PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
478/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ y Otros.
  • Patricia García Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III A Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa III-B. Notificación personal por lista. (Quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por *********, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 478/2019. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos con detenidos de la Fiscalía General del Estado, la parte quejosa reclama, la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación ****/OAXACA/****. En ese tenor, se advierte que respecto del no ejercicio de la acción penal que constituye el acto reclamado, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo decimocuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 16. [...] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]." Lo anterior es así, porque el precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Constitución Federal. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental, regula constitucionalmente el sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país, para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto el artículo 20 de la Constitución Federal, en su apartado C, fracción VII, respecto de los derechos de las víctimas u ofendidos en una investigación penal, dispone lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido:. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo constitucional, revela que las víctimas tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial el no ejercicio de la acción penal; lo anterior, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional (Juez de Control) conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, conforme al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra cosa que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante el Juez de Control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima u ofendido, acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por parte de la representación social del conocimiento. Ahora, los diversos dispositivos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la competencia de los jueces de control del nuevo sistema de justicia penal, concediéndoles la facultad para subsanar la violación a los artículos 212, 214, 216 y 258 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever el derecho de las víctimas/ofendidos de acudir ante la autoridad judicial para impugnar las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues son actos que se dan en la etapa de investigación, donde justamente ese órgano jurisdiccional controla dicha etapa como garante de la investigación. En ese contexto, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, se obtiene que al Juez de Control, corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Luego, ante las determinaciones u omisiones de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, es necesario acudir ante la autoridad competente, siendo en este caso, el Juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velará por la regularidad del proceso. Una vez realizada la petición de control ante el órgano jurisdiccional facultado para ello, en términos de los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción VII, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control atendiendo a los principios rectores constitucionales estatuidos en el artículo 20 y a los diversos instituidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de los ordinales 52, 66, 44, 47, 48, 49 del citado ordenamiento convocará a una audiencia; y, en presencia de las partes (ministerio público, víctima u ofendido y el imputado) escuchará sus pretensiones y con base en ellas decidirá de inmediato lo conducente, de conformidad con los numerales 67, 68 y 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es de advertirse que en el caso que nos ocupa y, de acuerdo al principio de igualdad procesal, la víctima u ofendido, tienen el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones y determinaciones del Fiscal o Agente investigador en el ejercicio de sus funciones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En este orden de ideas, se concluye que el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como el debido y oportuno conocimiento del estado que guarda la respectiva carpeta de investigación y las razones de tal situación, a efecto de que puedan ejercer sus derechos conforme a sus intereses. Tiene sustento lo anterior, en los criterios visibles en las jurisprudencias 1ª./J. 27/2018 (10ª) y 1ª./J. 28/2018 (10ª), aprobadas por la Primera Sala del más alto Tribunal del país, el veintitrés de mayo de esta anualidad, consultables en las páginas 945 y 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Registros 201741 y 2017640, respectivamente, del siguiente tenor: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De ahí, que quien ostenta el carácter de víctima en la carpeta de investigación de referencia debe acudir primeramente ante el Juez de Control para reclamar la determinación de no ejercicio de la acción penal, pues acorde a su naturaleza, es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación, los derechos previstos a favor de la víctima, ofendido. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizadas a ******* y *******, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no acreditar contar su cédula profesional en el citado sistema. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano