Patricia Guerrero Lázaro
Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Guerrero Lázaro
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, ambos de apellidos ********************, apoderados jurídicos de la quejosa ********************, por medio del cual desahogan correctamente la prevención de la demanda, contenida en proveído de treinta de enero del presente año, esto es, bajo protesta de decir verdad, indican de manera precisa y concreta el número de expediente del que deriva el acto reclamado y el Tribunal ante quien se ventila, es decir, juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Asimismo, exhiben las copias suficientes de dicho escrito aclaratorio, necesarias para correr traslado a las partes e integrar el expediente único del incidente de suspensión del acto reclamado solicitado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del respectivo escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído de ********************, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, que sobre acción de prescripción positiva promovió ********************, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** y/o ********************, representada por su albacea definitivo ********************, por el que el a quo determinó no haber lugar a tener a dicho albacea por interponiendo recurso de apelación contra el auto de ********************, a través del cual el citado juzgador estableció no haber lugar a tener al propio representante legal de la sucesión por contestando la demanda por no tener carácter reconocido dentro de ese sumario. De lo anterior, se colige que el acto reclamado en la presente instancia constitucional redunda en una sola cuestión, esto es, la afectación a los derechos que la quejosa refiere ostentar como heredera, dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, instaurado en contra de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto ******************** y/o ********************, representada por su albacea definitivo ********************. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento deben analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, desechar de plano la demanda, tal como lo establece el precepto 113 de la propia legislación que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ********************, a través de su apoderada legal Paloma Morelia ******************** y otros, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se tilda de inconstitucional no afecta los intereses jurídicos de la agraviada. En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por su parte, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que el interés jurídico se traduce en un derecho subjetivo legítimamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías, en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo. En ese sentido, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por la impetrante de garantías, debe, en todo caso, demostrarse plenamente y no sólo de modo presuntivo que con el dictado del acto reclamado, le fue causado un detrimento o lesión jurídica, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia VI 3°.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Asimismo, se invoca la diversa tesis de jurisprudencia I. 1º.T.J/59, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tomo XXVIII, Octubre de 2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 2180, que es del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Concatenado con lo anterior, resulta trascendente precisar que los artículos 844 y 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 844. Los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios. Asimismo, tienen como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él." "Artículo 872. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuarias, hereditarias y testamentarias; VI. La participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella; y, IX. Las demás que le imponga la Ley". De los numerales anteriores se desprende, con absoluta claridad, que el único facultado para representar y defender los bienes o intereses de la sucesión, cuando ya existe el nombramiento respectivo, su aceptación y protesta, lo es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por los herederos para defenderlos será improcedente al carecer de legitimación para ello. En el caso, de la demanda de garantías se desprende que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, comparece por su propio derecho a reclamar lo actuado dentro del juicio ordinario civil ********************, que sobre acción de prescripción positiva promovió ********************, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** y/o ********************, representada por el albacea definitivo ********************; procedimiento dentro del cual, según refiere la parte promovente, el Juez señalado como responsable determinó no haber lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por el propio albacea, contra el auto que declaró improcedente la acción por éste intentada tendente a dar contestación a la demanda instaurada contra la sucesión intestamentaria que legalmente representa. Antecedentes que la quejosa, por conducto de sus apoderados legales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Así, es manifiesto que el acto que reclama la quejosa no afectan sus intereses jurídicos y por tanto, carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías, pues no obstante que se encuentran vinculados con el juicio ordinario civil ********************, del consecutivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, en contra de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, tal acto de molestia no engendra un perjuicio directo respecto de su persona, sino de la sucesión a bienes de éste, representada por ********************, en cuanto albacea definitivo. De tal suerte que, como se adelantó, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, caso contrario, éste será improcedente; lo que acontece en la especie, puesto que los actos reclamados no producen de manera directa una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa; en todo caso, la afectada sería la sucesión a bienes del de cujus. En efecto, del contenido de la demanda de garantías, así como del escrito de aclaración respectivo, se advierte lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fue radicado el juicio sucesorio intestamentario ********************, a bienes del extinto ******************** y/o ********************, dentro del cual fue designado albacea definitivo ********************, quien aceptó y protestó el cargo conferido. 2. Posteriormente, ********************, en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva, demandó a la referida sucesión intestamentaria, juicio que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta localidad, el que fue registrado bajo el número de juicio ********************. 3. Dentro de dicho procedimiento civil ordinario, ********************, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria demandada, pretendió dar contestación a la demanda, haciendo suyas las constancias exhibidas por la parte actora relativas al juicio sucesorio intestamentario ********************; acto procesal al que recayó el acuerdo de ********************, en el que el a quo determinó no haber lugar a tener por contestada la demanda intentada por el albacea definitivo de la sucesión demandada ********************, al comparecer por su propio derecho, virtud a que la demanda había sido instaurada en contra del propio ********************, en cuanto albacea de la sucesión, quien ya había sido emplazada a juicio. 4. Contra esa determinación, el albacea de la sucesión intestamentaria demandada interpuso recurso de apelación, al que recayó el proveído de ********************, en el sentido de no haber lugar a tener por interpuesto tal medio de impugnación por notoriamente improcedente, habida cuenta que dicha resolución judicial no resultaba apelable conforme a lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; acto de autoridad que constituye esencialmente el acto de reclamo en el presente juicio constitucional. Derivado de tal narración de hechos, se advierte que la agraviada, en su carácter de heredera que le fue reconocido dentro del mencionado juicio sucesorio intestamentario ********************, se duele fundamentalmente del procedimiento llevado dentro del juicio ordinario civil ********************, de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, que sobre prescripción positiva promovió ********************, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** y/o ********************, representada por su albacea definitivo ********************, pues refiere que el acuerdo reclamado de ********************, que contiene la determinación de no tener por interpuesto recurso de apelación contra el auto de ********************, intentado por el albacea definitivo de la sucesión demandada, carece de legalidad al resultar falto de fundamentación y motivación. Así, se puntualiza que la afectación que resiente la quejosa deriva directamente del juicio ordinario civil ********************, que sobre prescripción positiva promovió ********************, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** y/o ********************, toda vez que del análisis de sus argumentos vertidos en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación, se advierte que están encaminados a combatir las determinaciones contenidas en él; por ende, carece de legitimación para promover el presente juicio al no encontrarse legitimada para gestionar de propio derecho, al encontrarse designado en dicho sucesorio ********************, como albacea definitivo, que es en todo caso al que le correspondería acudir al presente juicio de garantías a reclamar los actos llevados a cabo en el juicio civil ordinario de marras, materia del acto reclamado. Ello es así, pues en todo caso, la legitimación activa para acudir a esta instancia constitucional le corresponde al albacea de la sucesión a bienes de José Luis ******************** y/o Luis ********************, esto es, a ********************. Sirve de apoyo, por analogía jurídica y por las razones que la conforman, la tesis II.2o.C.395 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1082, tomo XVII, febrero de 2003, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual". En efecto, de acuerdo a lo previsto en párrafos que anteceden, la quejosa ********************, en su carácter de coheredera, carece de legitimación procesal activa para demandar el presente amparo, puesto que conforme a los numerales transcritos del Código Civil para el Estado de Michoacán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea ******************** y no a los herederos, como en el caso acontece, pues la calidad de la quejosa respecto de la masa universal de bienes del de cujus no es individual, sino en comunidad con el resto de los herederos reconocidos en el juicio. Además de que los herederos pueden ejercer las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, cuando sean reales o personales, siempre y cuando no se haya nombrado interventor ni albacea; lo que no sucede en la especie, pues como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado, en el juicio sucesorio intestamentario se designó como albacea definitivo al referido ********************; sin que de autos conste que a la fecha de presentación del juicio de amparo que nos ocupa se haya revocado dicho nombramiento, por lo que atendiendo a los dispositivos antes citados del código sustantivo civil en la entidad, es a dicha persona a quien le corresponde instar las acciones que considere procedentes para velar por los intereses generales de la sucesión, y no a la promovente del amparo, aunque ésta también, en su caso, haya sido reconocida como heredera. Por tanto, es precisamente ********************, en su carácter de albacea de la sucesión, quien resultaría legitimado para promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad que la ahora quejosa estima vulnera sus garantías individuales protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/241, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1462, tomo XX, Agosto de 2004, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea" (lo resaltado es nuestro). Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal Paloma Morelia ******************** y otros, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de febrero de dos mil veintitrés. ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese el escrito signado por ********************, ambos de apellidos ********************, apoderados jurídicos de la quejosa ********************, por medio del cual pretenden desahogar la prevención de la demanda realizada en proveído de treinta de enero del presente año, en el sentido de que, bajo protesta de decir verdad, indicaran de manera precisa y concreta el número de expediente del que deriva el acto reclamado y el Tribunal ante quien se ventila; asimismo, exhibieran las copias suficientes de la demanda de garantías y escrito de aclaración correspondiente, necesarias para correr traslado a las partes e integrar el expediente único del incidente de suspensión del acto reclamado solicitado. NO HA LUGAR A TENER POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. No obstante, no ha lugar a tener por desahogada tal prevención del libelo constitucional, toda vez que las manifestaciones realizadas por los ocursantes tendentes a desahogar dicho requerimiento, no las realizan bajo protesta de decir verdad, incumpliendo con ello los términos previstos en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." Consecuentemente, mediante notificación personal, dígase a los promoventes que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", el plazo que se les otorgó se interrumpió ante la presentación del ocurso de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que intentan, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el numeral 108, fracciones III y V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para el desahogo correcto de la prevención de la demanda, el que deberá ser realizado por escrito y bajo protesta de decir verdad; advertida de las sanciones a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado. En el entendido de que, del escrito en que se cumpla correctamente con la aludida prevención de la demanda, deberán ser exhibidas las copias suficientes para correr traslado a la totalidad de las partes e integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada. APERCIBIMIENTO. Hágase saber a la parte promovente, que de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de enero del año en curso. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." En el entendido que el desahogo correcto de la prevención de la demanda deberá ser realizada directamente por la quejosa directa o bien, por sus apoderados legales y no por persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que ésta carece legalmente de facultades para hacerlo, pues es de explorado derecho que no puede actuar como si fuera ella quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la aclaración del libelo constitucional, ya que esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, la quejosa ********************, o sus apoderados legales. Lo que pone de relieve, que la aclaración en que bajo protesta de decir verdad se hace del libelo constitucional, en cuanto a cuestiones de fondo, sólo incumbe, en el caso, a la parte promovente del amparo y no a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque estos únicamente cuentan con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyan en la configuración de la litis constitucional. En apoyo a la anterior consideración, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de enero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Paloma Morelia Vázquez López, Carlos Gerardo Vázquez López y Saúl Amador Gutiérrez Espino, quienes se ostentan mandatarios de la quejosa PATRICIA GUERRERO LÁZARO; carácter que les es reconocidos en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con base en la copia cotejada por notario público del poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor y otras personas por la referida agraviada, que para el efecto es exhibida; demanda instaurada contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 60/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previamente a proveer sobre la admisibilidad de la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes del amparo para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, bajo protesta de decir verdad, regularicen la demanda en cuanto a lo siguiente: a) Indiquen de manera precisa y concreta el número de expediente del que deriva el acto reclamado y al Tribunal al que pertenece. Lo anterior, tomando en consideración que son señaladas como autoridades responsables la Titular y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; sin embargo, en el párrafo segundo de la narrativa de los hechos y abstenciones que constituciones los antecedentes del acto tildado de inconstitucional, se precisa que lo es el juicio ordinario civil 251/2021, que sobre ejercicio de la acción de prescripción positiva promovió Raquel Guerrero Lázaro, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina. Sin embargo, en la parte final de los conceptos de violación, los promoventes refieren solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal para su mandante, y por consiguiente, se ordene la regularización del procedimiento dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, de esta localidad. Lo que genera incertidumbre y resulta necesario sea aclarado para dar mayor claridad a la suscrita a efecto de fijar debidamente la litis en este asunto, y en vía de consecuencia calificar la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa; y en todo caso, para establecer con exactitud la materia del reclamo y estar en condiciones de solicitarles sus informes de ley a las responsables y éstas puedan rendirlos adecuadamente, de resultar procedente la admisión de la demanda. Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del tomo XXIII, abril de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 301, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Sustenta también lo anterior, por analogía jurídica, la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." b) Exhiban dos copias más del escrito de demanda y anexos, toda vez que únicamente presentaron el escrito original y tres copias, como se desprende de la primera foja de tal escrito inicial y papeleta de turno; sin embargo, son necesarias cinco para distribuirse de la siguiente manera: dos para las autoridades que se precisan como responsables; otra para correr traslado a la parte tercero interesada, una más para hacer entrega al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, y la restante para integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada. APERCIBIMIENTO. Apercibidos que de no desahogar lo requerido dentro del plazo legal que para tal efecto se les confiere, o bien de no exhibir las copias suficientes de la demanda y escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, con base en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. En cambio de no exhibir las copias suficientes de la demanda y ocurso aclaratorio para integrar el cuaderno del incidente de suspensión solicitado, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se postergará su apertura hasta en tanto las presente, de resultar procedente la admisión de la demanda. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 86/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.". En el entendido que la prevención decretada sólo podrán cumplirla los propios promoventes o la quejosa directa, debido a que la misma entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, lo cual tiene implicaciones personales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2007285, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." En esa medida, hágase hincapié a la parte justiciable la obligación que tiene esta juzgadora federal de dar vista al Ministerio Público ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de delitos previstos en el referido dispositivo legal; ello con la finalidad de que la representación social investigue de inmediato. Apoya la anterior determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a), registro 2014917, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, consultable en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ODENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Resulta ilustrativa también, la Jurisprudencia 2ª./J.88/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, julio de 2006, página 348, registro 174745, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 127/99, visible en la página 32, tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192843 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase por señalado como domicilio de los promoventes para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en Paseo Real número 433, Fraccionamiento El Mirador, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, última parte, de la Ley de la materia, se tienen como personas autorizadas para los efectos antes precisados, así como para imponerse de constancias de autos y recibir documentos, a Isabel Gómez Mora, María Guadalupe Díaz Villagómez, Gerardo Alberto Vázquez López, Miguel Martín Román Canela, Laura Noemí Vaca Mora, Lucía Fuentes Carrillo y Blanca Yadira Moreno Navarro, toda vez que así lo indican los promoventes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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