/2017