Patricia León Vázquez
Expediente 2164/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2164/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Patricia León Vázquez
Actuaciones
- Principal
Se recibe la demanda de amparo, promovida por ****, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla. Por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número que corresponda. Ahora bien, en el capítulo de acto reclamado la quejosa señaló como tal la determinación del pago de sus prestaciones y salario con base en la unidad de medida y actualización por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que aduce que se desnaturaliza la pensión otorgada a su favor, ya que no se genera conforme al salario mínimo vigente. Expuesto lo anterior, este juzgador considera el juicio improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal prevista por la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Del artículo citado se desprende el principio de definitividad del acto reclamado -emitido por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio constitucional, por regla general, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o no proceda en su contra algún recurso, juicio, o medio de defensa que pueda dar lugar a su modificación, revocación, o anulación. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. En tal virtud, contra del acto reclamado procede un medio de defensa ordinario, el cual la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio protector de derechos humanos; en la especie, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del numeral 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional, el cual dispone lo siguiente: "ARTICULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" Sin embargo, de las constancias de autos no se advierte que la parte quejosa lo haya agotado previamente a la promoción del juicio de garantías a pesar de que se encontraba obligada a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten todos los recursos, juicios, o medios de defensa que la ley otorgue. Ello se afirma, pues de la lectura de los antecedentes del caso se desprende que la parte quejosa manifestó que el uno de enero de dos mil diecinueve, el instituto ahora responsable le concedió la jubilación con base en una cuota diaria por $801.74 (ochocientos un pesos 74/100 M.N.), tomando como referencia para los incrementos a dicha pensión jubilatoria la Unidad de Medida y Actualización, y no conforme al salario mínimo general vigente como debería ser. De ahí que de lo que se duele es precisamente de la determinación del pago de su pensión con base en la unidad de medida y actualización por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; respecto de la cual procede el juicio de nulidad de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Máxime que al interponer el citado medio de defensa, es posible solicitar la suspensión del acto reclamado sin exigir la Ley de la materia para ello, mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, tal como se advierte del estudio comparativo que se analiza en el cuadro comparativo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley de Amparo Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Del análisis comparativo de ambos ordenamientos, se aprecia que los requisitos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no son mayores a los previstos en la Ley de Amparo, para suspender el acto reclamado. Para conceder o negar la suspensión en sentido temporal es prácticamente equivalente, porque a partir de la presentación de la demanda de nulidad o juicio de amparo hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados y conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita transcurran veinticuatro horas; en ambas legislaciones la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; tratándose del cobro de contribuciones u otros créditos fiscales en ambas legislaciones se establece que se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora o ante la Tesorería correspondiente. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 (10ª), estimó que el artículo 147 la Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado, en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio, y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que, tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, al igual que en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Tiene aplicación la tesis de rubro "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (registro 2011289). En mérito de lo expuesto, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los mismos requisitos que en la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que en el caso previo al ejercicio de la acción de amparo, la quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Luego, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. En otro tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones personales de la parte quejosa el que indican en su demanda y, como autorizados únicamente para tales efectos a los profesionistas indicados en dicho escrito, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Además, de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 21, parte in fine, del ordenamiento legal invocado, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. Se ordena hacer las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y en su oportunidad, archivar este expediente como asunto concluido.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Se recibe la demanda de amparo, promovida por ****, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla. Por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número que corresponda. Ahora bien, en el capítulo de acto reclamado la quejosa señaló como tal la determinación del pago de sus prestaciones y salario con base en la unidad de medida y actualización por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que aduce que se desnaturaliza la pensión otorgada a su favor, ya que no se genera conforme al salario mínimo vigente. Expuesto lo anterior, este juzgador considera el juicio improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal prevista por la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Del artículo citado se desprende el principio de definitividad del acto reclamado -emitido por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio constitucional, por regla general, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o no proceda en su contra algún recurso, juicio, o medio de defensa que pueda dar lugar a su modificación, revocación, o anulación. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. En tal virtud, contra del acto reclamado procede un medio de defensa ordinario, el cual la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio protector de derechos humanos; en la especie, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del numeral 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional, el cual dispone lo siguiente:... Sin embargo, de las constancias de autos no se advierte que la parte quejosa lo haya agotado previamente a la promoción del juicio de garantías a pesar de que se encontraba obligada a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten todos los recursos, juicios, o medios de defensa que la ley otorgue. Ello se afirma, pues de la lectura de los antecedentes del caso se desprende que la parte quejosa manifestó que el uno de enero de dos mil diecinueve, el instituto ahora responsable le concedió la jubilación con base en una cuota diaria por $801.74 (ochocientos un pesos 74/100 M.N.), tomando como referencia para los incrementos a dicha pensión jubilatoria la Unidad de Medida y Actualización, y no conforme al salario mínimo general vigente como debería ser. De ahí que de lo que se duele es precisamente de la determinación del pago de su pensión con base en la unidad de medida y actualización por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; respecto de la cual procede el juicio de nulidad de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Máxime que al interponer el citado medio de defensa, es posible solicitar la suspensión del acto reclamado sin exigir la Ley de la materia para ello, mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, tal como se advierte del estudio comparativo que se analiza en el cuadro comparativo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley de Amparo Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado, en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio, y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que, tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, al igual que en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En mérito de lo expuesto, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los mismos requisitos que en la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que en el caso previo al ejercicio de la acción de amparo, la quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Luego, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. En otro tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones personales de la parte quejosa el que indican en su demanda y, como autorizados únicamente para tales efectos a los profesionistas indicados en dicho escrito, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Además, de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 21, parte in fine, del ordenamiento legal invocado, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. Se ordena hacer las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y en su oportunidad, archivar este expediente como asunto concluido.
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