Patricia María Rocha Almendarez
Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Patricia María Rocha Almendarez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 1. Vista la demanda promovida por Patricia María Rocha Almendárez, por sí y en representación de los menores con iniciales A.A.P.R. y M.F.P.R., personalidad que acredita con las documentales que acompaña, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado, con cinco copias, por violación que estima a los artículos 1º, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 222/2021-IV. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El requerimiento y apercibimiento de multa contenido en el auto dictado el diez de marzo del año en curso dentro de la Controversia Familiar por Alimentos 204/2019 del índice de la autoridad responsable, en el que se le requirió para que presente a sus menores hijos ante dicha autoridad a fin de llevar a cabo el desahogo de diversa audiencia fijada para las nueve horas del veinticinco de marzo del presente año, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por el equivalente a diez días del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala la quejosa, se tiene que existe un convenio sancionado y que constituye cosa juzgada en el controvertido de que se trata, siendo que en el acuerdo reclamado, cuya transcripción expone la promovente, se hace referencia a que previamente a realizar el requerimiento solicitado por el padre de los menores, debía escucharse a los mismos, así como en caso de ser necesario ordenar los exámenes psicológicos respectivos, tomando en cuenta la suspensión de convivencias a que hizo referencia la madre de los menores, aquí promovente en su escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Establecido lo anterior, en concepto de la suscrita, sobre el acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de que se trata en términos de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo. Conforme al contenido del artículo 6º de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. En consecuencia, si la parte promovente reclama del anotado órgano jurisdiccional Juez Cuarto del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el apercibimiento decretado en el auto dictado el diez de marzo del presente año en el juicio de origen, en el cual se le requiere para que presente a sus menores hijos ante dicha autoridad a fin de llevar acabo el desahogo de diversa audiencia fijada para las nueve horas del veinticinco de marzo del presente año, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por el equivalente a diez días del valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello no le irroga perjuicio alguno, de momento, a los aquí impetrantes. Lo anterior es así, en la medida en que ese acto reclamado solamente consiste en un requerimiento de hacer, con apercibimiento que de no cumplir con el mismo (presentar a sus menores hijos ante la autoridad responsable a fin de llevar acabo el desahogo de diversa audiencia dentro del juicio de origen), se le impondría una multa a la progenitora de aquéllos; por lo cual, es inconcuso que el apercibimiento, por el momento, no produce consecuencia jurídica alguna que afecte la esfera jurídica de la promovente, pues aún no se hace efectivo apercibimiento alguno. Siendo que, en todo caso, el apercibimiento formulado por la autoridad designada como responsable, se encuentra supeditado, en primer término, a la voluntad de la parte impetrante "de cumplir", y en segundo lugar, a que el juzgador haga efectivo el apercibimiento de multa a la aquí quejosa. De ahí la improcedencia del presente juicio de control constitucional, puesto que de acuerdo con las tesis citadas, mientras no se actualice el apercibimiento, no puede existir la afectación jurídica para acudir al amparo. Por tanto, como ya quedó establecido que los actos reclamados no causan de momento un perjuicio al impetrante del amparo, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueve ante este juzgado de Distrito Patricia María Rocha Almendárez, misma que promueve por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el primero de los que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Atendiendo que en el caso, se promueve el amparo a favor de menores de edad, y acorde al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de proteger la identidad y bienestar de la misma, se ordena suprimir de las actuaciones del presente procedimiento, el nombre completo así como cualquier otro dato que pueda revelar la identificación de los infantes, debiendo referirse a aquellos con sus iniciales en caso indispensable, o bien, sólo aduciendo a los menores o infantes según se estime necesario. Por ende, se instruye a los actuarios adscritos a que de igual forma, no se inserte en la lista de acuerdos o cualquier actuación que lleven a cabo, el nombre o datos de identificación de los menores de edad en comento. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 1. Vista la demanda promovida por Patricia María Rocha Almendárez, por sí y en representación de los menores con iniciales A.A.P.R. y M.F.P.R., personalidad que acredita con las documentales que acompaña, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado, con cinco copias, por violación que estima a los artículos 1º, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 222/2021-IV. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El requerimiento y apercibimiento de multa contenido en el auto dictado el diez de marzo del año en curso dentro de la Controversia Familiar por Alimentos 204/2019 del índice de la autoridad responsable, en el que se le requirió para que presente a sus menores hijos ante dicha autoridad a fin de llevar a cabo el desahogo de diversa audiencia fijada para las nueve horas del veinticinco de marzo del presente año, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por el equivalente a diez días del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala la quejosa, se tiene que existe un convenio sancionado y que constituye cosa juzgada en el controvertido de que se trata, siendo que en el acuerdo reclamado, cuya transcripción expone la promovente, se hace referencia a que previamente a realizar el requerimiento solicitado por el padre de los menores, debía escucharse a los mismos, así como en caso de ser necesario ordenar los exámenes psicológicos respectivos, tomando en cuenta la suspensión de convivencias a que hizo referencia la madre de los menores, aquí promovente en su escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Establecido lo anterior, en concepto de la suscrita, sobre el acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de que se trata en términos de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo. Conforme al contenido del artículo 6º de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. En consecuencia, si la parte promovente reclama del anotado órgano jurisdiccional Juez Cuarto del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el apercibimiento decretado en el auto dictado el diez de marzo del presente año en el juicio de origen, en el cual se le requiere para que presente a sus menores hijos ante dicha autoridad a fin de llevar acabo el desahogo de diversa audiencia fijada para las nueve horas del veinticinco de marzo del presente año, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a una multa por el equivalente a diez días del valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello no le irroga perjuicio alguno, de momento, a los aquí impetrantes. Lo anterior es así, en la medida en que ese acto reclamado solamente consiste en un requerimiento de hacer, con apercibimiento que de no cumplir con el mismo (presentar a sus menores hijos ante la autoridad responsable a fin de llevar acabo el desahogo de diversa audiencia dentro del juicio de origen), se le impondría una multa a la progenitora de aquéllos; por lo cual, es inconcuso que el apercibimiento, por el momento, no produce consecuencia jurídica alguna que afecte la esfera jurídica de la promovente, pues aún no se hace efectivo apercibimiento alguno. Siendo que, en todo caso, el apercibimiento formulado por la autoridad designada como responsable, se encuentra supeditado, en primer término, a la voluntad de la parte impetrante "de cumplir", y en segundo lugar, a que el juzgador haga efectivo el apercibimiento de multa a la aquí quejosa. De ahí la improcedencia del presente juicio de control constitucional, puesto que de acuerdo con las tesis citadas, mientras no se actualice el apercibimiento, no puede existir la afectación jurídica para acudir al amparo. Por tanto, como ya quedó establecido que los actos reclamados no causan de momento un perjuicio al impetrante del amparo, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueve ante este juzgado de Distrito Patricia María Rocha Almendárez, misma que promueve por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el primero de los que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Atendiendo que en el caso, se promueve el amparo a favor de menores de edad, y acorde al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de proteger la identidad y bienestar de la misma, se ordena suprimir de las actuaciones del presente procedimiento, el nombre completo así como cualquier otro dato que pueda revelar la identificación de los infantes, debiendo referirse a aquellos con sus iniciales en caso indispensable, o bien, sólo aduciendo a los menores o infantes según se estime necesario. Por ende, se instruye a los actuarios adscritos a que de igual forma, no se inserte en la lista de acuerdos o cualquier actuación que lleven a cabo, el nombre o datos de identificación de los menores de edad en comento. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
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