Patricia Ivonne Briseño Perez

Expediente 1112/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1112/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Patricia Ivonne Briseño Perez
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio remitido por la Primer Secretario Judicial del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 30067/2017, por el cual se le devolvieron las constancias que remitió para substanciar el presente juicio de amparo, consistentes en un legajo de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 817/2016. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento inserto en el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro orden, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente 817/2016. Ahora bien, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta únicamente para que obren como correspondan, pues mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda por su notoria improcedencia, por las consideraciones ahí expuestas, determinación que en esta fecha causa estado procesal al no haber sido recurrida por la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, remítase a la autoridad oficiante la constancia descrita, en el entendido que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deberá acusar recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la certificación de cuenta evidencia que la quejosa Patricia Ivonne Briceño Pérez no desahogó la prevención formulada en auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de referencia y en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la quejosa únicamente controvierte el siguiente acto: El auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete a través del cual el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, inadmitió el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en el expediente civil 817/2016. Por lo que exclusivamente se tendrá como acto reclamado el antes mencionado y no así la inadmisión del recurso de revisión interpuesto ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 817/2016, en contra de la inadmisión del incidente de costas judiciales, ni como responsable al secretario adscrito a tal órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Tal consideración se expone, pues el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por lo que, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora bien, la quejosa reclama en esta vía de amparo el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete a través del cual el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, inadmitió el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en el expediente civil 817/2016. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el cual inadmitió el recurso de apelación procede el recurso de queja. Lo anterior, púes la ley aplicable al acto reclamado en el presente asunto es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que este deriva de una acción reivindicatoria, razón por la cual debemos estar a lo establecido por los artículos 1.393 y 1.398 del ordenamiento antes citado y toda vez que el auto de referencia, por el cual se inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso contra la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente civil 817/2016, no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de los artículos 1.393 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que el auto reclamado, pueden ser modificado a través del recurso de queja respectivamente este último, en términos del artículo 1.398 del mismo ordenamiento; razón por la cual en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, concede la posibilidad de que esa determinación sea impugnada a través del recurso de queja, según el artículo 1.393. Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada. Por virtud del recurso de queja aludido, dicho proveído podría ser revocado según lo establecido en los artículos 1.393 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, cuyo contenido es: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." "Artículo 1.398. Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación." Entonces, es incuestionable que debió haber observado el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la resolución combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea nacionales, o bien cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o en su caso cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Al caso se estima aplicable la jurisprudencia I.4º.C.J./25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN", asimismo la diversa intitulada: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Asimismo, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 447, publicada en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice. "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinario, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma, funda lo expuesto el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2006, Tomo XXIII, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Patricia Ivonne Briceño Pérez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y otra autoridad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA DE AMPARO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el recurso de queja 133/2017, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesta por PATRICIA IVONNE BRISEÑO PÉREZ, a través de su autorizada en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo IVONNE COLÍN MEJÍA, en contra de la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, dentro del juicio de amparo indirecto 1112/2017-I." Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y acúsese recibo a la superioridad oficiante. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de la superioridad, se aprecia que el artículo 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo trascrito evidencia que precepto legal no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al promovente cuando se estime que: 1. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3. Si no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo, en el punto que se precisará más adelante y, entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en el artículo 261 de la Ley de Amparo en vigor, que a letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Del análisis del escrito de demanda, este juzgado considera, que por escrito, y con cuatro copias necesarias del escrito aclaratorio, realice lo siguiente: ÚNICO. Con fundamento en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, señale con precisión el acto que reclama en esta vía, ello, en atención a lo siguiente: En el escrito de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ". por medio del presente escrito vengo a demandar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de las autoridades responsables y por la inadmision del recurso de revisión dictada en auto de fecha 19 de junio del año 2017 y notificado el día 20 de junio del 2017 y así como las violaciones al procedimiento cometidas en ml perjuicio dentro del juicio de origen, mismo que conoció el JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, respecto DEL EXPEDIENTE CIVIL RADICADO BAJO EL NUMERO DE 817/2016, asi como aquellos actos de autoridad que más adelante se precisan." Sin embargo, en el capítulo del "ACTO O ACTOS RECLAMADOS", el agraviado manifiesta que: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A. La denegada apelación, acordada el pasado 19 de junio del año 2016, y notificada a la quejosa el 20 de junio del año en curso, sin que al efecto se halla fundado y motivado tal determinación, pues contrario a lo que señala el artículo 1.136 del Código Procesal Civil Vigente en el Estado de México, pues no funda ni motiva la razón de sus determinaciones y solo se remite a manifestar que; cito textualmente: ... no ha lugar a acordar lo solicitado tomando en consideración que la promovente no es parte en el juicio, aunado a que el recurso que pretende hacer valer en el caso la promovente hace valer es improcedente porque como se acordó en el auto que antecede, la sentencia definitiva dictada en autos, no condenó a la parte actora al pago de gastos y costas. Con lo anterior se advierte que la responsable, desconoce de manera deliberada y en perjuicio de mis derecho humano, y en franca violación a las leyes rectoras del procedimiento, los alcances del juicio que debió haber impedido, pues si bien es cierto, no condeno a los gastos y las costas, no es obstáculo para que se ejecute su acción por la vía incidental tal como se tramitó, pues como se demostró durante todo el procedimiento, acudí a defender mis derechos y me vi en la necesidad de combatir el dicho de mi demandante, logrando con éxito demostrar que no le asistía el derecho que intento accionar en mi contra, y tal como se desprende del proceso, utilice todos los mecanismos y media de defensa que tuve a mi alcance, generándome un costa, lo cual es motivo suficiente para incidental el pago de gastos y costa, pues tal coma lo acordó el juzgador, la acción no prospero en mi perjuicio. Con tal determinación se aprecia claramente, que el juzgador, deja de estudiar los agravios en su particularidad y su generalidad, de hecho, no los estudia, y solo aduce que lo que se pretende reclamar es improcedente pues no existió condena en autos, desestimando completamente el contenido del artículo 1.362, que es precisamente el que prevé la procedencia del recurso que se tramitó. B. Otro acto que se reclama de las responsables es precisamente, el hecho de no entrar al estudio de los agravios tal como lo señala el artículo del Código Procesal Civil, argumentado que no existió condena y que la promovente no es parte en el juicio, sin embargo deja de observar que quien promueve el recurso es precisamente uno de mis abogados patronos y que fueron quienes se encargaron de mi defensa y patrocinio pues tal como se aprecia del propio incidente planteado, primero se me reconoce la calidad y después en auto subsecuente se me desconoce. Sin perder de vista que el Código y Procesal Civil vigente en el Estado de México, taxativamente en sus artículo 1.93, 1.94 y 1,95 cuales son las facultades de los patronos, y que en ningún caso se puede desconocer la facultad de actuar en beneficio de sus patrocinados, pues en congruencia con lo previsto por los Códigos del Estado de México se prevé que en materia civil para representar a cualquiera de las partes solo se debe acreditar ser abogado titulado y estar autorizado para ejercer la profesión de abogado con cedula profesional, luego entonces si este acreditado en autos, que la hoy quejosa autorizo en amplios términos de las leyes a los abogados que menciono, entonces no se puede limitar donde la ley no limita, y más cuando se cumple con las exigencias para acreditar la capacidad legal para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados." Así, las circunstancias descritas crean incertidumbre a este órgano jurisdiccional, para establecer de manera precisa y concreta, el acto que pretende controvertir la parte agraviada y por el cual acude a instar la presente acción de amparo; es decir, la lectura integral de la demanda de amparo evidencia actos reclamados no señalados con ese carácter en el capítulo correspondiente, pues por una parte el agraviado, señala como acto reclamado el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciséis a través del cual el juez responsable inadmitió el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en el expediente civil 817/2016, del índice estadístico del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Y por otra parte, la inadmisión del recurso de revisión interpuesto ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 817/2016, en contra de la inadmisión del incidente de costas judiciales dictado dentro de los mencionados autos. Motivo por el cual, se evidencia que no se da cumplimiento a la disposición contenida en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por consiguiente en los términos que se presentó la demanda, no sería factible proveer al respecto, evidenciando una irregularidad en ésta, lo cual de conformidad con el criterio sustentado por el más alto tribunal de nuestro país, es un todo y debe ser estudiada en forma íntegra, por lo tanto, deberá precisar lo anterior. Resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Ahora bien, una vez precisado el acto reclamado deberá señalar el acto que en concreto les atribuye a las autoridades señalas como responsables, porque de la lectura íntegra de la demanda no se advierte la participación que tienen cada una de ellas en la emisión o ejecución del acto combatido. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la agraviada que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá como acto reclamado únicamente el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciséis a través del cual el juez responsable inadmitió el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en el expediente civil 817/2016, del índice estadístico del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y solo como autoridad responsable a dicho Juzgado y no así la inadmisión del recurso de revisión interpuesto ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 817/2016, en contra de la inadmisión del incidente de costas judiciales, ni como responsable al secretario adscrito a tal órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

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