PATRICIA MONSERRAT PROA MARTINEZ y Otros.
Expediente 966/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/02/2022
Partes del expediente
- Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
- Sandra Valeria Orozco Proa
- PATRICIA MONSERRAT PROA MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de doce de agosto de dos mil quince, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa; y se precisó de manera incorrecta lo relativo a su destino final; por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: - El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de veintitrés de julio actual, por el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, en atención al requerimiento formulado el dieciocho de los cursantes, remite copia certificada del acuerdo dictado el veintidós anterior en el expediente laboral 735/2011, de cuyo contenido se advierte que el término que concedió a las partes para que formulen sus alegatos, se encuentra transcurriendo, por lo que una vez que fenezca turnará los autos al auxiliar dictaminador para la elaboración del laudo correspondiente. En ese sentido, comuníquese a la autoridad responsable que el objetivo de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, en aquellos casos en que, como en el presente, la naturaleza del acto lo permite, considerarlo otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. Ahora, los efectos de la sentencia fueron: Dentro de los plazos y términos que señale la ley, dicte las medidas necesarias a efecto de llevar a cabo en sus términos la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que transcurra el plazo que concedió a las partes en el expediente laboral 735/2011 emita, de oficio, las determinaciones que estime pertinentes para dar cumplimiento al fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, no tiene superior jerárquico, se le apercibe que en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se le impondrá una multa en los términos señalados de manera precedente, es decir, consistente en trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia.
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