Patricia Lucia Arredondo Bernal

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Patricia Lucia Arredondo Bernal
  • Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía General del estado de Morelos, Fiscalía Especializada en atención de niños, niñas y adolescentes, en Temixco, Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la boleta de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Jannete Avilés Cruz, Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que no obra constancia alguna de la diligencia de los diversos exhortos ordenados en el juicio laboral 01/362/2015, enviados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Al respecto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite las gestiones que ha realizado para diligenciar los exhortos radicados ante esa autoridad con los números 13251/2022 y 6910/2022, conforme a lo solicitado por la Junta exhortante, en el juicio laboral 01/362/2015. Se apercibe a la autoridad vinculada que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Lucia Arredondo Bernal, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Ahora, el acto reclamado consiste en lo siguiente: ".El no ejercicio de la Acción Penal.". En consecuencia, la parte quejosa debe agotar el medio de impugnación ante el Juez de Control en términos del artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Sin embargo, en el caso a estudio, la quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, contra la resolución que aduce dictó la autoridad que señala como responsable (Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos), en la que decretó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FENA/158/2022. Así, de lo expuesto es de concluirse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en su contra el referido medio de impugnación, a través del cual se puede lograr que se revoque o modifique la determinación de no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Patricia Lucia Arredondo Bernal. Lo así resuelto se apoya, en lo conducente, en las tesis y jurisprudencia, cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Novena época Registro: 162442 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, abril de 2011 Materia: Común Tesis: XVII.1o.P.A.72 P Página: 1194 "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." Novena época Registro: 162669 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, marzo de 2011 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 118/2010 Página: 17 "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Novena época Registro: 170455 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVII, enero de 2008 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 148/2007 Página: 355 "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), ya decidió que contra las decisiones u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, tal y como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales procede el medio de defensa ahí previsto, y que éste debe agotarse antes de acudir al amparo a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que opera en el juicio de control constitucional. Cabe argumentar que el contexto de la decisión de la corte nacional abarcó, en general, las actuaciones de la autoridad ministerial que tuvieran como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; de tal manera que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones del fiscal derivadas de su facultad investigadora por medio del antedicho recurso ordinario, y en estos criterios no se realizó ninguna distinción en cuanto a tales omisiones, debido a que estas suponen la paralización de su función investigadora. Las antedichas jurisprudencias dicen: ".SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria <es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos"; y, ".SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizados a las personas que cita con los efectos que precisa. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Lucia Arredondo Bernal, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Ahora, el acto reclamado consiste en lo siguiente: ".El no ejercicio de la Acción Penal.". En consecuencia, la parte quejosa debe agotar el medio de impugnación ante el Juez de Control en términos del artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Sin embargo, en el caso a estudio, la quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, contra la resolución que aduce dictó la autoridad que señala como responsable (Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos), en la que decretó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FENA/158/2022. Así, de lo expuesto es de concluirse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en su contra el referido medio de impugnación, a través del cual se puede lograr que se revoque o modifique la determinación de no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Patricia Lucia Arredondo Bernal. Lo así resuelto se apoya, en lo conducente, en las tesis y jurisprudencia, cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Novena época Registro: 162442 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, abril de 2011 Materia: Común Tesis: XVII.1o.P.A.72 P Página: 1194 "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." Novena época Registro: 162669 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, marzo de 2011 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 118/2010 Página: 17 "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Novena época Registro: 170455 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVII, enero de 2008 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 148/2007 Página: 355 "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), ya decidió que contra las decisiones u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, tal y como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales procede el medio de defensa ahí previsto, y que éste debe agotarse antes de acudir al amparo a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que opera en el juicio de control constitucional. Cabe argumentar que el contexto de la decisión de la corte nacional abarcó, en general, las actuaciones de la autoridad ministerial que tuvieran como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; de tal manera que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones del fiscal derivadas de su facultad investigadora por medio del antedicho recurso ordinario, y en estos criterios no se realizó ninguna distinción en cuanto a tales omisiones, debido a que estas suponen la paralización de su función investigadora. Las antedichas jurisprudencias dicen: ".SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria

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