Patricia Flores Gómez
Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Flores Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, en razón de que el presente asunto se encuentra concluido y al considerar que la parte promovente, exhibió diversas documentales, con fundamento en el capítulo quinto, artículo vigésimo, último párrafo del referido Acuerdo General 1/2009, requiéranseles para que en el término de noventa días, comparezcan a este Juzgado a recoger los documentos que allegaron al presente asunto, apercibido que de no hacerlo correrán la misma suerte que este expediente, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ++++++++, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, y en atención a su contenido se provee. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda y el escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el peticionario de amparo y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto la promovente reclama esencialmente: El Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, la zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl en el Estado de México, publicado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el Decreto reclamado se trata de una norma general heteroaplicativa, que no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé en un mismo enunciado jurídico, dos supuestos de improcedencia del juicio constitucional, a saber: a) cuando el acto que impugne la parte quejosa no afecte sus interés jurídico o legítimo y, b) tratándose de amparo contra normas generales que para su aplicación en la esfera jurídica del impetrante requieran un acto concreto de individualización. Para mejor comprensión del interés jurídico y legítimo, es conveniente analizar el sistema consagrado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los preceptos transcritos permiten arribar a la conclusión de que el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma de carácter general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación, por la actuación de una autoridad o por el ordenamiento, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el individuo estime violatorio de tales derechos y lo impugne a través del medio de defensa establecido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Al respecto, es conveniente apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente la causa de improcedencia que nos ocupa, señalando para tal efecto que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico que tiene una intensidad mayor al interés legítimo. En relación con la noción de derecho público subjetivo, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar en sesión del diecisiete de noviembre de dos mil, en el amparo en revisión 2124/1999, lo conceptualizó en los términos siguientes: "se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva, que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, de tal forma que el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular, y no es suficiente la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Dicho en otras palabras, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación.". Resulta importante citar la jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.". Por su parte, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que se traduce en que se haya ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. De esa forma, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En suma, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Al respecto, es ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Establecido lo anterior, es menester precisar que tratándose de la impugnación de normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con su expedición y presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición normativa reclamada (autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma, esta es, autoaplicativa o hetoroaplicativa. Para distinguirla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que no solo debe atenderse a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los individuos dar, hacer o no hacer, de manera tal que contenga principios de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las consideraciones vertidas en el sentido de la naturaleza de las normas tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". En ese contexto, se concluye que para la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada) o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados. Ahora, como se explicó en párrafos anteriores, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, además de prever que la procedencia del juicio constitucional se actualiza cuando el acto impugnado afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, también regula la condición que debe satisfacerse tratándose de la impugnación contra normas generales que no causen perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, de naturaleza heteroaplicativa. Explicado lo anterior, se tiene que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: El Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, la zona conocida como Lago de Texcoco, en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl en el Estado de México, publicado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Del contenido de dicho Decreto se aprecia que su objeto consiste en declarar área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales la zona conocida como Lago de Texcoco que de acuerdo con el Marco Geoestadístico, Diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos en el Estado de México, con la superficie total que en él se describe. A partir de ello, se constituye una zona de amortiguamiento, en la que las actividades, uso y aprovechamiento de los recursos naturales se realizará de conformidad con la subzonificación correspondiente que se determinará con apoyo en el programa de manejo, que se regula en los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, formulará el programa de manejo del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco, promoviendo la participación que corresponda a los titulares de derechos de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, al Gobierno del Estado de México, a los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, así como a las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el propio Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. Lo expuesto hasta aquí se corrobora del contenido de los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo segundo del Decreto que se reclama, cuyo contenido es el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. Se declara área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales la zona conocida como Lago de Texcoco que de acuerdo con el Marco Geoestadístico, Diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos en el Estado de México, con una superficie total de 14,000-33-48.53 (CATORCE MIL HECTÁREAS, TREINTA Y TRES ÁREAS, CUARENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y TRES CENTIÁREAS).". "ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de la zona de amortiguamiento del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco podrán realizarse las siguientes actividades: I. Investigación y colecta científicas; II. Monitoreo ambiental; III. Educación ambiental; IV. Turismo de bajo impacto ambiental; V. Aprovechamiento extractivo de vida silvestre; VI. Aprovechamiento no extractivo de vida silvestre; VII. Pesca y acuacultura; VIII. Aprovechamiento forestal; IX. Agrícolas y ganaderas; X. Aprovechamiento tradicional de la sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas; XI. Restauración de ecosistemas y reintroducción o repoblación de especies; XII. Erradicación o control de especies exóticas, exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales; XIII. Construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada, y XIV. Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con la subzona en donde se pretendan realizar, así como las consideradas como permitidas en las reglas de carácter administrativo contenidas en el programa de manejo correspondiente. Para las actividades a que se refiere el presente artículo que requieran de permisos y autorizaciones, la unidad administrativa correspondiente deberá contar con la opinión previa de la Comisión y, en todo caso, las autoridades competentes deberán observar los plazos de respuesta previstos en la normatividad aplicable." "ARTÍCULO TERCERO. Las actividades, uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la zona de amortiguamiento del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco, se realizarán de conformidad con la subzonificación correspondiente y se sujetarán a las siguientes modalidades: I. La investigación y colecta científicas, el monitoreo ambiental, la educación ambiental y el aprovechamiento no extractivo se llevarán a cabo de tal forma que no impliquen modificaciones a las características o condiciones naturales originales, sin alterar los ecosistemas, los hábitats o la viabilidad de las especies de vida silvestre; II. El desarrollo de actividades de turismo de bajo impacto ambiental puede llevarse a cabo siempre que se respete la capacidad de carga o límite de cambio aceptable de los ecosistemas, que sean emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición del presente Decreto o con su participación, evitando en todo momento la fragmentación o la alteración del paisaje; III. El aprovechamiento extractivo de vida silvestre requiere para su autorización la opinión previa de la Comisión, excepto cuando dicho aprovechamiento se realice con fines de subsistencia por parte de las comunidades locales que ahí habiten al momento de la expedición del presente Decreto, y siempre y cuando no se ponga en peligro a sus especies o poblaciones; IV. Las actividades cinegéticas sólo se podrán realizar bajo la modalidad de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre; V. El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre deberá ser de bajo impacto ambiental y solo con fines de monitoreo ambiental, investigación científica, educación ambiental, turismo de bajo impacto ambiental, conservación y observación de vida silvestre; VI. El aprovechamiento forestal, así como las prácticas y labores silvícolas, se realizarán de manera que no propicien la sustitución, modificación o desaparición de las semillas y órganos de la vegetación forestal nativa; VII. Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, entre otras, se realizarán únicamente en las subzonas en que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitan el desarrollo de tales actividades, procurando en todo momento la conservación de los ecosistemas y especies de vida silvestre existentes en el área, y tendiendo paulatinamente a la eliminación del uso de agroquímicos como el glifosato, y sustituirlos por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas; así como evitando el sobrepastoreo y se fomente la regeneración de la vegetación natural, según corresponda; VIII. La reintroducción o repoblación de vida silvestre se realizará con especies nativas o, en su caso, con especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales, tomando en consideración que con estas actividades no se comprometa o afecte la recuperación de otras especies en la zona o que se encuentren en alguna categoría de riesgo; IX. La restauración de ecosistemas y la erradicación o control de especies exóticas, exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales, se llevarán a cabo con la finalidad de prevenir la afectación en la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, así como de los servicios ecosistémicos o, en su caso, propiciar la recuperación de ambos; X. El mantenimiento o construcción de infraestructura se realizará de forma que no impliquen la remoción de las poblaciones naturales ni la fragmentación de los ecosistemas y microambientes, en las subzonas en las que el programa de manejo lo permita, considerando las características físicas y biológicas de las propias subzonas, y se ejecutarán conforme a las reglas específicas que dicho programa prevea; XI. Las obras de infraestructura se realizarán procurando la utilización de ecotecnias, permitiendo la continuidad del paisaje y evitando la fragmentación del hábitat de las especies objeto de protección en el presente Decreto; XII. El mantenimiento y construcción de obras que se ejecuten en el Área Natural Protegida deben realizarse sin interferir con la función del vaso regulador o su infiltración al suelo; XIII. El establecimiento de vías generales de comunicación se llevará a cabo, contemplando la inclusión de pasos de fauna, sin propiciar la fragmentación de los ecosistemas, ni la alteración de los flujos hidráulicos, y deberá contar con las medidas de mitigación necesarias para asegurar la permanencia y funcionalidad de los ecosistemas, así como la conservación de los recursos naturales que contienen, y XIV. Las demás modalidades que, de acuerdo con las subzonas, establezcan las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Desarrollo Forestal Sustentable y de Vida Silvestre, y otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables." "ARTÍCULO CUARTO. Dentro de la zona de amortiguamiento del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco, queda prohibido: I. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos, o cualquier otro tipo de contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero; II. Rellenar, desecar o modificar los cauces naturales permanentes e intermitentes de los cuerpos de agua, entre otros; III. Tirar o abandonar residuos fuera de los sitios autorizados para tal efecto; IV. Construir o establecer sitios de disposición final de residuos, así como de materiales y sustancias peligrosas; V. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas, exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales para la vida silvestre; VI. Acosar, molestar, dañar de cualquier forma a las especies de vida silvestre; VII. Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre; VIII. Ampliar la frontera agropecuaria mediante la remoción permanente de vegetación natural y la ocupación de las zonas inundables; IX. Modificar el entorno natural donde se ubican vestigios históricos y arqueológicos; X. Establecer áreas habitadas o urbanizadas que, partiendo de un núcleo central presenten continuidad física en todas direcciones, en las cuales se presenten asentamientos humanos concentrados, que incluyan la administración pública, el comercio organizado y la industria y que cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos tales como energía eléctrica, drenaje y red de agua potable; XI. Realizar obras o actividades de exploración o explotación mineras, excepto las de aprovechamiento tradicional de la sal realizado por las comunidades locales, y XII. Las demás que ordenen las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Desarrollo Forestal Sustentable y de Vida Silvestre y otras disposiciones jurídicas aplicables." "ARTÍCULO QUINTO. La zona de amortiguamiento a que se refiere el artículo primero de este Decreto, se subzonificará en el programa de manejo, conforme a lo previsto en los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente." "ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría, por conducto de la Comisión, formulará el programa de manejo del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco, promoviendo la participación que corresponda a los titulares de derechos de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, al Gobierno del Estado de México, a los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, así como a las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. El contenido de dicho programa deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el presente Decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables y, además, deberá contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, incluyendo el uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se aplicarán para la conservación del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco." De lo transcrito con antelación, se advierte que el Decreto tildado de inconstitucional se trata de una norma general de carácter heteroaplicativo, cuya sola expedición no causa perjuicio a la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa, porque requiere de un acto de condición, que en el caso lo constituye el programa de manejo del área de protección de recursos naturaleza Lago de Texcoco, el cual aún no ha sido formulado y publicado. Ello es así, toda vez que a través de dicho programa de manejo se definirán las subzonas de la zona de amortiguamiento, y por consecuencia, las modalidades y condiciones con base en las cuales se desarrollarán las actividades, uso y aprovechamiento dentro del área natural protegida de que se trata; es decir, será hasta que se emita el programa de manejo correspondiente, cuando surjan o se actualicen las obligaciones, condiciones o eventuales restricciones que el proprio Decreto determina, cuando se considere que dicha norma general afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis XIV/89 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, registro digital 207395, página 343, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACION. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." En ese orden, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no existe el acto de aplicación que condiciona la afectación que pudiera generar a la esfera jurídica de la parte quejosa el Decreto que reclama, y dado que la inminencia de su aplicación no actualiza o concreta algún perjuicio de manera real y actual, resulta incuestionable que cobra vigencia la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 77/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, registro digital 196954, página 382, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo. Determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.
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