Patricia Mozón Rodríguez

Expediente 1860/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1860/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia Mozón Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    L. 8 San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa Tercero(s) interesado(s). Manifiesta que no existe dada la naturaleza del presente asunto. Autoridad(es) responsable(s). Jefe de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona General Ignacio Zaragoza de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en el Municipio de Puebla. Acto(s) reclamado(s). El acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó turnar el expediente identificado con el número al archivo provisional por el término de diez días naturales, a fin de que en dicho plazo la quejosa proporcionara un domicilio cierto en donde se pudiera notificar a la proveedora y en caso de no hacerlo en dicho plazo se concluiría el procedimiento conciliatorio por imposibilidad de su notificación. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó turnar el expediente identificado con el número al archivo provisional por el término de diez días naturales, a fin de que en dicho plazo la quejosa proporcionara un domicilio cierto en donde se pudiera notificar a la proveedora y en caso de no hacerlo en dicho plazo se concluiría el procedimiento conciliatorio por imposibilidad de su notificación; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Establecido lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado correspondiente es el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó turnar el expediente identificado con el número PFC.PUE.B.3/001076-23, al archivo provisional por el término de diez días naturales, a fin de que en dicho plazo la quejosa proporcionara un domicilio cierto en donde se pudiera notificar a la proveedora y en caso de no hacerlo en dicho plazo se concluiría el procedimiento conciliatorio por imposibilidad de su notificación; por su propia naturaleza no es un pronunciamiento de imposible reparación, toda vez no paraliza la prosecución del procedimiento, pues resolvió sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar el procedimiento hasta dictarse la resolución que le ponga fin al mismo. Por la parte solicitante del amparo en la demanda que se analiza, no se advierte que la autoridad correspondiente haya dictado alguna resolución que ponga fin al procedimiento administrativo instaurado en su contra, toda vez que en el acto reclamado se ordenó el ARCHIVO PROVISIONAL por el término de diez días naturales dentro del expediente sin que dicho expediente se haya resuelto en definitiva. Lo antepuesto, evidencia que el acto combatido en la presente instancia no se trata de una resolución definitiva sino, por el contrario, de actos emitidos dentro de un procedimiento, por tanto, se colige que el acto reclamado, en cita, no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento correspondiente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el acto que se combate en el juicio constitucional en que se actúa, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causan un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dichas actuaciones sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se gira exhorto. Toda vez que el promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubica fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, al caso en *** con fundamento en lo establecido en los artículos 282 y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, lleve a cabo la notificación personal del presente proveído, al quejoso, en el domicilio antes señalado, asimismo, le requiera a fin de que señale domicilio para recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado, apercibiéndola que en caso de no hacerlo dentro del mismo término señalado en este auto, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por medio de las listas que se fijan en lugar visible y de fácil acceso del , de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que autorice al Actuario judicial de su adscripción, a llevar a cabo el emplazamiento encomendado aún en horas y días inhábiles. Solicitándole a la autoridad en mención que una vez que sea diligenciado, lo devuelva de inmediato a este órgano jurisdiccional. DATOS DE CONTACTO No ofreció. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese como se indica al promovente.

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