Patricia Hernández Soto
Expediente 805/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Patricia Hernández Soto
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar, y téngase por rendido el informe justificado, en virtud de que por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda.
- Juicio de Amparo Directo
SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Patricia Hernández Soto, por derecho propio, en contra la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, del Tribunal Superior Estado de México, en el toca 754/2023 y su ejecución atribuida al Juez Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izacalli, Estado de México, en el expediente 285/2021. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como tercero interesado a Osvaldo Humberto Serrano Ulibarri; de quien obra constancia de emplazamiento. Lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que a la parte tercera interesada ya se le notificó la presentación de la demanda de amparo, corriéndole traslado con la misma, como lo establece el artículo 178, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, con ello se satisface el requisito que prevé el diverso numeral 26, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, cuyo contenido estatuye la obligación de realizar de manera personal la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, cuyo objeto es precisamente que tenga conocimiento de la demanda de amparo y que esté en aptitud de comparecer al tribunal colegiado respectivo en defensa de sus intereses; de ahí, que la interpretación sistemática de dichos preceptos, permita a este Tribunal Colegiado considerar que la notificación a las partes a que se contrae el artículo 181, citado en párrafos que preceden, para que presenten alegatos o amparo adhesivo, así como las demás determinaciones incluyendo las que se ordenen de manera personal deben ser realizados en el supuesto en que ya se encuentren emplazados, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, siguiendo las formalidades que al efecto establece el ordinal 29, del tan citado ordenamiento legal; esto, mientras no designen domicilio para ese efecto. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Tribunal Federal; en consecuencia, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, practíquensele por medio de lista electrónica, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo. Respecto de Raquel Loya Ángeles, persona que señala como autorizada para oír y recibir notificaciones, se le reconoce ese carácter en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que proporcionaron los datos correspondientes a sus cédulas profesionales, los cuales, coinciden con los números de registro único obtenidos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, mismos que se agregan a los presentes autos. Por otra parte, en relación con los diversos autorizados, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones; limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciados en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquéllas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Por cuanto hace a la solicitud de suspensión, dígasele a la quejosa que en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, corresponde a la autoridad responsable proveer respecto de la medida cautelar. Conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Finalmente, conforme a una interpretación sistemática de los artículos 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ordenan realizar versiones públicas de las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que tienen el derecho para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, lo cual, deben manifestarlo de manera expresa a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa en el presente asunto, conlleva al no otorgamiento de su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos.
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