Patricia Luz Leal Lescrenier
Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Luz Leal Lescrenier
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: 1. Conservar el expediente principal en su integridad en original, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción X, del numeral 15 del referido Acuerdo General, pues al tratarse de un asunto que versa sobre la materia agraria este expediente es de relevancia documental, debiendo conservarse en su integridad. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
notifíquese el citado proveído de cuatro de septiembre de la presente anualidad a través del usuario ********************, lo anterior para los efectos legales que haya lugar... por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica...
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, apoderada legal de Patricia Luz Leal Lescrenier y ********************, y como albacea de la sucesión a bienes de ********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas y otra autoridad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". En primer lugar, de la lectura de la demanda de amparo y en relación con la promovente ********************, quien se ostenta como apoderada de ********************, es pertinente señalar que ésta aduce que su personalidad se encuentra acreditada con la copia certificada del instrumento público número veinticuatro mil novecientos noventa y cinco, sin embargo, dicho documento fue allegado en copia simple y de su contenido se advierte que se refiere únicamente a ********************-; y por cuanto hace a la diversa Patricia Luz Leal Lescrenier, no obra documento alguno con el que acredite su representación, pues si bien existe la copia del instrumento público número veinticuatro mil novecientos noventa y seis; también es que, éste se refiere al poder conferido por ********************. No obstante lo anterior, resulta innecesario prevenir a la promovente para que acredite su personalidad, en razón de que, en el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días y sin que se encuentre en los casos de excepción que establece la propia ley, como a continuación se expone. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Además, es pertinente citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dice lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, la primera hipótesis necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una confesión expresa de su parte respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de esa echa. En ese sentido, de la hipótesis tercera, se obtiene que el plazo para la promoción del juicio de amparo, comienza a transcurrir a partir del día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo la tesis de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados: A) DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 43.- Se señala como acto reclamado, la sentencia de fecha 01 de Julio del 2019 dictada por la autoridad responsable ya que la misma fue dictada sin tomar en cuenta el derecho de audiencia que tienen mis poderdantes y representado, ya que no fueron citados por ningún medio legal y han actuado de manera unilateral, en la oscuridad de la ley, pretendiendo otorgar beneficios a favor de personas que no les corresponde, violando en perjuicio de mis representados derechos y garantías establecidas en nuestra carta magna, misma que solicito en su momento se tomen en cuenta a fin de que sean subsanadas. B) TRIBUNAL SUPERIO AGRARIO.- De igual forma la sentencia de fecha 01 de julio de 2019, misma que en su parte final de sus puntos resolutivos ordena que de inmediato se remita al Tribunal Superior Agrario para que conforme a su Ley Orgánica resuelva en definitiva la procedencia o improcedencia de la solicitud realizada, es decir sobre la dotación ilegal de tierras, el acto reclamado es la posible ejecución de la sentencia. Asimismo, se advierte que los propios quejosos manifestaron en el punto relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado lo siguiente: ".Aconteció en fecha 28 de Octubre del 2022" En ese sentido, de lo expuesto se acredita en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, los quejosos fueron sabedores del acto reclamado en este juicio. Manifestaciones que constituyen prueba confesional en términos de lo dispuesto por el artículo 199, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que fue reúne los requisitos que el aludido precepto legal establece, esto es fue realizada por persona capacitada para obligarse; con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, y de respecto de hecho propio. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que, el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado el presente juicio, empezó a transcurrir a la parte peticionaria del amparo, a partir del día siguiente al en que las quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado. Esto es, a partir del tres de noviembre de dos mil veintidós, descontando los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, por ser días inhábiles; por lo que, el referido plazo de quince días feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo la tesis de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, sin que se encuentre en los casos de excepción; ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cabe mencionar que, en relación con esta última excepción, no obsta que se reclamen actos provenientes de autoridades agrarias, pues la salvedad legal, es que se trate de núcleos de población ejidal o comunal; lo que no acontece en el caso. De esta forma, si los quejosos citados instaron el juicio de amparo mediante demanda depositada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido en exceso el plazo que para su presentación establece el numeral en cita; y sin estar en los supuestos de excepción antes mencionados. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, apoderada legal de Patricia Luz Leal Lescrenier y ********************, y como albacea de la sucesión de bienes de ********************. Aunado a ello, a partir de un análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas, la sentencia de fecha uno de julio de dos mil diecinueve dictada por la autoridad en comento, ya que sostiene, ésta fue dictada sin tomar en cuenta el derecho de audiencia de los aquí quejosos; así como del Tribunal Superior Agrario en la que con base en la citada sentencia, dicho órgano resolviera la procedencia de la solicitud de dotación de tierras. Conforme a lo anterior, en el caso se estima que en el caso concreto también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Dicho precepto normativo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.] La disposición legal invocada prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia en el precepto legal acabado de transcribir, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En atención a lo dispuesto a la norma jurídica invocada, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar la actualización de la causa de improcedencia en cita, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: 1) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; 2) Que ese juicio este pendiente de resolverse en definitiva, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y 3) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que se actualicen los supuestos aludidos con anterioridad. A fin de evidenciar lo anterior, es menester realizar un examen comparativo de los sujetos y objeto, contenidos en las demandas relativas a los juicios de amparo ******************** radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas y ********************del índice de este órgano jurisdiccional, de cuyos elementos que integran las pretensiones del impetrante se obtiene lo siguiente: Juzgado Federal Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico Tamaulipas Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano Amparo Indirecto ******************** ******************** Quejosos ********************, apoderada legal de ******************** y ********************, y como albacea de la sucesión a bienes de ******************** ********************, apoderada legal de ******************** y como albacea de la sucesión a bienes de ******************** Actos Reclamados La falta de emplazamiento al juicio agrario ********************, así como todo lo actuado, incluida la sentencia uno de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal responsable y su ejecución, cuya consecuencia, se traduce en la desposesión de los predios afectados, los cuales se encuentran en Ozuluama, Veracruz. Del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas, la sentencia de fecha 01 de julio de 2019 dictada por la autoridad en comento, ya que sostiene, ésta fue dictada sin tomar en cuenta el derecho de audiencia de los aquí quejosos; así como del Tribunal Superior Agrario en la que con base en la citada sentencia, dicho órgano resolviera la procedencia de la solicitud de dotación de tierras Autoridades Responsables Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas y Tribunal Superior Agrario Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas y Tribunal Superior Agrario Estado procesal En trámite Demanda Inicial En ese orden de ideas debe precisarse que la lectura integra de las demandas de amparo que dieron origen a los juicios de amparo comparados en líneas precedentes, así como de los anexos allegados a las mismas se desprende que el objeto de la demanda presentada ante este órgano jurisdiccional, está íntimamente relacionada con la que se encuentra pendiente de resolverse ante el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Tamaulipas, pues el acto que los aquí quejosos buscan combatir, se relaciona con lo actuado en el juicio agrario ********************, del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Tres, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Así, se tiene que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado en la demanda de amparo origen del presente asunto constituye la materia de estudio en el diverso juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Federal antes referido -lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-; mismo que fue promovido por los mismos quejosos, en contra de las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado. Por tanto, de lo antes plasmado se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] los actos reclamados en el juicio de amparo ********************, en que se actúa, son materia del diverso juicio de amparo ******************** antes citado; [2] mismo que se encuentra en trámite y [3] que ambos juicios son promovidos por ********************, apoderada legal de ******************** y como albacea de la sucesión a bienes de ********************, esto es, los mismos quejosos, contra las mismas autoridades, y por los mismos actos reclamados. Por otro lado, no pasa desapercibido que el nombre de la quejosa ******************** varía del asentado en el escrito de cuenta, sin embargo, se considera que esto corresponde a una omisión que no incide en las razones expuestas con antelación, ya que del resto de constancias, así como la coincidencia de los apellidos de la quejosa, permite advertir que se trata de la misma accionante de amparo. Bajo ese contexto, se tiene certeza de manera manifiesta e indudable, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los citados numerales, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.1 K (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4538, con número de registro digital: 2024922, de rubro y texto: LITISPENDENCIA. SI SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ANTE EL MISMO JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DE LOS DOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EXISTE IDENTIDAD DE QUEJOSO, AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO, Y ES CONSTATADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA SEGUNDA DEMANDA, ES INNECESARIO ORDENAR SU ADMISIÓN, EN APLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 24/2014 (10a.) Hechos: El Juez de Distrito que conoció de dos diversos juicios de amparo determinó desechar de plano la demanda del segundo de los promovidos, pues destacó como hecho notorio que en el propio juzgado federal del que es titular, se encontraba en trámite un primer juicio promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables y acto reclamado; por tanto, estimó que en el caso se actualizaba de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo (litispendencia). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en asuntos en los que se promueven dos diversos juicios de amparo en el mismo órgano jurisdiccional que conoce del primero y que se encuentra en trámite, puede válidamente destacar como hecho notorio la existencia de aquél, si es que en el nuevo existe identidad de quejoso, autoridad responsable y acto reclamado y, en virtud de ello, es factible desechar la demanda exhibida en segundo término, pues al tratarse de la misma autoridad, tiene la total posibilidad de constatar dichos datos y, con ello, tener conocimiento y certeza plena de que se está de forma notoria ante la actualización de la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, litispendencia. Por tanto, si la corrección de dicha determinación se constata incluso por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de queja contra el desechamiento, a nada práctico conduce ordenar la admisión del segundo amparo en aplicación de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 24/2014 (10a.), para que después se sobresea ineludiblemente por la misma razón. Justificación: La tesis de jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), que válidamente podría aplicarse a la nueva Ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, tiene la finalidad de evitar desechamientos anticipados, ante el riesgo de ausencia de datos contundentes con los que se pudiera contar por una segunda autoridad de amparo para constatar los requisitos de acreditación de la litispendencia; lo que pareciera presuponer la concurrencia de dos Jueces de Distrito distintos ante quienes pudiesen tramitarse los respectivos juicios de amparo. Sin embargo, se estima que no ocurre lo mismo ni se corre el aludido riesgo de desechamiento prematuro y sin datos evidentes, cuando se trata de la misma autoridad de amparo ante quien se pretende tramitar un segundo juicio, siendo hecho notorio para ella que existe en trámite otro diverso en condiciones idénticas del acto reclamado, quejoso y autoridad responsable; de manera que en tal supuesto no existe duda de esa identidad y del carácter notorio y manifiesto con que se advierte actualizada la referida causal de improcedencia, cuya obligada observancia es de orden público. Aunado a lo anterior, se destaca que esos precisos aspectos constatados por la misma autoridad de amparo se corroboran aún más con motivo del propio recurso de queja, en el que al estimar infundados los agravios se da cuenta de la corrección con la que se apreció la citada causal; motivo por el cual, se concluye que a nada práctico conduce el que en un caso como éste se ordene al juzgador admitir la segunda demanda, cuando de antemano se advierte también por el órgano revisor que la litispendencia es notoria y que inexorablemente habrá de decretarlo de esa manera la autoridad de amparo en un momento posterior. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Se tiene como facultado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, por no tener dicho registro.[....]
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