Patricia Guadalupe Pelayo Sánchez

Expediente 1271/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1271/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Patricia Guadalupe Pelayo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL CUAL, SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° DE LA LEY DE AMPARO Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA EN CITA, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, DEL REFERIDO ACUERDO GENERAL, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO EN ORIGINAL, QUE DEVOLVER A LAS PARTES.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Se hace aclaración. Por razón de método, las promociones de cuenta se acordarán en orden distinto al en que fueron presentadas. Autoridad cumple con requerimiento. Ténganse por recibidos el oficio y anexo remitidos por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, remite su informe justificado y copia certificada del escrito presentado ante dicha autoridad el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, así como del acuerdo que recayó a dicha promoción, el ocho de febrero de dos mil diecinueve. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, se debe partir que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa, Patricia Guadalupe Pelayo Sánchez, promovió juicio de amparo, reclamando la abstención del Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de acordar el escrito presentado en el expediente de origen 1638/2007 de su índice, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se le reconociera el carácter de apoderado especial para pleitos y cobranzas de la parte aquí quejosa a Juan José Arellano Aguilar, así como también la expedición de copias certificadas del juicio de origen. Ahora bien, de las constancias remitidas con el informe aludido, se desprende que en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, la responsable proveyó el escrito de referencia. En relatadas condiciones, por lo que ve a las copias certificadas del expediente de origen, mismas que por ser documentales públicas gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Fotocopias certificadas, de las cuales, se advierte que en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó el escrito presentado por Juan José Arellano Aguilar, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 1638/2007, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Entonces, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, el quejoso acude a la instancia constitucional combatiendo la abstención del Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de emitir pronunciamiento relativo al escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; sin embargo, la citada autoridad responsable, informó y acreditó que en el procedimiento de origen se emitió el pronunciamiento correspondiente el ocho de febrero de dos mil diecinueve. En ese orden, si el promovente de amparo acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que el Juez responsable había sido omiso en emitir proveído respecto del escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, lo cierto es que al haberse acordado dicho escrito en el expediente de origen, el día ocho de febrero de dos mil diecinueve, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la quejosa, es para restituirlo en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la omisión de proveer sobre el escrito presentado por la hoy quejosa en el expediente natural, se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación del juez responsable de pronunciarse sobre el escrito de referencia, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en que la quejosa es parte procesal demandada. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Aunado a que el auto emitido por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por identidad, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada el cinco de diciembre de dos mil catorce, en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio promovido por Patricia Guadalupe Pelayo Sánchez, contra el acto consistente en la abstención del Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de proveer el escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con los artículos 62 y 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Estese. Finalmente, téngase por recibido el escrito y anexos signado por Arturo Cesar Balandrán Sepúlveda, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ángela Teresita de Jesús Estrada Esparza, Juez Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, ante José Enrique Blanco Fernández, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    TÉNGANSE POR RECIBIDOS EL OFICIO Y ANEXO REMITIDOS POR EL JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL, PRETENDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO REALIZADO EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE; SIN EMBARGO, SI BIEN HACE REFERENCIA AL OFICIO 1670/2019-VII, EMANADO DE ESTE JUICIO, EN EL QUE LA QUEJOSA , LO CIERTO ES QUE REMITE COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO SIENDO QUE EL JUICIO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO CONSTITUCIONAL ES EL DIVERSO 1638/2007. CONSECUENTEMENTE, EN VISTA DE QUE NO CUMPLIÓ CON EL REQUERIMIENTO REALIZADO EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE AL JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE ESTE PROVEÍDO, INFORME SI RECIBIÓ EL ESCRITO QUE LA PARTE QUEJOSA ADUCE PRESENTÓ EL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y DE SER EL CASO SI DICTÓ ACUERDO EN RELACIÓN CON ESTE Y DONDE LO HIZO, ES DECIR, EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL, EN EL CUADERNILLO FORMADO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE ACTUACIONES. APERCIBIDO QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O DE NO INFORMAR LAS CAUSAS LEGALES O MATERIALES QUE SE LO IMPIDA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA. AL NO CORRESPONDER AL PRESENTE JUICIO LAS CONSTANCIAS REMITIDAS, DEVUÉLVASE EL MISMO A LA AUTORIDAD REMITENTE.

  4. Principal

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTO, SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, INFORMÓ QUE SE ESTÁ TRAMITANDO UN INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE ACTUACIONES EN EL JUICIO DE ORIGEN; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASELE PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE ESTE PROVEÍDO, INFORME EL ESTADO QUE GUARDA DICHO INCIDENTE Y REMITA LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA ACREDITARLO. APERCIBIDO QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O DE NO INFORMAR LAS CAUSAS LEGALES O MATERIALES QUE SE LO IMPIDA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA. TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO DE CUENTA, QUE PRESENTA, ARTURO CESAR BALANDRAN SEPÚLVEDA, AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, DE LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE LE TIENE REALIZANDO MANIFESTACIONES EN VÍA DE ALEGATOS, LO CUAL SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. CON EL CONTENIDO DEL OCURSO DE CUENTA, DESE VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE ESTIME PERTINENTE.

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