Patricia Hernández López
Expediente 780/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia Hernández López
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. I. Se recibe incompetencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, remite cuadernillo de amparo, con la demanda original, una copia de la misma, copia certificada del oficio 3230, expediente C-832/2018 en un tomo, toca 248/2019, cuadernillo de constancias del mismo y un sobre con documentos; dada la voluminosidad de las constancias que se reciben, fórmense cuatro tomos por separado. Acúsese recibo de estilo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los diversos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad, y se provee: II. Parte quejosa. Patricia Hernández López. III. Autoridad responsable. Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otras. IV. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 780/2019-V. V. Se desecha demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias del juicio de origen que remitió la autoridad responsable, de las cuales se desprende lo siguiente: 1. Luz Delia Galindo Landin, demandó en la vía ordinaria civil a Juan Gabriel Quintero Hernández y Patricia Hernández López -aquí quejosa-, la acción de vencimiento anticipado de contrato de otorgamiento de crédito del adeudo y del plazo, así como el pago de pesos. 2.- A la Juez Sexto Civil de Partido de esta ciudad, le correspondió el conocimiento del asunto, la registró con el número C-832/2018 y previa prevención, la admitió a trámite. 3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, la demandada Patricia Honradez López dio contestación a la demanda y opuso la excepción de improcedencia de la vía, bajo el argumento de que el fondo versa sobre un crédito perteneciente a un fideicomiso, por lo que su regulación compete a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el Código de Comercio. 4.- Posteriormente, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve se declaró improcedente dicha excepción procesal. 5.- Inconforme con esa determinación, la parte demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación que se radicó ante la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la capital, quien lo tramitó bajo el número de toca 248/2019. Al resolver ese recurso, dicho órgano jurisdiccional estimó confirmar la interlocutoria impugnada. La resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la capital, que confirma la interlocutoria de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual se declaró improcedente la excepción de improcedencia de la vía, hecha valer por la quejosa, en el juicio C-832/2018, del registro del Juzgado Sexto Civil de Partido, perteneciente a esta ciudad, es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 248/2019, del índice de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por la cual confirmó la resolución de veintiuno de marzo del acto que transcurre, emitida en el juicio ordinario civil C-832/2018, por el cual se declaró improcedente la excepción de improcedencia de la vía, propuesta por la parte demandada, aquí quejosa. En tal virtud, la resolución combatida no se considera de imposible reparación contra la peticionaria del amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Lo que no acontece en el caso concreto, pues al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen, es innegable la posibilidad de que en su momento la quejosa pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa, pues resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretada a contrario sensu. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 108/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, Materia Común, visible en la página doscientos noventa y cuatro, tomo XXII, Octubre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 176,992, que dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." De igual forma, en caso de que la sentencia definitiva que en su momento se dicte en el juicio de origen resulte contrario a los intereses de la parte quejosa, el perjuicio que le haya generado la resolución reclamada, podrá impugnarlo como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de los artículos 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, Materia Común, visible en la página cuarenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, Junio de mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 216131, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizados. No obstante que la parte quejosa señaló en su demanda de amparo como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado al que le correspondiera conocer el asunto, y toda vez que de las constancias del juicio de origen, se advierte que señaló como último domicilio procesal el ubicado en calle J. Ma. Belauzarán, número 444 bajos (casi esquina con Júpiter), del Fraccionamiento Villa Insurgentes de esta ciudad, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente resolución en dicho domicilio. Asimismo, se le deberá requerir para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de León, Guanajuato, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, téngasele designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Gómez Becerra, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo a Jesús Enrique Gómez Becerra, por no encontrase en dicho supuesto. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66,68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.
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