Patricia Jaqueline Salgado González y Otros.

Expediente 1327/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1327/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Patricia Jaqueline Salgado González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del amparo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el cuadernillo en que se actúa será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por último, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Iván Martínez González, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por Patricia Jacqueline Salgado González, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 13********************-F que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA En principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; . Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, pues el cambio de adscripción que en esencia se reclama tendrá ejecución en Acapulco, Guerrero, fuera de la jurisdicción de este juzgado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a si esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es orientadora en ese sentido, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), registro 2009409, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado". (Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 916). En ese contexto, se tiene como regla general, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la naturaleza del acto y si debe tener ejecución, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo; esto es, el factor o punto de conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos, sino el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Al atender a ese factor de competencia el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que, promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Agregado a ello el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta.." (lo resaltado es propio) En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el cambio de categoría y/o cargo como Agente Titular del Ministerio Público del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero a un diverso cargo en una residencia distinta, en específico: Agente Auxiliar del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez. De los antecedentes del acto reclamado se desprende que mediante oficio ******************** de uno de agosto de dos mil veintitrés se le notificó el cambio de la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y se le designó como Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero. Posteriormente, mediante oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés se le notificó su cambio de categoría y adscripción laboral a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, con la categoría de Agente Auxiliar del Ministerio Publico. En ese contexto, se evidencia que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en el cambio de adscripción a diversa Agencia del Ministerio Público que se tendrá que realizar en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad habrá de ejecutar el cambio de adscripción (en donde la quejosa fungirá como Agente Auxiliar del Ministerio Publico Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez) que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que el acto reclamado habrá de materializarse en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito en esa ciudad; por lo que es esta última diligencia la que evidentemente materializará la ejecución del acto de cambio de adscripción, toda vez que su ejecución inicia en aquél sitio donde está adscrita y demuestra que el acto en su ejecución material habrá de ejecutarse en esa ciudad. Por las razones jurídicas que contiene, cobra aplicación la jurisprudencia con registro digital: 2026386, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tesis: 2a./J. 20/2023 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DE UN PUNTO GEOGRÁFICO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar a cuál Juez de Distrito compete, por razón de territorio, conocer del juicio de amparo en el que se reclama el cambio de adscripción de una persona servidora pública del lugar en que presta sus servicios a otro. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el acto reclamado en un juicio de amparo consiste en el cambio de adscripción de una persona servidora pública de un punto geográfico a otro, el Juez de Distrito que debe conocer por razón de territorio será aquel que, de entre los competentes en tales lugares, prevenga en el conocimiento del asunto. Justificación: El cambio de adscripción de una persona servidora pública del lugar en que presta sus servicios a uno distinto, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, toda vez que su ejecución inicia en aquel sitio donde está o estaba adscrito y termina hasta que ocurre la nueva adscripción en territorio distinto, conforme a lo que le fue ordenado; así, los efectos del acto reclamado no se agotan con la sola emisión de la orden, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de la ejecución en sí misma. Al respecto, la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el espíritu del legislador en el establecimiento de las reglas de competencia consistió en facilitar al peticionario el ejercicio del derecho de acceso a la justicia; asimismo, se ha señalado que generalmente la demanda se presenta en el lugar donde le resulta propicio a la parte quejosa, particularmente por su ubicación, motivo por el cual si los datos objetivos permiten advertir que cuando se reclama el cambio de adscripción de una persona servidora pública que tiene ejecución en distritos judiciales distintos es de tracto sucesivo, se actualiza la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, así que resulta competente para conocer del asunto el Juez de Distrito que prevenga, con lo cual se respeta el principio de acceso efectivo a la justicia que establece el artículo 17 de la Constitución Federal." [Lo resaltado es propio]. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, aquel que tenga jurisdicción en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero; esto es el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, en Turno. Similares consideraciones ya fueron analizadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en los conflictos competenciales ********************y ********************, en los cuales se determinó que la ejecución material se actualiza en el lugar donde el quejoso ejerce su función al ser el factor para generar la competencia, en el caso, como Agente Auxiliar del Ministerio Publico Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Cuaderno de antecedentes. Con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. Autorizados. Téngase como sus autorizados y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************y ********************, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo a las demás personas que señala en su escrito de cuenta toda vez que así lo solicita expresamente. Medios electrónicos alternativos Téngase por señalado el número telefónico y el correo electrónico que proporciona el promovente con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones a la quejosa, en atención a su contendido, al efecto se acuerda. Ahora, toda vez que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se normalizaron las labores en el Poder Judicial de la Federación, por lo que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedó sin efectos, en consecuencia, no ha lugar a tener por señalado dichos medios alternativos de comunicación para los efectos solicitados. No obstante, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el número telefónico y el correo electrónico proporcionados, únicamente con el fin de obtener un medio alternativo de contacto no procesal. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ******************** de esta ciudad. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado, se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, las notificaciones personales se harán de manera electrónica de conformidad con el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.

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