Patricia Guadalupe Martinez Robledo

Expediente 1732/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 1 actuación registrada, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1732/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Patricia Guadalupe Martinez Robledo

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista a la promovente Torreón, Coahuila, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo 1699/2018 del indicé de ese tribunal federal, promovida por Patricia Guadalupe Martínez Robledo, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital en el Estado, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, con residencia en esta ciudad, en virtud de que, tanto los juicios de amparo indirectos 1969/2013 y 466/2017, de este juzgado, como el que se envía, derivan del juicio especial hipotecario 765/2012 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Viesca, con residencia en esta ciudad, por lo que, guardan estrecha relación. Ahora bien, del proveído en cita se advierte que dicho órgano jurisdiccional consideró que corresponde a este juzgado de distrito continuar con el conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por estimar que se actualiza el supuesto del artículo 46, fracción II, párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales (cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis). Al respecto, este juzgado federal acepta el returno planteado, fórmese y regístrese el expediente respectivo con el número 1732/2018-IV, que le correspondió tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes; acúsese el recibo. Ahora bien, al analizar de manera integral la demanda, este juzgado estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del diverso numeral 107, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, por las siguientes consideraciones. En principio, conviene precisar el contenido de los ya mencionados, cuyo tenor es: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;(.)". De la interpretación de los numerales antes transcritos, se desprende que, tratándose de actos dictados dentro de la fase de ejecución de sentencia, el juicio de amparo se torna improcedente si estos no constituyen la última resolución dictada en esa etapa, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Bajo esa óptica, cabe precisar que la promovente del amparo Patricia Guadalupe Martínez Robledo, se duele de la sentencia civil de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca civil 257/2018, del índice del Segundo Tribunal Distrital en el Estado, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó el auto de diecisiete de agosto del año en curso, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad dentro del Juicio Especial Hipotecario 765/2012. Lo que deja ver que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución del aludido Juicio Especial Hipotecario 765/2012, donde la quejosa fue legalmente oída y vencida. En esa medida, se tiene que el auto de diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 765/2012, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, así como las consecuencias de dicha resolución, son actos jurídicos emitidos dentro de la etapa de cumplimiento a la sentencia dictada dentro de ese procedimiento, por lo que tal acto no puede ser conceptuado como la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, pues como se estableció en párrafos anteriores, la "última resolución" dictada en el procedimiento es aquella en que se aprueba o se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ya que toda sentencia que imponga una obligación, queda sujeta a cumplirla, por tanto tiene efectos de ejecución. Luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, contra el referido acto reclamado por la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo, pues por su naturaleza constituye una resolución intermedia dictada después de concluido el juicio, la cual no es combatible a través del juicio de amparo indirecto, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro: 164639, tomo XXXI, mayo de 2010, materia civil, página 60, que reza: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Igualmente, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el número de registro 189344, visible en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, Novena época, cuyo contenido es el siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos dictados después de concluido el juicio, debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, esto es, hasta que se dicte la "última resolución" en dicho procedimiento, esto en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. En apoyo se invoca, la tesis jurisprudencial 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo II, Abril de dos mil dieciséis, página 1066, que reza como sigue: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Sin que obste para quien esto resuelve, que en el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia previene al demandado para que dentro del término de tres días extienda a favor de la parte actora el título de propiedad correspondiente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se otorgará la escritura en rebeldía; situación última que en el presente caso aún no acontece, pues dicha orden está condicionada a la voluntad del demandado, por tanto, el quejoso esta en condición de optar por cumplir o no con la disposición del juez; ahora bien, en el supuesto de que el quejoso decida no otorgar la escritura del bien inmueble a la parte vencedora, el juez que conoce del asunto decidirá si ordena la escrituración en rebeldía. Así el supuesto de procedencia de que se trata, está reservado para esa última resolución dictada en el procedimiento de remate, que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación, siendo entonces el momento oportuno para impugnar la legalidad de esas resoluciones, es decir, será la última resolución la que ordene la escrituración en rebeldía del bien inmueble materia de la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.12o.C.75 C, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2472, tomo III, libro 58, septiembre de 2018, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado". Por todo lo anterior, y al ser una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo conducente es desechar de plano la demanda promovida por Patricia Guadalupe Martínez Robledo. Esto es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita la promovente, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a la promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Ahora bien y toda vez el expediente en el que se actúa fue remitido de manera directa a este órgano jurisdiccional por el Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, por tanto, infórmese dicha situación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, a fin de que proceda a su registro en el sistema y realice la compensación correspondiente de la demanda de amparo en favor de este juzgado, a cuyo efecto, remítase copia autorizada del oficio de cuenta, de la demanda de amparo y del presente auto, para los efectos legales correspondientes.

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