Patricia Morales Melchor

Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1051/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Patricia Morales Melchor

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no se recurrió el acuerdo del cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal Laboral Federal con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la citada ley reglamentaria, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Tribunal Laboral Federal. Fórmese cuaderno, regístrese bajo el número 1051/2022 y háganse las anotaciones correspondientes. En ese orden y vista la demanda de amparo promovida por la quejosa ****, contra actos del Tribunal Laboral Federal, se advierte que la misma es notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En el caso particular, se advierte, que se materializa la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, en relación con el diverso 217, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" De la fracción XXIII, del artículo 61 transcrito, se observa que en forma genérica indica la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el mismo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Bajo ese contexto y para el caso que nos ocupa, es de observarse el contenido de la jurisprudencia número P./J.17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de agosto de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas" En esa tesitura, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En presente juicio de amparo la parte quejosa reclamó del Tribunal Laboral Federal en el Estado, el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 303/2022, en el que, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda intentada por el aquí quejoso, se declaró incompetente para conocer y resolver de la misma, promovida contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango y otros, y ordenó remitir dicha demanda al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. En ese sentido, el acto reclamado señalado previamente no hace procedente el amparo que nos ocupa, puesto que la incompetencia declarada por el Tribunal Laboral Federal en el Estado, en el expediente 303/2022 de su índice administrativo, no constituye un acto definitivo, y su análisis será factible junto con la determinación en donde la autoridad a la cual se le declinó la competencia acepte o no la misma, sólo así alcanzará el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues aunque la autoridad responsable determinó que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, es el competente para conocer de la demanda presentada por la impetrante de amparo, dicha determinación se encuentra sujeta a que el referido tribunal acepte la competencia declinada a su favor. Dicho de otra manera, la declaratoria de incompetencia, por sí misma, no constituye una determinación susceptible de impugnarse por la vía de amparo indirecto, ya que está supeditada a un acto cuya afectación no se ha materializado, pues el que la autoridad hubiera determinado que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es el competente para conocer el juicio 303/2022, ello no tiene como consecuencia forzosa la aceptación del mismo, pues podría darse el supuesto de que éste rechace la competencia planteada, en cuyo caso, se dará origen al conflicto competencial correspondiente y será hasta el momento en que se resuelva el conflicto, o bien, cuando se acepte la competencia que se produzca la afectación a los derechos del gobernado. De ahí que el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio 303/2022, en la que la responsable se declaró incompetente para conocer del mismo, al no ser un acto definitivo, hace improcedente el presente juicio de amparo de conformidad con la jurisprudencia previamente citada. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, se desecha la demanda de amparo promovida por *****. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en *****, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, al contar con su Cédula Profesional registrada en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa, se le exhorta a efecto de que, si lo estiman pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así como para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Tribunal Laboral Federal. Fórmese cuaderno, regístrese bajo el número 1051/2022 y háganse las anotaciones correspondientes. En ese orden y vista la demanda de amparo promovida por la quejosa ****, contra actos del Tribunal Laboral Federal, se advierte que la misma es notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En el caso particular, se advierte, que se materializa la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, en relación con el diverso 217, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" De la fracción XXIII, del artículo 61 transcrito, se observa que en forma genérica indica la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el mismo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Bajo ese contexto y para el caso que nos ocupa, es de observarse el contenido de la jurisprudencia número P./J.17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de agosto de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas" En esa tesitura, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En presente juicio de amparo la parte quejosa reclamó del Tribunal Laboral Federal en el Estado, el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 303/2022, en el que, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda intentada por el aquí quejoso, se declaró incompetente para conocer y resolver de la misma, promovida contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango y otros, y ordenó remitir dicha demanda al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. En ese sentido, el acto reclamado señalado previamente no hace procedente el amparo que nos ocupa, puesto que la incompetencia declarada por el Tribunal Laboral Federal en el Estado, en el expediente 303/2022 de su índice administrativo, no constituye un acto definitivo, y su análisis será factible junto con la determinación en donde la autoridad a la cual se le declinó la competencia acepte o no la misma, sólo así alcanzará el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues aunque la autoridad responsable determinó que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, es el competente para conocer de la demanda presentada por la impetrante de amparo, dicha determinación se encuentra sujeta a que el referido tribunal acepte la competencia declinada a su favor. Dicho de otra manera, la declaratoria de incompetencia, por sí misma, no constituye una determinación susceptible de impugnarse por la vía de amparo indirecto, ya que está supeditada a un acto cuya afectación no se ha materializado, pues el que la autoridad hubiera determinado que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es el competente para conocer el juicio 303/2022, ello no tiene como consecuencia forzosa la aceptación del mismo, pues podría darse el supuesto de que éste rechace la competencia planteada, en cuyo caso, se dará origen al conflicto competencial correspondiente y será hasta el momento en que se resuelva el conflicto, o bien, cuando se acepte la competencia que se produzca la afectación a los derechos del gobernado. De ahí que el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio 303/2022, en la que la responsable se declaró incompetente para conocer del mismo, al no ser un acto definitivo, hace improcedente el presente juicio de amparo de conformidad con la jurisprudencia previamente citada. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, se desecha la demanda de amparo promovida por *****. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en *****, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, al contar con su Cédula Profesional registrada en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa, se le exhorta a efecto de que, si lo estiman pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así como para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Notifíquese personalmente.

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