Patricia Garcia Cardona
Expediente 2010/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2010/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Patricia Garcia Cardona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE EL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes por acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiesen realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso **** sin embargo, inconforme con la determinación, la tercera interesada interpuso recurso de revisión. Tal medio de impugnación se radicó como revisión principal 398/2022, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien confirmó la sentencia recurrida modificando sus efectos, para que el Juez Segundo de lo Civil de Chapala, Jalisco, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. En su lugar emita otra en la cual, al pronunciarse en relación con los alimentos provisionales, prescinda de considerar únicamente lo expuesto por la parte actora del controvertido natural y, tome en cuenta las manifestaciones expresadas por las partes contendientes, específicamente en relación con la posibilidad económica del deudor alimentario, en relación con las documentales exhibidas por éstos, (recibos de nómina), así como lo expuesto por la parte reo, relativo a la existencia de un diverso juicio de alimentos promovido por la misma actora, radicado bajo expediente **** del índice del Juzgado Segundo Civil de Chapala, Jalisco, en el que se fijó una pensión a cargo del quejoso; asimismo, que los alimentos provisionales cuando se fijan con base en las percepciones mensuales del deudor alimentario (salario), deben tomarse en cuenta todas la precepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga como producto de su trabajo, siempre que dichas prestaciones deriven del vínculo laboral y constituyan un ingreso directo a su patrimonio, y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que estime pertinente." III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se recibió la sentencia emitida en la precitada revisión principal 398/2022 y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil de Chapala, Jalisco, a través del comunicado de registro 19763, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que mediante auto dictado en el juicio de origen el treinta de agosto del año dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de tres septiembre de dos mil veinte y, en su lugar, emitió otro en el que: Prescindió de considerar únicamente lo expuesto por la parte actora respecto a los ingresos económicos del demandado. Tomó en cuenta las manifestaciones expresadas por las partes contendientes, en relación con las documentales exhibidas por éstos, consistentes en los recibos de nómina, así como lo relativo a la existencia de un diverso juicio de alimentos promovido por la misma actora, radicado bajo expediente****del índice del Juzgado Segundo Civil de Chapala, Jalisco, en el que se fijó una pensión a cargo del quejoso. Con libertad de jurisdicción, fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso, sobre la cantidad total que el deudor alimentario percibe como producto de su trabajo, es decir, tanto las precepciones ordinarias y extraordinarias posteriores a las deducciones de ley. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de conservación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable y será transferido al archivo de concentración una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se concedió el amparo solicitado. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a las partes quejosa tercera interesada.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA **** Y ****, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN EN CITA, SEÑALA LO SIGUIENTE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1083/2023, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encontrándose en audiencia pública asistida de Hilario Núñez Arvizu, Secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que integran el presente sumario. La Jueza acuerda: Relación de constancias. Se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Se abre el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el que se admiten y se tienen por desahogadas las documentales exhibidas por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que anunció en su demanda; de igual manera, las documentales allegadas por las autoridades responsables; al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Se abre el periodo de alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento alguno; al no haber escrito que tener por reproducido en dicho sentido, se cierra la presente etapa. Con lo anterior se finaliza el desahogo de la presente audiencia de ley, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1083/2023, promovido por ****, por derecho propio, contra el acto que reclama del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades siguientes: Autoridad responsable: Juez de lo Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco. Acto reclamado: "Se hace consistir en la sentencia interlocutoria de fecha 30 treinta de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, que decreta la PROCEDENTE EL INCIDENTE DE INCREMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA de manera ilegal e infundada, dentro del expediente ***** radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia con sede en la Ciudad de Tequila, Jalisco, y siendo notificado por medio de uno de mis representantes legales, el día lunes 17 diecisiete del mes de abril del año en curso, el actuario notificador del mismo Tribunal." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda bajo el número de juicio de amparo 1083/2023; previo desahogo de prevención, el día veintidós siguiente se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar la intervención legal a la representante social de la adscripción y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de seis de junio del año en curso, se reconoció el carácter de terceros interesados a ****, así como al Agente de la Procuraduría Social adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y se ordenó emplazarlos al presente juicio; luego, previos diferimientos de la audiencia constitucional, se le dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse un acto de autoridades residentes en la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia; así como en atención al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que la quejosa reclama del Juez Civil de Primera instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, lo siguiente: La resolución de treinta de marzo del año dos mil veintitrés, que decreta procedente el incidente de incremento de pensión alimenticia, dentro del expediente ****. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de lo Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que además se encuentra corroborada con las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, relativas a las actuaciones que integran el juicio de origen; a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo; y con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de protección de derechos fundamentales. En la especie, la resolución reclamada se notificó a la quejosa por conducto de su autorizado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés (folio 469 del cuaderno de pruebas); por tanto, el plazo para presentar el juicio de amparo en su contra, transcurrió del dieciocho de abril al dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; de ahí que, al haberse presentado la demanda el ocho de mayo de dos mil veintitrés, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. Sin que en dicho plazo se cuenten los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril así como de los días del uno al diez, trece y catorce del mes de mayo todos de dos mil veintitrés, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, y, por lo que ve del uno al diez de mayo, por ser periodo vacacional de la autoridad responsable. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente sumario constitucional, se centra en determinar si es legal o no la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de tramitación especial, divorcio por mutuo consentimiento ****, mediante el cual se declaró fundado el incidente de incremento de pensión alimenticia. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto es menester destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. ****, promovieron juicio de tramitación especial, divorcio por mutuo consentimiento ****, el cual fue admitido por auto de ocho de abril de dos mil quince. 2. Con fecha veintiséis de junio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, declarándose disuelto el vínculo matrimonial, declarándose ejecutoriada dicha sentencia por auto de diez de julio de dos mil quince. 3. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que había cesado la minoría de edad de ****. 4. Por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente de actualización de pensión alimenticia, promovido por ****. 5. En auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se tuvo al hoy quejoso, por conducto de su autorizado, dando contestación al incidente de actualización de pensión alimenticia. 6. Mediante resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, acto que constituye el reclamo en esta instancia constitucional, la autoridad responsable resolvió el incidente de actualización de pensión alimenticia, declarándolo procedente. II. Conceptos de violación. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis registrada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." III. Decisión sobre la litis constitucional. Con el fin de establecer la calificativa de los conceptos de violación, es menester tomar en consideración que, de conformidad con el derecho constitucional contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, las autoridades deben fundamentar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego, para que se cumpla con el imperativo constitucional en mención, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, éste debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Entonces, el derecho de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados, esté debidamente fundamentado y motivado. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 166, del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por su parte, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone, en lo que interesa, lo siguiente: "ARTICULO 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." En el numeral transcrito, se ve implícito el principio de congruencia, tanto externa como interna, que debe regir en toda resolución emitidas por las autoridades jurisdiccionales; este principio estriba, entre otras cosas, en que las determinaciones deben dictarse en concordancia con las constancias que integran el juicio y con lo planteado por las partes (externa), además de ser congruentes consigo mismas (interna), sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, por lo que no debe contener consideraciones que se contradigan entre sí. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Tomo VIII, Agosto de 1998, página 764, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que, a la letra, dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.- En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.". Expuesto lo previo, debe decirse que la determinación que por esta vía se combate resulta ajustada a derecho y, por tanto al principio de legalidad referido en párrafos previos. No obstante lo anterior, la parte quejosa alega que es ilegal la sentencia interlocutoria pues al declarar procedente el incremento de pensión alimenticia, no se consideró que como empleado municipal no recibió aumento salarial alguno. Sin embargo dicho motivo de disenso es inoperante, por una parte, pues no debe perderse de vista, que la autoridad responsable en el acto reclamado refirió que ese concepto del incremento del pago de pensión alimenticia obedece a lo pactado en el convenio celebrado entre las partes elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el veinte de febrero de dos mil quince, lo que además fue materia de estudio en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en la que se declaró procedente la actualización del pago mensual para el año dos mil veintidós, considerando el aumento conforme al salario mínimo, lo que no fue controvertido en su momento. Por otra parte, no debe pasar inadvertido que el aumento de la pensión alimenticia fue pactado por las partes conforme al incremento del salario mínimo y no según a las percepciones que acreditara el quejoso; por tanto, lo alegado en ese sentido en un incidente de incremento de pensión alimenticia es inoperante, ya que dicha actualización deriva de lo convenido en el juicio de divorcio celebrado por las partes. De ahí lo inoperante de dicho concepto de violación. En lo referente a que a la entonces menor de edad ****, actualmente es mayor de edad (al dictado del acto reclamado), debe decirse que esa circunstancia no trasciende al dictado del mismo, pues como se ha dicho, el incidente tiene como fin actualizar conforme al convenio y al salario mínimo una sentencia ejecutoriada que fijó una cantidad por concepto de alimentos. Además, no debe perderse de vista que el artículo 451 del Código Civil del Estado de Jalisco, establece la manera en que la obligación de dar alimentos cesa, lo cual se encuentra sujeto de acreditarse en el juicio en cualquier momento procesal en que ocurra una de esas causas. Dicho numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 451.- Cesa la obligación de dar alimentos: I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II. Cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos; III. En casos de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentario contra el que debe prestarlos; IV. Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentario, mientras subsistan estas causas; y V. Si el acreedor alimentario, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables." Sin que en el caso se haya acreditado la actualización de alguna de dichas causas. Finalmente, refiere la parte quejosa que no se consideró, al momento del dictado del acto reclamado las necesidades alimenticias de la entonces menor de edad que si bien fue pactada en el convenio celebrado entre los progenitores, las condiciones de la entonces menor de edad han cambiado, pues ahora es mayor de edad y se desempeña como Presidenta del DIF Municipal. Agrega, que no se consideró a la diversa acreedora alimenticia menor de edad L.I.L.G. (hija del quejoso), pues con el dictado de la resolución controvertida se ve afectada en la parte que le corresponde de alimentos y que no se consideran su interés superior y derechos fundamentales. Lo inoperante de dichos motivos de disenso estriba en que, como se ha hecho mención, la naturaleza del incidente resuelto es con el fin de actualizar el pago de pensión alimenticia de ****, conforme al convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoriada y no diversa cuestión y, como lo refiere la propia autoridad responsable en el acto reclamado, la finalidad es la cuantificación es para determinar de manera líquida una sentencia ejecutoriada y no ponderar la proporcionalidad y capacidad del acreedor, o como en el caso de la diversa menor de edad. Sin que pase inadvertido, que en autos se encuentra acreditado que ****, ostenta el cargo de Presidenta Municipal del DIF de *****; sin embargo, de igual manera se acredita que el mismo no tiene un sueldo designado (oficio ****, foja 98 y 99 del cuaderno de pruebas), además de que la referida acreedora continúa estudios propios a su edad (licenciatura en mercadotecnia, foja 121 Ibídem). Por tanto, como lo refirió la autoridad responsable quedaban a salvo los derechos del quejoso, demandado en el juicio de origen, de promover respecto a la proporcionalidad y capacidad en la vía y forma que estimara conveniente. Además, el quejoso no queda en estado de insubsistencia, pues si bien se ordenó el embargo por la cantidad de ****, ello fue por concepto de alimentos caídos. Y, en el acto reclamado se actualizó la cantidad en **** por lo que no se observa que quede en estado de insubsistencia, pues el único descuento hasta este momento es la primer cantidad, por lo que se no se advierte que se haya ordenado la ejecución en su salario por la totalidad de las condenas que refiere, que lo deje en imposibilidad de cumplir con el otro pago de alimentos de su diversa hija. Por tanto ante lo inoperante de los conceptos de violación es que se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *****, por derecho propio, contra el acto que reclama del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense. Visto el oficio y anexo enviados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, atento a su contenido, agréguense sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica
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