PATRICIA GUADALUPE CALDERÓN LEÓN y Otros.

Expediente 1496/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1496/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • PATRICIA GUADALUPE CALDERÓN LEÓN y Otros.
  • Patricia Guadalupe Calderón León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito que signado la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, téngase realizando diversas manifestaciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismas que serán consideradas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se observa que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de trece de febrero pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación a las constancias con que la autoridad responsable afirmo dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, este órgano jurisdiccional procede su análisis, para determinar si se acató el fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como sus anexos, con los que comparece en atención al requerimiento formulado por este juzgado federal, relacionado con el fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa y, al efecto, remite las constancias con las que considera cumplir con la sentencia de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia del oficio de cuenta y anexo a éste, así como del oficio y anexo recibido en proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver si la sentencia ejecutoriada fue o no cumplida, con base en los elementos que obran en el expediente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual comparece en cumplimiento al requerimiento realizado en autos y, al efecto, remite las constancias con las que pretende demostrar su acatamiento, las que se ordenan glosar al sumario. Al respecto, se toma en consideración que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dicte de inmediato el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************, y lo notifique a las partes. Ahora, de la comunicación de cuenta no se evidencia la notificación realizada de la referida determinación a las partes, siendo que se concedió el amparo para tal efecto. Por lo que en esas condiciones y dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del mismo, remita a este órgano jurisdiccional copias debidamente certificadas, de las constancias con las que acredite la notificación realizada a las partes. En el entendido que subsisten lo apercibimientos decretados en autos.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que se encuentre transcurriendo el término de vista otorgado a la autoridad responsable, relativo a la resolución dictada en este expediente, toda vez que de conformidad con el diverso 87 del citado ordenamiento legal, la misma carece de legitimación para recurrir la sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Sustenta lo anterior, el criterio P./J. 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 23, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir" REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

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