Patricia López Casarrubias
Expediente 226/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/09/2017
Partes del expediente
- Patricia López Casarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de siete de agosto del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable, el auto de doce de junio de dos mil diecisiete y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable en diversos autos emitidos en ese cuaderno, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son únicamente los que a continuación se precisan: No. Juicio de amparo Quejoso Sentencia 1 8496/2015 acumulado al 7993/2015 ********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 2 1661/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 3 7396/2015 acumulado al 7263/2015 **********Audiencia con sentencia 4 2201/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 5 10532/2015 **********Audiencia con sentencia 6 7632/2015 **********Audiencia con sentencia 7 1922/2015 acumulado al 1835/2015 **********Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 8 1927/2015 acumulado al 1768/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 9 5503/2014 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 10 3275/2015 acumulado al 3094/2015 **********Audiencia con sentencia 11 3756/2016 **********Audiencia con sentencia 12 5378/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 13 6654/2015, acumulado al 5866/2015 **********Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 14 2218/2016 acumulado al 2216/2016 **********Audiencia con sentencia 15 7309/2015 **********Audiencia con sentencia 16 5543/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis Ahora bien, en la sentencia de este asunto, se resolvió, entre otras cuestiones, conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Por tanto, si la autoridad responsable, únicamente realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes señaladas y en relación con los juicios de amparo indicados con antelación y entre ellos no se encuentra la parte quejosa ni este asunto, razón por la cual no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a saber el único punto por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de ahí que tampoco pueda emitirse la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa por el término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo y una vez transcurrido el plazo, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Vistos los oficios de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus informes justificados; con los mismos dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que para tal efecto señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que está transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual se tuvo por rendido en proveído de nueve de junio del año en curso. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Se fija esta fecha, debido a la cantidad de demandas que fueron recibidas sobre la misma temática, lo que ocasiona la saturación de la agenda de control de fechas de audiencias. Razón por la que existe causa fundada y suficiente para su señalamiento en esa data, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.
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