Patricia Jaqueline Salgado González

Expediente 1016/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1016/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Patricia Jaqueline Salgado González

Actuaciones

  1. Incidental

    Incidente de suspensión 1016/2023-II CUENTA. El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con los oficios registrados en el libro de correspondencia con los números de promoción 13443 y 13444. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios signados por el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en representación del Fiscal General y Directos General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, ambos de la Fiscalía General del Estado, residentes en Chilpancingo, Guerrero, mediante los cuales rinde informe previo; dese nueva cuenta con los mismos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia incidental. Por otra parte, con fundamento en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que menciona. Notifíquese.

  2. Incidental

    Incidente de suspensión 1016/2023-II CUENTA. El trece de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guarda la presente incidencia. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia incidental señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún no obran los informes previos de las autoridades responsables foráneas Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, así como Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo de la Procuraduría de Justicia, ambos de dicha Fiscalía, residentes en Chilpancingo, Guerrero, y no se aprecia que hayan sido notificadas de los oficios 25349/2023, 25350/2023 y 25351/2023, de cinco de octubre del año en curso, a través de los cuales se les requirió. Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia incidental señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Patricia Jacqueline Salgado González, mediante el cual exhibe una copia de la demanda de amparo, a efecto de que se aperture el incidente de suspensión, señala autorizado y proporciona correo electrónico. En atención a su contenido; con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, tramítese únicamente el original del incidente de suspensión de los actos reclamados, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De la misma forma, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Irving Hasell Navarrete Mota, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. Finalmente, téngasele proporcionando correo electrónico, para establecer contacto. Notifíquese

  4. Incidental

    Incidente de suspensión 1016/2023-II CUENTA. El cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con una copia de la demanda de amparo, promovida por Patricia Jacqueline Salgado González, por propio derecho, y con lo ordenado en acuerdo de esta misma fecha dictado en el expediente principal del que deriva esta incidencia. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1016/2023-II, promovido por Patricia Jacqueline Salgado González, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otras autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se apertura por separado y en términos de lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, no se formará el duplicado físico del incidente de suspensión. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 acuerdo, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, y solicitándoles que en el mismo se precise si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, y que de conformidad con el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan su informe previo en el término antes señalado, resultando aplicable a este apercibimiento, la tesis IV.2o. P.C.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 873, tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "MULTA. CORRECCIÓN DISCIPLINARIA IDÓNEA PARA SANCIONAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE OMITE RENDIR INFORME PREVIO". Asimismo, se informa a las autoridades responsables que está obligada a recibir los oficios que en relación con este incidente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa como medida de apremio de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al peticionario de amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrto su oposición a que se publiquen sus datos personales en la resolución interlocutoria que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 se le deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional solicitada, es menester precisar los actos que en la especie se reclaman, y una vez realizado un cabal estudio de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se duele de las siguientes conductas: a) El oficio número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/4895/2023, de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual se le hace saber a la incidentista su cambio de categoría y/o cargo como Agente Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca a la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. b) Las consecuencias jurídicas que derivan del mismo. Así por lo que se refiere a la conducta precisada en el inciso a), lo procedente es negar la suspensión provisional, toda vez que a la misma le reviste el carácter de consumada, dado que ya se llevó a cabo al momento de haberse emitido, y contra ello es improcedente concederla, pues tal determinación implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos que estima violados, efecto que no es propio al otorgamiento de la medida precautoria que se emita en el juicio de amparo, por ser contrario a la naturaleza jurídica de la institución suspensional. Es aplicable al caso, la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aún no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413). Por otro lado, respecto al acto identificado con el inciso b), se niega la suspensión provisional a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que literalmente disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos: II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, en el diverso numeral 129 de la ley de la materia se señalan los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo y, tan es así, que el propio precepto, al enumerarlos se refiere a esos casos, entre otros. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 311, del tomo XI, del mes de junio CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Con relación a lo anterior, se señala que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero, tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? Es aplicable la Jurisprudencia número 177 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas trescientos cuarenta y tres y trescientos cuarenta y cuatro, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al pleno y a las salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Así de acuerdo a lo anterior, se advierte que a juicio de esta juzgadora, en el caso a estudio no se reúne el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que sólo se debe decretar la medida cautelar, cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde a lo siguiente: Como se precisó con antelación, la parte quejosa, solicita la suspensión para el efecto de continuar desarrollando sus actividades laborales como Agente Titular del Ministerio Publico del Distrito, es decir, para que las autoridades responsables se abstengan de cambiarla de categoría a Agencia Auxiliar del Ministerio Publico Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en el Distrito Judicial de Tabares. En ese tenor, debe decirse que las fracciones del artículo 129 CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 de la Ley de Amparo, establecen los supuestos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en caso de concederse la suspensión, entre los que si bien no se ubica el caso particular; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido casos análogos, entre los que señala que la administración de justicia tiene como destinaria la sociedad, por ende, un cambio de adscripción y/o categoría de un funcionario judicial como el que desempeña la quejosa acarrearía perjuicios al orden público. Sentado lo anterior, tomando en cuenta que las funciones de la promovente al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, consiste en la prestación de un servicio público de índole prioritario para el Estado, resulta improcedente conceder la suspensión provisional contra el cambio de su adscripción, por no satisfacerse el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que las funciones que desempeña tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en los términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. Fundamenta lo anterior por identidad de razón las Jurisprudencias con números de registros 170017, 173404 y 2009873, de rubros: "SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)". "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN". "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ANTES DE EMITIR LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN, AQUÉLLOS SE ENCONTRARAN ADSCRITOS EN DETERMINADO LUGAR PARA ABATIR UN REZAGO, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? 6/2007 (*) Y, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE DICHA ORDEN". De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que se indica en la demanda de amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Irving Hasell Navarrete Mota, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Emmanuel Ruiz Pino, Fernando Bermúdez García, Rubén Manuel Lorenzo Abarca y Juan José Pita Almazán, por no contar con dicho requisito, y por así solicitarlo expresamente. Asimismo, téngasele proporcionando número telefónico y correos electrónicos, para establecer contacto. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 WordSISE ??????????????? Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este juzgado federal. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe. "Ndhr" CARLOS ADAN

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