Patricia Jimenez Sanchez
Expediente 131/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia Jimenez Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veinte de febrero del dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo presentada por **********, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por **********, contra actos del Juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad, por violaciones al artículo 14 Constitucional; fórmese expediente de amparo el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 131/2018-I. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el proveído de treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero Menor Civil de esta ciudad, dentro del expediente *** por medio del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el proveído de doce de enero del dos mil dieciocho, en el que se nombró un nuevo depositario de los bienes embargados en la diligencia de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Primera Parte, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. La quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad. II. Mediante diligencia de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, se le emplazó al citado juicio y le fueron embargados bienes, quedando la quejosa como depositaria de los mismos. III. En proveído de doce de enero del dos mil dieciocho, el Juez Primero Menor Civil de esta ciudad, autorizó el cambio de depositario, nombrando a *********. IV. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por notoriamente improcedente mediante acuerdo de treinta y uno de enero del dos mil dieciocho. Lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la quejosa se duele que el desechamiento del recurso de revocación le causa agravio en virtud que la autoridad designada como responsable no consideró necesario establecer una garantía para responder por los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar, considerando que es violado en su perjuicio el artículo 1334 del Código de Comercio. De lo narrado en párrafos precedentes, se concluye que de lo que se duele la quejosa es de la orden de desposesión y entrega de los bienes embargados, mediante el cambio de depositario decretado en acuerdo de doce de enero del año en curso. Sin embargo, debe precisarse que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el embargo realizado el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, ya que como la misma quejosa refiere en su escrito de demanda, le fueron embargados bienes que no son de su propiedad. Luego, si la quejosa no impugnó el embargo realizado el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete,ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el cambio de depositario decretado en proveído de doce de enero pasado, es derivado de aquél que fue consentido, en virtud de que fue emitido con motivo del acuerdo referido, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Siendo aplicable la tesis II.1o.C.T.54 localizable en la página 648, TomoVI, Novena Época, Materia Común, de Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2060, Tomo XXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el amparo, debiendo sobreseerse." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** de esta ciudad, y autorizando en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, **********, **********, y **********, por así solicitarlo expresamente. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE DIECISIEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda presentado por **********, contra actos del Juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad, por violaciones al artículo 14 Constitucional; fórmese expediente de amparo el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 131/2018-I. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el proveído de treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero Menor Civil de esta ciudad, dentro del expediente *** por medio del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el proveído de doce de enero del dos mil dieciocho, en el que se nombró un nuevo depositario de los bienes embargados en la diligencia de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Primera Parte, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. La quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad. II. Mediante diligencia de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, se le emplazó al citado juicio y le fueron embargados bienes, quedando la quejosa como depositaria de los mismos. III. En proveído de doce de enero del dos mil dieciocho, el Juez Primero Menor Civil de esta ciudad, autorizó el cambio de depositario, nombrando a *********. IV. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por notoriamente improcedente mediante acuerdo de treinta y uno de enero del dos mil dieciocho. Lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la quejosa se duele que el desechamiento del recurso de revocación le causa agravio en virtud que la autoridad designada como responsable no consideró necesario establecer una garantía para responder por los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar, considerando que es violado en su perjuicio el artículo 1334 del Código de Comercio. De lo narrado en párrafos precedentes, se concluye que de lo que se duele la quejosa es de la orden de desposesión y entrega de los bienes embargados, mediante el cambio de depositario decretado en acuerdo de doce de enero del año en curso. Sin embargo, debe precisarse que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el embargo realizado el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, ya que como la misma quejosa refiere en su escrito de demanda, le fueron embargados bienes que no son de su propiedad. Luego, si la quejosa no impugnó el embargo realizado el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete,ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el cambio de depositario decretado en proveído de doce de enero pasado, es derivado de aquél que fue consentido, en virtud de que fue emitido con motivo del acuerdo referido, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Siendo aplicable la tesis II.1o.C.T.54 localizable en la página 648, TomoVI, Novena Época, Materia Común, de Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2060, Tomo XXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el amparo, debiendo sobreseerse." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** de esta ciudad, y autorizando en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, **********, **********, y **********, por así solicitarlo expresamente. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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