Patricia Hermosillo Domínguez

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Patricia Hermosillo Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    El nueve de octubre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dos al ocho de octubre del año en curso, con exclusión de los días cinco y seis del mes y año en curso por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo al informe justificado, consistentes en el expediente 973/2016, relativo al procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    CUENTA. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 13359, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, promovido por Patricia Hermosillo Domínguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como el expediente 973/2016, relativo al procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación. La circunstancia de que los licenciados María Sonia Ramírez Guerrero y Armando Ramírez Guerrero (10198612 y 2311689), tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Juan Francisco Guerrero Ramírez. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, promovido por Patricia Hermosillo Dominguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como el expediente 973/2016, relativo al procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en los Mochis, Sinaloa determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Patricia Hermosillo Dominguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 739/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revisión, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado promovido por la aquí quejosa y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, se estima que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo texto informa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". De la interpretación de la porción transcrita, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando en él se reclamen resoluciones dictadas en un juicio de amparo o en su ejecución, pues las resoluciones principales o sentencias, así como las de trámite, autos, actos de autoridad o cualquier otra actuación de tramitación que surja en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de la misma naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables, así como la indebida revisión de los actos de un órgano de control constitucional por otro de igual naturaleza, en un juicio que tiene ese fin. En el caso, la quejosa reclama: "La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revisión, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado promovido por la aquí quejosa y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda". Ahora bien, se advierte de la demanda como de los anexos que se adjuntan los antecedentes siguientes: 1. Mediante escritos de siete de septiembre de dos mil dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la quejosa Patricia Hermosillo Domínguez y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda, respectivamente, presentaron solicitud de adjudicación, ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, respecto del lote 37 fracción B-PTE, con superficie de 50-44-50 hectáreas, ubicado en la colonia Ganaderos Unidos, del municipio de Fresnillo, Zacatecas (fojas 12 y 36 del cuaderno de pruebas). 2. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria dentro del expediente 973/2016, únicamente con la asistencia del tercero interesado y no así de la quejosa (foja 54 del cuaderno de pruebas). 3. El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de adjudicación, en los términos siguientes (foja 62 a 65 ídem): "PRIMERO. La vía administrativa ejercida por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, ha sido la idónea más en ella no acreditó los extremos legales de su acción; por tanto: SEGUNDO. Se declara improcedente el procedimiento de adjudicación promovido por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, respecto del lote 37, fracción "B", poniente con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas. TERCERO. La vía administrativa ejercida por el ciudadano Conrado Moran Castañeda, ha sido la idónea más en ella acreditó los extremos legales de su acción; por tanto: CUARTO. Se declara procedente la solicitud de adjudicación promovida por el ciudadano Conrado Moran Castañeda, respecto del lote 37, fracción "B" poniente, con superficie 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, hágase la devolución de los derechos que en un principio le pertenecieron a través del título marcado con el número 213, expedido por el ejecutivo del estado en fecha tres del mes de septiembre del año dos mil novecientos noventa y tres, ordenándose se realice la devolución de su título tal y como se encuentra en favor del ciudadano Conrado moran Castañeda. 4. Inconforme con la resolución que antecede, la quejosa Patricia Hermosillo Domínguez, interpuso recurso de revisión (fojas 69 a 75 ídem) el cual, se resolvió en resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, bajo los resolutivos siguientes (fojas 107 a 123 ídem): "PRIMERO. Es procedente la vía y forma intentada por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, y en ella, la recurrente logra acreditar los extremos legales, para revocar la resolución definitiva de fecha cinco del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido dentro del considerando "CUARTO" de la presente resolución. SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, esta Secretaría General de Gobierno Asumió Jurisdicción en el presente asunto, para el efecto de determinar la adjudicación respecto del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, realizada por un lado por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez y por otro lado por el ciudadano Enrique Moran Castañeda. TERCERO. Una vez analizadas las solicitudes de adjudicación de referencia, y de conformidad a que ambas peticiones cumplen con los requisitos marcados por la legislación de la materia, y al no haber llegado a una resolución en la vía conciliatoria entre los solicitantes, se determinó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas, declarar la adjudicación del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, en favor de la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez por haber sido la primer solicitante respecto del lote pretendido. CUARTO. Expídase el título respectivo en favor de la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, que ampare la titularidad del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, previo al pago realizado por el nuevo adjudicatario a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, así como el respectivo pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que correspondan y de expedición del título." 5. Inconforme con la anterior resolución el tercero interesado Conrado Moran Castañeda y mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demandó el amparo y protección de la justicia federal, la que por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se registró con el número 2012/2018. 6. Una vez seguido el juicio, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia terminada de engrosar el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable diera a cumplimiento a lo siguiente: [.] "1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, que resuelve el recurso de revisión interpuesto en contra de la diversa emitida dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016. 2. En su lugar emita otra, en la que bajo las consideraciones expuestas en la presente sentencia, confirme la de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016, esto es, tenga por adjudicado el lote materia de ese procedimiento al aquí quejoso, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas" [.] Así, en cumplimiento a la anterior ejecutoria la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada en el juicio de amparo 2012/2018, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar dictó la determinación que aquí se reclama de quince de marzo de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016, que tuvo por adjudicado el lote materia del procedimiento administrativo al señalado aquí como tercero interesado. De este modo las consideraciones apuntadas llevan a establecer que la resolución reclamada de quince de marzo de dos mil diecinueve, fue dictada por la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad dentro del procedimiento de desistimiento y adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, en cumplimiento a los efectos decretados en la sentencia ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 2012/2018, fallo protector en el cual no se dejó libertad de jurisdicción a la responsable, sino que se entró al fondo del asunto y se dieron lineamientos precisos que debía cumplirse por parte de la responsable. Lo anterior es así, pues la razón que subyace a la fracción IX del artículo 61 de la ley de la materia, es dar seguridad jurídica a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo, lo cual significa que lo visto y resuelto se dilucidará una sola vez, con la consecuente certeza de que no se promoverán interminables juicios de amparo que dejen en incertidumbre al gobernado, ya que la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico ya realizado previamente en el juicio de amparo que se cumplimentó. Pues el precepto citado al establecer que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector, como en el caso acontece, y por ende, la responsable no puede actuar conforme le plazca, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ya que son precisamente las consideraciones y los lineamientos de las ejecutorias de amparo las cuales constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las resoluciones, ya sea con o sin libertad de jurisdicción. Lo anterior se ve robustecido con la Jurisprudencia 2ª./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Materia Común, página 539, con número de registro 171753, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Lo anterior es así, pues como se ha visto a lo largo de la presente determinación, el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la concesión de amparo y la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional (sin plenitud de jurisdicción), por lo que resulta incuestionable que el acto impugnado ya no puede ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, so pena de afectar el principio de cosa juzgada y por ende generar inseguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J. 57/2018 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 60, noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Materias: Constitucional, Común, con número de registro 2018315, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derecho promovida por Patricia Hermosillo Domínguez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tienen como autorizado en los amplios término del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados María Sonia Ramírez Guerrero y Armando Ramírez Guerrero (10198612 y 2311689), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Katia Stephania Ríos Diosdado, Christian Armando Ramírez Torres, Alexis Daniel Ramírez Torres y Fátima Yanet Cárdenas Rodríguez y Juan Francisco Ramírez Sánchez; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles número seiscientos dos (602), local cuatro (4), del fraccionamiento Barro Sierra, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 13359, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, promovido por Patricia Hermosillo Domínguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como el expediente 973/2016, relativo al procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación. La circunstancia de que los licenciados María Sonia Ramírez Guerrero y Armando Ramírez Guerrero (10198612 y 2311689), tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Juan Francisco Guerrero Ramírez. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, promovido por Patricia Hermosillo Dominguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como el expediente 973/2016, relativo al procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo administrativo 420/2019, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en los Mochis, Sinaloa determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Patricia Hermosillo Dominguez, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 739/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revisión, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado promovido por la aquí quejosa y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, se estima que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo texto informa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". De la interpretación de la porción transcrita, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando en él se reclamen resoluciones dictadas en un juicio de amparo o en su ejecución, pues las resoluciones principales o sentencias, así como las de trámite, autos, actos de autoridad o cualquier otra actuación de tramitación que surja en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de la misma naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables, así como la indebida revisión de los actos de un órgano de control constitucional por otro de igual naturaleza, en un juicio que tiene ese fin. En el caso, la quejosa reclama: "La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revisión, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado promovido por la aquí quejosa y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda". Ahora bien, se advierte de la demanda como de los anexos que se adjuntan los antecedentes siguientes: 1. Mediante escritos de siete de septiembre de dos mil dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la quejosa Patricia Hermosillo Domínguez y el tercero interesado Conrado Morán Castañeda, respectivamente, presentaron solicitud de adjudicación, ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, respecto del lote 37 fracción B-PTE, con superficie de 50-44-50 hectáreas, ubicado en la colonia Ganaderos Unidos, del municipio de Fresnillo, Zacatecas (fojas 12 y 36 del cuaderno de pruebas). 2. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria dentro del expediente 973/2016, únicamente con la asistencia del tercero interesado y no así de la quejosa (foja 54 del cuaderno de pruebas). 3. El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de adjudicación, en los términos siguientes (foja 62 a 65 ídem): "PRIMERO. La vía administrativa ejercida por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, ha sido la idónea más en ella no acreditó los extremos legales de su acción; por tanto: SEGUNDO. Se declara improcedente el procedimiento de adjudicación promovido por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, respecto del lote 37, fracción "B", poniente con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas. TERCERO. La vía administrativa ejercida por el ciudadano Conrado Moran Castañeda, ha sido la idónea más en ella acreditó los extremos legales de su acción; por tanto: CUARTO. Se declara procedente la solicitud de adjudicación promovida por el ciudadano Conrado Moran Castañeda, respecto del lote 37, fracción "B" poniente, con superficie 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, hágase la devolución de los derechos que en un principio le pertenecieron a través del título marcado con el número 213, expedido por el ejecutivo del estado en fecha tres del mes de septiembre del año dos mil novecientos noventa y tres, ordenándose se realice la devolución de su título tal y como se encuentra en favor del ciudadano Conrado moran Castañeda. 4. Inconforme con la resolución que antecede, la quejosa Patricia Hermosillo Domínguez, interpuso recurso de revisión (fojas 69 a 75 ídem) el cual, se resolvió en resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, bajo los resolutivos siguientes (fojas 107 a 123 ídem): "PRIMERO. Es procedente la vía y forma intentada por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, y en ella, la recurrente logra acreditar los extremos legales, para revocar la resolución definitiva de fecha cinco del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido dentro del considerando "CUARTO" de la presente resolución. SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, esta Secretaría General de Gobierno Asumió Jurisdicción en el presente asunto, para el efecto de determinar la adjudicación respecto del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, realizada por un lado por la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez y por otro lado por el ciudadano Enrique Moran Castañeda. TERCERO. Una vez analizadas las solicitudes de adjudicación de referencia, y de conformidad a que ambas peticiones cumplen con los requisitos marcados por la legislación de la materia, y al no haber llegado a una resolución en la vía conciliatoria entre los solicitantes, se determinó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas, declarar la adjudicación del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, en favor de la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez por haber sido la primer solicitante respecto del lote pretendido. CUARTO. Expídase el título respectivo en favor de la ciudadana Patricia Hermosillo Domínguez, que ampare la titularidad del lote 37 fracción "B-PTE", con superficie de 50-44-50 hectáreas de agostadero, inmueble ubicado en la colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a al Ex hacienda del Mezquite, del Municipio Frenillo, Zacatecas, previo al pago realizado por el nuevo adjudicatario a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, así como el respectivo pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que correspondan y de expedición del título." 5. Inconforme con la anterior resolución el tercero interesado Conrado Moran Castañeda y mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demandó el amparo y protección de la justicia federal, la que por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se registró con el número 2012/2018. 6. Una vez seguido el juicio, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia terminada de engrosar el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable diera a cumplimiento a lo siguiente: [.] "1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, que resuelve el recurso de revisión interpuesto en contra de la diversa emitida dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016. 2. En su lugar emita otra, en la que bajo las consideraciones expuestas en la presente sentencia, confirme la de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016, esto es, tenga por adjudicado el lote materia de ese procedimiento al aquí quejoso, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas" [.] Así, en cumplimiento a la anterior ejecutoria la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada en el juicio de amparo 2012/2018, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar dictó la determinación que aquí se reclama de quince de marzo de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo de adjudicación 973/2016, que tuvo por adjudicado el lote materia del procedimiento administrativo al señalado aquí como tercero interesado. De este modo las consideraciones apuntadas llevan a establecer que la resolución reclamada de quince de marzo de dos mil diecinueve, fue dictada por la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad dentro del procedimiento de desistimiento y adjudicación número 973/2016, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, en cumplimiento a los efectos decretados en la sentencia ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 2012/2018, fallo protector en el cual no se dejó libertad de jurisdicción a la responsable, sino que se entró al fondo del asunto y se dieron lineamientos precisos que debía cumplirse por parte de la responsable. Lo anterior es así, pues la razón que subyace a la fracción IX del artículo 61 de la ley de la materia, es dar seguridad jurídica a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo, lo cual significa que lo visto y resuelto se dilucidará una sola vez, con la consecuente certeza de que no se promoverán interminables juicios de amparo que dejen en incertidumbre al gobernado, ya que la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico ya realizado previamente en el juicio de amparo que se cumplimentó. Pues el precepto citado al establecer que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector, como en el caso acontece, y por ende, la responsable no puede actuar conforme le plazca, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ya que son precisamente las consideraciones y los lineamientos de las ejecutorias de amparo las cuales constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las resoluciones, ya sea con o sin libertad de jurisdicción. Lo anterior se ve robustecido con la Jurisprudencia 2ª./J. 140/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Materia Común, página 539, con número de registro 171753, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Lo anterior es así, pues como se ha visto a lo largo de la presente determinación, el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la concesión de amparo y la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional (sin plenitud de jurisdicción), por lo que resulta incuestionable que el acto impugnado ya no puede ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, so pena de afectar el principio de cosa juzgada y por ende generar inseguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J. 57/2018 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 60, noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Materias: Constitucional, Común, con número de registro 2018315, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derecho promovida por Patricia Hermosillo Domínguez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tienen como autorizado en los amplios término del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados María Sonia Ramírez Guerrero y Armando Ramírez Guerrero (10198612 y 2311689), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Katia Stephania Ríos Diosdado, Christian Armando Ramírez Torres, Alexis Daniel Ramírez Torres y Fátima Yanet Cárdenas Rodríguez y Juan Francisco Ramírez Sánchez; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Jesús Reyes Heroles número seiscientos dos (602), local cuatro (4), del fraccionamiento Barro Sierra, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

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