Patricia Montoya Cadena
Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Montoya Cadena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 227/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas catorce y veintiocho de abril, ambas de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, y toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos originales como prueba de su parte en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, y en atención al artículo 20, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de una licencia de carácter oficial, otorgada al Titular de este órgano jurisdiccional, comprendida los días veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4684/2023, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas catorce y veintiocho de abril, ambas de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, y toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos originales como prueba de su parte en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, y en atención al artículo 20, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada la sentencia engrosada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 227/2023 promovido por Patricia Montoya Cadena, contra actos del Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, turnado en esa fecha a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Veracruz, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-6). SEGUNDO. Admisión. Previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se acordó admitir la demanda de amparo; requerir a las responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y, emplazar a los terceros interesados (fojas 24-28). Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se tuvieron por apersonados a Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano, y se les reconoció su carácter de tercero interesado (foja 112). Asimismo, se recibieron en autos los informes justificados de las responsables (fojas 49 a 111, 34 a 43, 46, y 133 a 149) por lo que integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados, quedando el expediente en estado de resolución (fojas 128 a 129). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio testamentario tramitado por un juez de primera instancia con residencia en la ciudad de Veracruz, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos atribuidos a la 1. Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, y 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con sede en Veracruz, Veracruz, consisten en: La falta de emplazamiento y/o notificación para convocar a la quejosa como cónyuge supérstite y socia conyugal de su difunto esposo Fermín Ortiz Serrano, en el juicio sucesorio testamentario radicado bajo el número de expediente 2968/2021 en el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, de la ciudad de Veracruz. Las consecuencias que deriven de todo lo actuado en la sucesión testamentaria 2968/2021 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en la que se aprobó el testamento y se declaró como únicos y universales herederos y legatarias a los terceros interesados Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano, y como albacea del referido mortual a Elizabeth Ortiz Serrano, entre ellas: La inscripción de dicha sucesión ante el Registro Público de la Propiedad de Veracruz. De los Notarios Públicos la elaboración del testamento del finado. En vía de consecuencia todas las consecuencias que de hecho y por derecho deriven de los actos reclamados en esta demanda. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad de la II Zona Registra, con sede en Boca del Río, Veracruz, y 6. Encargada de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad del Estado, en Xalapa, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuyó (fojas 47, 133 a 139) tal como se advierte del contenido del mismo. Así mismo, el 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad de la II Zona Registra, con sede en Boca del Río, Veracruz, manifestó que realizó una búsqueda en la sección IV, que corresponden a los registros de los testimonios públicos abiertos, así como en el registro de los testamentos autógrafos a partir del veintiséis de mayo de dos mil ocho, en que inicio en funciones dicha oficina de la Segunda Zona Registral con cabecera en esta ciudad, y no localizó ningún registro relativo a nombre del citado finado (foja 47). Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aportando medio de convicción alguno a efecto de demostrar la existencia de los registros de la sucesión testamentaria del finado Fermín Ortiz Serrano. Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citadas en los párrafos que anteceden por el referido acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se cita en de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,17 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,18 que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Las anteriores Tesis, al igual que las demás que se citen en la presente sentencia, relacionadas con la interpretación o aplicación de disposiciones de la ley de amparo abrogada, resulta aplicable, de acuerdo con el artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la Ley de Amparo vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, y 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, ambos con residencia en la ciudad de Veracruz, pues así se advierte de la lectura íntegra de sus correspondientes informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias debidamente certificadas del juicio de sucesión testamentaria a bienes de Fermín Ortiz Serrano número 2968/2021, que adjuntó el juez responsable a su correspondiente informe (fojas 49 a 111) así como las remitidas por el Encargado del Registro Público, señalado como responsable, adjuntas a su informe con justificación (fojas 34 a 43) las cuales gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias de actuaciones judiciales debidamente certificadas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente hacen prueba plena. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. A continuación se narran los hechos relevantes que lo informan: ANTECEDENTES Primeramente, debe precisarse que del examen integral de la demanda se advierte que los actos reclamados derivan del juicio sucesorio testamentario 2968/2021-VI, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en la ciudad de Veracruz, por lo que para una mejor precisión de los términos en que se resolverá este asunto, se establecen los principales antecedentes del referido juicio sucesorio, cuyas constancias debidamente certificadas fueron remitidas por el juez responsable como justificación de sus actos, con pleno valor probatorio conferido en el considerando tercero de esta sentencia, de los cuales se desprende lo siguiente: 1. Que mediante escrito de doce de agosto de dos mil veintiuno, Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano, denunciaron la sucesión testamentaria a bienes de Fermín Ortiz Serrano, basándose en el testamento público abierto que este último otorgó el seis de octubre de dos mil veinte, en el que instituyó únicos y universales herederos de los bienes del finado Fermín Ortiz Serrano, a Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano, como legataria a Edith Ortiz Montoya, asimismo, en el que designó como albacea a Elizabeth Ortiz Serrano (fojas 81 a 82). 2. Por auto de doce de octubre de dos mil veintiuno, la 1. Jueza Décima Cuarta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, en esta ciudad, dio curso a la sucesión testamentaria radicándola bajo el número 2968/2021 y solicitó los informes correspondientes (fojas 59 a 62). 3. El ocho de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia prevista por el artículo 595 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para dar lectura al testamento otorgado por el finado Fermín Ortiz Serrano; y ordenó turnó a resolver dicha sucesión (foja 75). 4. El diez de febrero de dos mil veintidós, se dictó resolución en el indicado expediente sucesorio, en la que se declaró válido el testamento otorgado por el finado Fermín Ortiz Serrano, como únicos y universales herederos y legatarias de los bienes del citado occiso a Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano en los términos señalados en la cláusula primera del testamento y se nombró albacea a Elizabeth Ortiz Serrano (foja 81 a 82). 5. Con fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, la mencionada Elizabeth Ortiz Serrano aceptó y protestó el cargo de albacea que se le confirió (foja 93). 7. Mediante auto de veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se autorizó la separación de la prosecución del juicio sucesorio de mérito, para continuarlo ante la Notaría Pública Número 27, a cargo del licenciado Javier Herrera Cantillo en la ciudad de Veracruz, (foja 106). -Estos son los principales antecedentes de los actos reclamados-. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, el suscrito juzgador advierte de oficio, que por cuanto hace al acto reclamado al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en esta ciudad, que hace consistir la falta de llamamiento al juicio sucesorio testamentario a bienes de Fermín Ortiz Serrano, expediente 2968/2021, al ostentarse tercera extraña a juicio; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los preceptos 5, fracción I, y 6, aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, pues la peticionaria del amparo no demuestra que los actos reclamados afecten su interés jurídico. Los numerales en mención disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme a los preceptos reproducidos, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de ahí que sea requisito indispensable para la promoción y seguimiento del juicio de amparo, que exista una parte agraviada a quien perjudique el acto o la ley reclamados. Así, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse por parte agraviada todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que la peticionaria del amparo está obligada a demostrar la existencia de un acto concreto, que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Se cita en apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis II.2O.C.331 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1418, del tomo XV, marzo de 2002, novena época, del semanario judicial de la federación y su gaceta, registro 187443, materia civil de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA TUTELADA EN LA VÍA DE AMPARO, DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE QUE LA MISMA SE EJERCE EN FORMA PERMANENTE, CONTINUA Y ACTUAL. Para la debida defensa de la posesión alegada en la vía constitucional, es menester corroborar que se tiene la misma en ejercicio de un derecho legítimamente tutelado; por consiguiente, para ello se requiere de prueba idónea, que es la testimonial, a fin de justificar el poder de hecho relativo de un bien en forma permanente, constante o continua y actual, lógicamente en la forma que lo prevé y tutela de modo objetivo el artículo 16 constitucional, por lo cual no basta la mera presencia circunstancial de la quejosa en la diligencia de lanzamiento o de desposeimiento respectiva, como tampoco la exhibición de los contratos de arrendamiento, ni los recibos de pago de rentas por ser insuficientes para constatar el hecho de la posesión." Ahora bien, el artículo 107 constitucional, que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. -- Y ese agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico..." (1) El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo la solicitante del mismo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la quejosa debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, por identidad de razón en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis II.2o.C.92 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 1428, tomo XIX, abril de 2004, del semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, registro 181719, materia común, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, tal como se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del tomo XXVII, enero de 2008, del semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, registro 170500, materia común, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." El criterio citado deriva también, en lo que aquí interesa, de la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, del libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, del semanario judicial de la federación y su gaceta, décima época, registro 2004501 materia común que es del siguiente contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, la parte quejosa esgrime sustancialmente como conceptos de violación, que se violó en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente su garantía de audiencia y debido proceso al omitir la responsable convocarla, citarla, notificarla y emplazarla a la referida sucesión a bienes de su difunto esposo Fermín Ortiz Serrano, dado que estuvo casada civilmente con el de cujus en sociedad conyugal, hasta el día de su defunción, por lo que, aduce, tiene derecho a participar en su sucesión; sin que ofreciera pruebas de su parte para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo. Sin embargo, de forma presuntiva se advierte que ante el juez natural ofreció las siguientes probanzas: 1. Copia electrónica del acta de matrimonio número 00187, expedida por la Oficial del Registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, en la que consta el matrimonio celebrado el veinte de octubre de mil novecientos setenta y nueve, entre el hoy finado Fermín Ortiz Serrano y la aquí quejosa Patricia Montoya Cadena (foja 18). 2. Tres impresiones en copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento de las hijas que procreo con el hoy finado (foja 19 a 21). Con las anteriores probanzas la quejosa no acredita el interés jurídico que dice que le asiste para intervenir en la etapa procesal en que se encuentra el juicio sucesorio testamentario a bienes de Fermín Ortiz Serrano, expediente 2968/2021, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en esta ciudad. En principio, es necesario traer a colación algunas acotaciones que en torno a la figura de la herencia se encuentran contenidas en el Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, aplicables en la Ciudad de Veracruz. TITULO SEGUNDO DE LA SUCESION POR TESTAMENTO CAPITULO I De los testamentos en general ARTICULO 1228 Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte. ARTICULO 1229 No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. ARTICULO 1230 Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al arbitrio de un tercero. ARTICULO 1231 Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse, observándose lo dispuesto en el artículo 1263. CAPITULO II De las testamentarías ARTÍCULO 595.- El que promueva el juicio de testamentaría, debe presentar el testamento del difunto. El juez sin más trámite lo tendrá por radicado y en el mismo auto convocará a los interesados a una junta para que, si hubiere albacea nombrado en el testamento, se les dé a conocer y, si no lo hubiere, procedan a elegirlo con arreglo a lo prescripto en los artículos 1616, 1617, 1618 y 1621 del Código Civil .(.)- ARTÍCULO 602.- Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez, en la misma junta, reconocerá como herederos a los que estén nombrados, en las porciones que les corresponda. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición. ARTICULO 603 En la junta prevenida por el artículo 595, podrán los herederos nombrar interventor conforme a la facultad que les concede el artículo 1661 del Código Civil y se nombrará precisamente en los casos previstos por el 1664 del mismo Código. De tales preceptos se constatan algunos derechos que tienen los herederos para con la masa hereditaria, y con la administración de ella; sin embargo, tales prerrogativas no son aplicables para los que aún no han sido declarados o reconocidos en el juicio como herederos, como acontece en el caso, en el que la quejosa no tiene tal carácter, dado que en esos numerales se hace alusión a los herederos o legatarios que poseen tal carácter. De ahí que se estime que sólo los herederos que tienen reconocido ese carácter pueden promover amparo en defensa de los derechos de la masa hereditaria, ya sea que aún no exista la designación del albacea, o aun existiendo, el albacea nombrado se rehúse a realizar la reclamación relativa. Así mismo, los artículos en mención, establecen que el Juez tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo. Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, debe reconocérseles la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden. Cuando se impugne la autenticidad o la existencia del testamento, se podrá hacer valer a través de incidente, mientras que si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición. Entonces, si la peticionaria de amparo exhibió su acta de matrimonio que acredita el vínculo con el autor de la sucesión, ello es insuficiente para justificar su interés jurídico en el juicio de amparo. Esto es así; porque, partiendo de la premisa de que el juicio sucesorio de Fermín Ortiz Serrano, se sigue a partir de un testamento público abierto, declarado judicialmente válido el diez de febrero de dos mil veintidós, en que el de cujus nombró como únicos y universales herederos y legatarias de los bienes del citado occiso a Severiano Ortiz Hernández, Eufrocina Ortiz Serrano, Matilde Ortiz Serrano, Eleuterio Ortiz Serrano y Elizabeth Ortiz Serrano en los términos señalados en la cláusula primera del testamento y se nombró albacea a Elizabeth Ortiz Serrano, son insuficientes las actas de matrimonio y defunción exhibidas por la quejosa, para justificar su interés jurídico, pues sólo demuestran el vínculo con el autor de la sucesión, más no que haya sido voluntad de Fermín Ortiz Serrano, nombrar como heredera, a la quejosa; lo anterior, porque el entroncamiento con el autor de la sucesión, no constituye el carácter de heredera en la sucesión testamentaria del finado, al existir un testamento público abierto. En esas condiciones, la quejosa señaló como acto reclamado el no ser llamada al juicio sucesorio testamentario a bienes de Fermín Ortiz Serrano, por considerar que tiene el carácter de heredera en relación con los bienes de la sucesión, con motivo de un vínculo familiar con el autor de la sucesión; sin embargo, como de las constancias del juicio sucesorio testamentario de origen se advierte, la quejosa no fue nombrada como heredera, por lo que las actas exhibidas en el presente juicio, únicamente acreditan el vínculo con el autor de la sucesión, pero son insuficientes para justificar su interés jurídico, ya que se insiste, la quejosa no fue nombrada heredera en el testamento del finado. Entonces, si con las pruebas ofrecidas por la quejosa no se demuestra que tiene un derecho legítimamente tutelado para reclamar el proveído de origen, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, estos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, respecto del acto reclamado a la Juez Tercera de lo Familiar de Proceso Escrito de la Ciudad de México. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con sede en Veracruz, Veracruz,, en razón de que no se impugnan por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sin número, integrada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, del tomo 91-96 Sexta Parte, página 286, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Ahora, de la demanda de amparo de igual forma se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los citados 3. Notario Público Número 21 de la Décima Demarcación Notarial, y 4. Notario Público Número 27 de la Décima Demarcación Notarial, en Veracruz, Veracruz, respecto a la elaboración del testamento del Fermín Ortiz Serrano; respecto de los actos que pudieran haber registrado y que guarden relación con el testamento, y . En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, se observa que en forma genérica indica la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. En torno a los amparos promovidos contra actos emitidos por notarios públicos dentro de la tramitación de las sucesiones extrajudiciales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que no resultan autoridad responsable para el juicio de amparo pues, por una parte sus actuaciones no establecen una relación supra subordinación respecto de los particulares, por otra, no actúan unilateralmente para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, sino que los gobernados acuden a ellos a solicitar que hagan constar tales situaciones, esto es, únicamente tienen carácter declarativo, según las facultades que les fueron delegadas por el Estado. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo consistente en la emisión de las escrituras públicas 37,302 de seis de octubre de dos mil veinte, pasada ante la fe de la 3. Notario Público Número 21 de la Décima Demarcación Notarial, residente en esta ciudad, y la emisión de las escrituras públicas 317,97 de diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la y 4. Notaria Público Número 27 de la Décima Demarcación Notarial, en Veracruz, Veracruz, en las que contienen la tramitación extrajudicial del proceso sucesorio del cujus Fermín Ortiz Serrano y las secciones de inventarios, avalúos, administración, partición y adjudicación de la sucesión testamentaria, no es reclamable mediante esta instancia constitucional. Pues como se indicó, dichos actos derivan de la tramitación extrajudicial de la sucesión del finado anteriormente precisado, de ahí que, a quien se los atribuye no le reviste el carácter de autoridad responsable para el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 99/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página ciento noventa y nueve, Febrero de 2009, Tomo XXIX, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio.". Igualmente es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1144, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Entonces, de lo transcrito se desprende que el código civil prevé el procedimiento de nulidad de cualquier acto jurídico por considerarse que no se cumplieron con los elementos esenciales para que éste cobre validez, mismo que puede promoverlo cualquier interesado en que este se nulifique. En el caso, la parte quejosa debe acudir a la instancia correspondiente a agotar dicho procedimiento, sea por la vía de acción o excepción dentro de los procedimientos que se encuentren tramitados relativos a la sucesión testamentaria en comento. En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, correlativo con el 217, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, sobresee respecto de 3. Notario Público Número 21 de la Décima Demarcación Notarial y 4. Notario Público Número 27 de la Décima Demarcación Notarial, ambos en Veracruz, Veracruz. Así, como se actualizó una causa de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda generadora de este juicio, es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, registro digital 394465, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 107 y 124 y relativos de la Ley de Amparo, se:RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Patricia Montoya Cadena, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido téngansele dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de tres de mayo del presente año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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