Patricia Hirato Sato
Expediente 388/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Hirato Sato
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual, comunica el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el que tuvo por desahogada la prevención formulada a la quejosa -------, y determinó por una parte, desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el bloqueo de tarjeta adicional número --------, expedida por American Express Company (México), por las razones ahí expuestas. Por otro lado, en cuanto al diverso acto reclamado relativo al bloqueo de la cuenta de inversión número 171152201, aperturada en la Institución Financiera Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de territorio y con copia certificada del juicio de amparo 461/2021, de su índice, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que turne ese sumario de manera aleatoria. En virtud de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo, por encontrarse total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a la parte quejosa por lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual, acusa recibo de la determinación de quince de mayo último, en la que se le comunicó que no se aceptaba la competencia declinada del asunto; asimismo, informa que requirió a la parte quejosa, a efecto de que proporcione el domicilio donde aperturó su tarjeta de crédito ante la institución American Express Company (México), Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de determinar la competencia del juicio de amparo 461/2021, de su índice.. En virtud de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 19089/2021, signado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo 461/2021, de su índice, en virtud de que mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, dicho órgano se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ---------, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 388/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior, y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por las siguientes consideraciones: En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, en términos de lo que establece el artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de la materia, se procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia, a saber. Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. Precisado lo anterior, tenemos que del numeral 37, de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito: Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior, tenemos que en la segunda hipótesis, se establece que cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir, ante quien se presente la demanda de amparo. En ese sentido, conviene precisar que en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad de la autoridad responsable tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene una autoridad de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus determinaciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados en esencia: Por ende, si en el caso, el acto reclamado consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias, cheques, de inversiones, de ahorro y tarjetas de crédito de las cuales la quejosa es titular y/o cotitular, es indudable que el acto reclamado conlleva una ejecución material; por lo tanto, será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el territorio donde se haya ejecutado el acto reclamado, esto es, donde se haya aperturado la cuenta bancaria, de cheques, inversiones y ahorros o tarjeta de crédito. Es aplicable al asunto, la tesis XIX.1o.4 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2310, registro digital: 2021031, que esgrime: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA ASEGURAR, INMOVILIZAR O BLOQUEAR UNA CUENTA BANCARIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVENGA EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Y TENGA JURISDICCIÓN EN ALGÚN LUGAR EN QUE AQUÉLLA HAYA TENIDO EJECUCIÓN. Cuando se reclama en el juicio de amparo una instrucción proveniente de una autoridad hacendaria, en la que se ordena el aseguramiento, inmovilización o bloqueo de una cuenta bancaria, para fijar la competencia debe atenderse al lugar donde se ejecuta o está ejecutando dicha orden. Al respecto, si bien en principio ésta surte efectos en el lugar en que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, lo cierto es que sus efectos irradian a lo largo del territorio nacional. Ahora, la fijación de las reglas de competencia en el juicio de amparo tiene como propósito facilitar a las personas el acceso a la justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, no resulta aceptable limitar a los usuarios financieros a que, necesariamente, tramiten el juicio de amparo en el lugar donde se encuentra la sucursal a la que corresponda su cuenta bancaria, cuando sus efectos no se limitan a ese sitio e, incluso, es posible que ni siquiera radiquen o lleven a cabo ahí sus actividades ordinarias, lo que resultaría en detrimento de su derecho fundamental de acceso a la justicia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto y tenga jurisdicción en algún lugar en que se demuestre que haya tenido ejecución la orden reclamada, en la inteligencia de que podrá ser uno diverso a donde se encuentre la sucursal a la que corresponde la cuenta, siempre que se acredite que ahí tuvo ejecución la orden o, al menos, exista una manifestación bajo protesta de decir verdad en esos términos." Ahora, de las constancias recibidas por este Juzgado Federal, se aprecia que en proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo 461/2021, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haber hecho el análisis correspondiente de la demanda de amparo, determinó prevenir a la promovente para que manifestara bajo protesta de decir verdad, el lugar donde aperturó la cuenta de inversión 171152201, sin que hubiera hecho el requerimiento pertinente de la tarjeta de crédito adicional número ------------, otorgada por American Express Company (México) S. A. de C.V.; pues, como bien lo refiere la parte quejosa, se trata de cuentas aperturadas por diferentes instituciones financieras. Luego, una vez hecha la aclaración solicitada, en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, el Homólogo Federal, determinó remitir la demanda a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, al carecer de competencia legal en dicho asunto al tener conocimiento por parte de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, que la cuenta de inversiones número ---------------, se había aperturado en la sucursal 573, en Naucalpan, Estado de México. De ahí, que este Juzgado no comparte respetuosamente el criterio asumido; pues, se considera que al haberse reclamado el bloqueo de diversas cuentas, la prevención referida debió abarcar a la totalidad de las cuentas y no únicamente a saber en qué lugar se había aperturado la cuenta de inversión ---------, sin que se requiriera el lugar donde se aperturó la tarjeta de crédito adicional número -----------, otorgada por American Express Company (México), Sociedad Anónima de Capital Variable, motivo por el cual la parte quejosa atendió únicamente a precisar la ubicación del lugar donde se aperturó la cuenta de inversión --------. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para este Juzgado que el domicilio legal de la institución American Express Company (México), Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra ubicada en la Ciudad de México, como puede visualizarse de la página https://www.americanexpress.com. En ese sentido, para el caso de que la tarjeta de crédito adicional número -------------, se haya aperturado en la Ciudad de México, es menester que previo al auto de incompetencia, vía incidental se decrete la separación de los autos, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, como lo indica la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118, registro digital 197671, que aduce: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así como, la jurisprudencia P./J. 77/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 118, registro digital 197670, que dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Bajo este contexto, de las jurisprudencias citadas, se obtiene que para llevar a cabo la separación de juicios se debe realizar lo siguiente: I. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, o desvinculados entre sí, o que ello surja con motivo de la rendición de los informes justificados es necesario que se haga una separación de juicios, a pesar de que no está específicamente regulada en la Ley de Amparo, porque ella debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. II. Que la separación de juicios podrá hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. III. Que el trámite de separación de juicios deberá ser vía incidental, aplicando en lo pertinente lo preceptos que regulan la acumulación. IV. Que al resolver sobre la separación de juicios, el Juez de Distrito proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, ordenando el trato que a cada uno corresponda jurídicamente. En este aspecto, se debe determinar que todos son de su competencia, los cuáles fallará por cuerda separada, pero si uno de ellos resulta ser competencia de otro órgano jurisdiccional, sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se le debe dar el trámite correspondiente. De ahí, que la separación de juicios, nuestro Máximo Tribunal precisó que persigue una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, que eviten en lo futuro el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. En tal virtud, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencialmente determinó la procedencia de la separación de los juicios, así como las reglas para su tramitación y resolución en los juicios de amparo, según lo cual, si en un juicio de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, o bien, si dicha demanda ha sido admitida y durante la tramitación del juicio se advierte esta situación con motivo de los informes justificados, podrá válidamente iniciarse de oficio su separación, desde la etapa de la admisión de demanda y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, y al no compartir el criterio sustentado por el Juzgado declinante, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo 461/2021, de su estadística y sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitando atentamente que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, la lista de este Juzgado Federal, ya que el que proporciona se encuentra fuera de la residencia de este Órgano Federal, hasta en tanto, proporcione un nuevo domicilio en el municipio de Naucalpan de Juárez, lugar de residencia de este Juzgado, o bien, en algún municipio que se encuentre en el territorio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Con fundamento en el ordinal 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios del ordinal 12, de la Ley de Amparo a Gerardo Muzquiz Zetina y Luis Alberto Margarito Aguilar, toda vez que cuentan con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto a las diversas personas que señala, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. De conformidad con la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a la parte quejosa, para los fines que precisa. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en términos de lo que establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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