Patricia León García

Expediente 167/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
167/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Patricia León García

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvanse las constancias que remitieron las autoridades responsables, en el cuaderno principal, previo glose que se haga de las carátulas de los tomos de pruebas formados con las mismas, en los respectivos cuadernos. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, y con motivo de licencia otorgada al Titular de este Juzgado; con fundamento en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que el Encargado del Despacho sólo se encuentra facultado para practicar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente; por tanto, se difiere, fijándose como nueva fecha para su verificativo las nueve horas con catorce minutos del siete de marzo de dos mil diecisiete. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue acordada la reubicación de la Jueza xxx al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, a partir del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, hágase del conocimiento lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Por su contenido apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, visible a página 312, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y anexos, a través del cual informa que mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, esa alzada, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por xxx, a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro en Turno, y toda vez que no se interpuso recurso de reclamación en contra de dicho auto, este se declaró que el mismo ha causado estado. En razón a lo anterior, remite el original y copia del escrito de presentación así como del escrito de la demanda de amparo promovida por xxx, toca civil xxx, con cuaderno integrado xxx, así como copia certificada del expediente del Juicio ordinario Civil xxx en un tomo del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y copia certificada del auto mediante el cual el Tribunal Colegiado se declaró incompetente. Ahora bien dada en vista del volumen de las referidas constancias, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, con el toca civil 2666/2016 y con la copia certificada del expediente del Juicio ordinario Civil 1924/2015 fórmese cuadernos de prueba en dos tomo por separado En consecuencia, se acepta la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el Estado de Querétaro, acúsese el recibo de estilo a esa superioridad. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, la cual se provee de la siguiente manera: Se tiene por recibida la demanda que promueve , por su propio derecho, contra actos del: 1. Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. 2. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 137/2017-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en los autos del toca de apelación 2666/2016, que confirmó el proveído de dos de septiembre de dos mil dieciséis, donde se determinó que al haberse dado contestación a la demanda, quedaron subsanadas las deficiencias del emplazamiento. Lo anterior por considerar que en el caso, los actos reclamados lo constituyen una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Bajo esa premisa, los actos que reclama la parte quejosa esencialmente en lo concerniente a que se determinó que al haber dado contestación a la demanda, quedaron subsanadas las deficiencias del emplazamiento, es un acto de naturaleza formal o adjetiva que puede o no trascender al resultado del fallo, por tanto, no puede considerarse como un acto que produzca una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en el xxxx, Querétaro y autorizando en términos del artículo 24 a xxxx, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a xxxx, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Vice Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, por ausencia del Fiscal General del Estado de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de la resolución dictada en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, e informa a este Juzgado Federal, las gestiones que ha realizado en relación con la investigación de los hechos acontecidos en el presente sumario constitucional. Situación que toma conocimiento esta Juzgado para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos la constancia de notificación al quejoso *********, del proveído de siete de febrero de dos mil diecisiete, remitidas por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal con sede en Jalpan de Serra, Querétaro, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Asimismo, el quejoso solicita que se le proporcione un médico legista especializado para las heridas que la han sido causadas; al respecto, no ha lugar a acordar favorable a su petición, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que la Directora de Servicios Periciales //****, tuvo a bien designar al Doctor ****** y a la Licenciada **********, como peritos profesionistas en Medicina y Psicología, dentro de la carpeta de investigación CI/QRO/15339/2016, para realizar los dictámenes solicitados por el quejoso ***********. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue acordada la reubicación de la Jueza Cecilia Aguilera Ríos al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, a partir del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, hágase del conocimiento lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Por su contenido apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, visible a página 312, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado ***************, en el domicilio señalado en proveído de doce de enero de dos mil diecisiete.

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