Patricia León García

Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
819/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Patricia León García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (foja 33). ".a). Dicte el acuerdo correspondiente en el que provea lo conducente respecto del escrito que la hoy peticionaria de amparo presentó el seis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral D-1/679/2015; y b). Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley." Asimismo, mediante oficio recibido el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-1/679/2015, en el que dio contestación a la parte quejosa, respecto del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 52 y 56). Por auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el veintiocho del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-1/679/2015, en el que dio contestación a la parte quejosa, respecto del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer y amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-1/679/2015, en el que dio contestación a la parte quejosa, respecto del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-1/679/2015, en el que dio contestación a la parte quejosa, respecto del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción ii, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia De Trabajo en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la Junta responsable, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." NOTIFÍQUESE.

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