Patricia González Vallejo
Expediente 986/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia González Vallejo
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido y glósese para que así conste, el oficio que signa el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital del Estado de Guanajuato, a través del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, por sí y en representación de su menor hija *****. En tales condiciones, archívese el presente cuadernillo como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo. Por otro lado, notifíquese a las partes que mediante oficio SEADS/068/2017 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, fungirá como su titular la Juez Estela Berenice Vargas Bravo Piedras
- Principal
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciséis, se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado en la propia fecha, que dice: Téngase por recibida la demanda que promueve *****, contra actos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 986/2016-I, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la parte quejosa reclama de manera esencial: "IV.- ACTO RECLAMADO: Acto reclamado la sentencia dictada por la Quinta sala civil del supremo tribunal de justicia del estado en fecha 31 de octubre del 2016, dentro del toca ***** en la cual en su resolutivo primero se confirma la sentencia de fecha 22 de Agosto del 2016, DICTADA POR EL Juzgado Especializado en Materia Familiar o de Oralidad del PARTIDO Judicial de Salamanca, Gto., en el procedimiento Oral Ordinario, sobre ministración de alimentos, promovido por la suscrita, dentro del Expediente *****." Acto reclamado, que en la especie constituye una sentencia definitiva que resolvió el juicio de origen en lo principal. Ahora bien, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada, traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse una resolución definitiva que pone fin un juicio civil de origen, competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia de Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Al efecto, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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