Patricia Eugenia Solis Reyes
Expediente 1453/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia Eugenia Solis Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja, en contra de los acuerdos de treinta de agosto y tres de septiembre ambos de dos mil veintiuno, con los cuales, en el primero, se desechó de plano la demanda de amparo, y en el restante, se tuvo por no presentada la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a los quejosos Manuel de Atocha Solís Sosa y Elia Teresa Reyes Vila. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que los expresados acuerdos en que se desechó la demanda de amparo y se tuvo por no presentada por lo que respecta a los quejosos Manuel de Atocha Solís Sosa y Elia Teresa Reyes Vila, respectivamente, HAN CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo, por una parte, se desechó de plano la demanda de amparo y por otra, se tuvo por no presentada por los nombrados quejosos. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la razón de treinta y uno de agosto del año en curso, levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, mediante el cual informa que notificó el acuerdo de treinta de agosto último, a los directos agraviados Manuel de Atocha Solís Sosa y Elia Teresa Reyes Vila, y manifestaron no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Patricia Eugenia Solís Reyes; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a los citados quejosos; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De igual forma, de la propia razón actuarial levantada, se hizo constar que respecto a los actos de ilegal retención, incomunicación y lesiones en su integridad física, los directos agraviados Manuel de Atocha Solís Sosa y Elia Teresa Reyes Vila, manifestaron que se encuentran en perfecto estado de salud y no son golpeados ni incomunicados; por lo cual, no es necesario dar vista a la representación social. Agréguense a estos autos el escrito signado por Emmanuel Jesús Ávila Pacheco, propietario de la Casa de adulto mayores "VILLA CASARES", con sede en esta ciudad, autoridad responsable en el presente asunto, y constancias que acompaña, mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento especial al respecto, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de dicha autoridad, el mencionado en su informe con justificación. De igual forma, la autoridad responsable proporciona el número celular 9991 12 23 09 y correos electrónicos reivaj1980@hotmail.com y opech.1214@hotmail.com; por tanto, tómese en consideración lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio, signado por la quejosa Patricia Eugenia Solís Reyes, mediante el cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de agosto del año en curso, y precisa los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, esto es: "A) De la Unidad de Atención y Determinación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Reclamo la omisión de tomar las medidas de protección urgentes y necesarias por tratarse de adultos mayores incomunicados y privados ilegalmente de su libertad, adultos mayores que están en contra de su voluntad en un lugar que les ajeno, causándoles depresión que los puede conducir al deterioro de su estado de salud y hasta la muerte. B) Del Fiscal Investigador de la Agencia Vigésima Novena del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación Especial en delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Reclamo igualmente la omisión de tomar las medidas de protección urgentes y necesarias por tratarse de adultos mayores incomunicados y privados ilegalmente de su libertad, adultos mayores que están en contra de su voluntad en un lugar que les ajeno, causándoles depresión que los puede conducir al deterioro de su estado de salud y hasta la muerte. También le reclamo a esta autoridad la tardanza en realizar las investigaciones urgentes y necesarias para aligerar el cierre de investigación y por consiguiente la judicialización de la carpeta G8/661/2021, la cual fue turnada a esa fiscalía por la Unidad de Atención y Determinación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y por lo tanto se encuentra a cargo de la mencionada fiscalía, para así judicializar la carpeta y solicita al juez de turno que ordene la entrega de los adultos mayores que se encuentran privados de su libertad, a sus familiares, que este caso son sus hijas. Cabe mencionar que actualmente la carpeta G8/661 fue turnada a la Agencia Trigésima Quinta del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3. C) Por lo que se refiere a la casa de adultos mayores Villa Casares, el acto reclamado es la entrega de los adultos mayores a sus hijas, las cuales se quieren hacer cargo de sus padres, manifestando que una de las hijas la cual los recluyó en la casa de adultos mayores, es la única que puede dar esta orden, incluso para su visita, por lo cual tienen restringido la visita de cualquier otro hijo, no omito manifestar a esta autoridad no existe sentencia u orden judicial donde se le atribuya este derecho a la señora ELIA SOFÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS REYES, la cual es la tercera interesada en este proceso para poder realizar estos actos, incluso retiene pensiones de ambos adultos mayores, ya que el señor MANUEL DE ATOCHA SOLÍS SOSA es pensionado de banco BANORTE, y ambos reciben pensiones de adulto mayo de parte del gobierno federal, las cuales la señora ELIA SOFÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS REYES cobra. Po lo cual solicitamos a esta autoridad que al dictar la suspensión ordene que cese la incomunicación y la ilegal retención de los Adultos Mayores y estos le sean entregados a sus hijos se pide esa entrega de los adulto mayores, a sus hijos, ya que los señores MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA Y ELIA TERESA REYES VILA, no quieren estar en este lugar, ya que fueron engañados por su hija para ser recluidos en la casa de adultos mayores, y como manifestamos en escrito inicial su estado de salud ha desmejorado. "D) Referente a la relación con la agencia vigésimo novena, manifestamos que la casa de adultos mayores VILLA CASARES, ha puesto todo tipo de trabas a las autoridades para poder realizar las investigaciones correspondientes, a lo cual manifestamos que, hasta el día de hoy 23 de agosto del año 2021, aun no se ha podido entrevistar a los adultos mayores recluidos en este lugar y la fiscalía responsable no ha hecho uso de sus facultades como autoridad para proteger a los adultos mayores." Asimismo, acompaña cuatro copias del escrito con el cual da cumplimiento al requerimiento de mérito, con un anexo. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese sentido, por lo que respecta a los actos que la parte quejosa reclama en esencia a las autoridades responsables Unidad de Atención y Determinación del Ministerio Público y Fiscal Investigador de la Agencia Vigésimo Novena del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especial en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, ambas de la Fiscalía General del Estado, consistentes en la omisión de realizar las investigaciones urgentes y necesarias para la integración, cierre de investigación y judicialización de la carpeta G8/661/2021, turnada actualmente a la Agencia Trigésimo Quinta del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como el hecho de abstenerse de tomar las medidas de protección urgentes y necesarias para los adultos mayores que están en la casa de adultos mayores "Villa Casares", y que la hace derivar de la actuación ante el Ministerio Público. En tal virtud, la suscrita Juzgadora estima que respecto de los anteriores actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, resulta indispensable asentar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del transcrito precepto legal en concordancia con el artículo 20, apartado C, fracción VIl, Constitucional, se advierten los siguientes aspectos: Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control. El Juez de Control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público, así como ordenarle abrir la investigación dentro de la Carpeta de Investigación y continuar con la persecución penal. Por su parte, la porción normativa referida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo anterior, se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el control judicial en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctima u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VIl, apartado "C", del artículo 20 Constitucional, se debe de considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de omisiones y determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: 1. El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa y, 2. La obligación de la autoridad (Juez de Control), respecto la admisión y decisión en definitiva al ejercer un control judicial. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia, inconformarse, recurrir, etcétera), debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Ahora, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En ese orden de ideas, cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen la omisión del Ministerio Público de integrar la carpeta de investigación, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Por tanto, al constituir el acto reclamado la omisión de tomar las medidas de protección urgentes y necesarias para los adultos mayores que se encuentran en la casa de adultos mayores "Villa Casares" y la omisión de integrar y realizar el cierre de la carpeta de investigación G8/661/202. En ese contexto, la parte quejosa puede reclamar dichas omisiones mediante el control judicial ante el juez de control, en los términos en que dispone el artículo 258 del citado cuerpo de leyes, el cual no constituye una excepción al principio de definitividad que impera en el presente procedimiento. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la tesis del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sirve de apoyo a lo anterior, los sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, materia común, con número de registro 175624, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." De ahí que si la promovente no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra la omisión del cierre de la carpeta de investigación y que constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por Patricia Eugenia Solís Reyes, únicamente por los actos señalados con antelación atribuidos a Unidad de Atención y Determinación del Ministerio Público y Fiscal Investigador de la Agencia Vigésimo Novena del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especial en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, ambas de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, respecto a los actos que reclama la quejosa a la autoridad responsable "Casa de Adultos Mayores Villa Casares", consistente en: C) Por lo que se refiere a la casa de adultos mayores Villa Casares, el acto reclamado es la entrega de los adultos mayores a sus hijas, las cuales se quieren hacer cargo de sus padres, manifestando que una de las hijas la cual los recluyó en la casa de adultos mayores, es la única que puede dar esta orden, incluso para su visita, por lo cual tienen restringido la visita de cualquier otro hijo, no omito manifestar a esta autoridad no existe sentencia u orden judicial donde se le atribuya este derecho a la señora ELIA SOFÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS REYES, la cual es la tercera interesada en este proceso para poder realizar estos actos, incluso retiene pensiones de ambos adultos mayores, ya que el señor MANUEL DE ATOCHA SOLÍS SOSA es pensionado de banco BANORTE, y ambos reciben pensiones de adulto mayo de parte del gobierno federal, las cuales la señora ELIA SOFÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS REYES cobra. Po lo cual solicitamos a esta autoridad que al dictar la suspensión ordene que cese la incomunicación y la ilegal retención de los Adultos Mayores y estos le sean entregados a sus hijos se pide esa entrega de los adulto mayores, a sus hijos, ya que los señores MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA Y ELIA TERESA REYES VILA, no quieren estar en este lugar, ya que fueron engañados por su hija para ser recluidos en la casa de adultos mayores, y como manifestamos en escrito inicial su estado de salud ha desmejorado. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción II párrafo segundo, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda, contra los actos reclamados al particular equiparable a autoridad responsable "Casa de Adultos Mayores Villa Casares"; haciéndose la precisión además de que dadas las afirmaciones bajo protesta de decir verdad que se refieren en el escrito de cuenta y en observancia de la plena tutela de los derechos que se aluden vulnerados en contra de los adultos mayores de nombre MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA Y ELIA TERESA REYES VILA; con apoyo en el artículo 79 de la Ley de la materia, se les tiene con el carácter de quejosos. Así, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable o a aquellas que resulten con tal carácter, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se impondrá a la omisa una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. De la revisión de la demanda, se advierte que el promovente reclama al particular equiparable a autoridad responsable "Casa de Adultos Mayores Villa Casares", la "ilegal retención" e incomunicación, de los que afirma son objeto los adultos mayores quejosos MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA Y ELIA TERESA REYES VILA; ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicados a los nombrados o privados de su libertad en forma ilegal, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de esta Juzgadora por lo que hace a su libertad personal. En ese sentido, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, la medida cautelar se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese tenor, de la lectura del escrito aclaratorio de demanda de amparo se advierte que la peticionaria reclama, la entrega de sus padres MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA y ELIA TERESA REYES VILA, aduciendo que se encuentran incomunicados y retenidos en la Casa de Adultos Mayores "Villa Casares", aún en contra de su voluntad. En ese sentido, esta Juzgadora Federal considera que es procedente conceder la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa respecto de dichos actos, a efecto para que la Casa de Adultos Mayores "Villa Casares", permita el acceso en forma mesurada, a la quejosa Patricia Eugenia Solís Reyes y a los familiares de los referidos adultos mayores quejosos MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA Y ELIA TERESA REYES VILA , esto, sin alterar el debido orden y tomando las medidas necesarias dado el estado de pandemia que prevalece en el país, a fin de que estén en posibilidad de verificar su estado actual. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2022427, Décima Época Tesis: I.11o.C.39 K (10a.) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1939, que dice: ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU DEFENSA EN UN PLANO DE IGUALDAD. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores, con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes -Organización Mundial de la Salud, dos mil dieciséis- y, por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición -ENSANUT, dos mil doce-, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que, a mayor edad, aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que en una persona de muy avanzada edad -más de noventa años- por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país sino, además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional, también se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares; protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1o. constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no sólo es adulta mayor -calidad que se adquiere al cumplir sesenta años de edad-, sino que cuenta con una muy avanzada edad -más de noventa años-, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas. También encuentra apoyo a lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con registro digital: 2014880, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: XXVII.3o.121 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 2752, con los rubros y textos siguientes: ADULTOS MAYORES. AL PERTENECER A UN GRUPO VULNERABLE QUE LOS INCLUYE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIONES VI Y VII, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la simple pertenencia a ese grupo los incluye en una categoría sospechosa. Ello es así, dado que el sistema de producción y reproducción jurídica utiliza parámetros basados indefectiblemente en el paradigma de la persona joven, lo que coloca a los adultos mayores en un estado de predisposición natural de marginación social y eventual pobreza. Así, al colocarse por virtud de su avanzada edad, en situaciones de dependencia, discriminación e, incluso, abandono familiar, se muestra indefectible que las obligaciones estatales de protección y defensa de sus derechos fundamentales devengan permanentes por parte del Estado. De ahí que, en el contexto mencionado, de conformidad con el artículo 79, fracciones VI y VII, de la Ley de Amparo, al verificarse una violación que dejó sin defensa al quejoso, se torna necesario suplir la deficiencia de la queja a su favor en los casos en que resulte probado que pertenece a esa categoría sospechosa y grupo vulnerable, dadas las citadas predisposiciones naturales de marginación social y eventual pobreza en que se encuentra. Asimismo, se instruye al aludido Actuario de la adscripción, para que se constituya en la "Casa de Adultos Mayores "Villa Casares", y de fe del estado físico de las personas adultas mayores quejosas, y les requiera para que manifiesten si ratifican la demanda promovida en su favor y si cuentan con alguna lesión que no esté a la vista, si han sido víctimas de alguno de los actos prohibidos por la autoridad señalada como responsable y en su caso refieran cualquier situación vinculada con su estadía en ese lugar, dado lo afirmado bajo protestad de decir verdad por la promovente del amparo en el escrito inicial y su aclaración, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento, que de no ratificar la misma, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se responsabiliza a la autoridad responsable por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, para que por conducto de dicho fedatario, se notifique esta determinación a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, requiérase a la responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comunique vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano e informe los motivos por los cuales tiene bajo su resguardo a los adultos mayores MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA y ELIA TERESA REYES VILA; en el entendido que de no estar justificada en modo alguno la estancia de los quejosos en dicho lugar y, por tanto, quedar evidenciada su ilegal retención en contra de su voluntad, deberá tomar las medidas necesarias para entregarlos de manera inmediata a sus familiares; con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se le impondrá a la omisas una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita. De igual forma, se hace saber a la responsable que el informe requerido sobre la suspensión de plano, también podrá rendirlo vía correo electrónico a la citada dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que intervengan en este asunto, para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el citado correo electrónico. No procede la apertura de los cuadernos incidentales, toda vez que los actos reclamados en esta demanda encuadran en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión de plano. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Asimismo, téngase como su nuevo autorizado a Oscar Herbe Sauri Bazán, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como solicita la parte promovente, en el sentido de que se le otorgue a su nombrado autorizado, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario: "osauri", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con el nombre de usuario "osauri", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Hágase lo anterior del conocimiento del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. De igual forma, la quejosa proporciona en su escrito de cuenta el teléfono celular 9991554619; por tanto, tómese en consideración lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxx, contra actos que reclama de la Agencia del Ministerio Público Vigésima Novena del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1453/2021-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda se aprecia que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) DE LA AGENCIA VIGESIMO NOVENA EL CIERRE DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PARA ASÍ PODER IR POR LOS DOS ADULTOS MAYORES CIUDADANOS MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA y ELIA TERESA REYES VILA, con 91 años y 89 años de edad respectivamente, B) DE LA CASA DE ADULTOS MAYORES VILLA CASARES, LA ENTREGA DE LOS CIUDADANOS MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA y ELIAS TERESA REYES VILA, con 91 años y 89 años de edad respectivamente, ya que se encuentran allí en contra de su voluntad. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte de alguna resolución en que haya determinado el cierre de la carpeta de investigación 68/661/2021, que le reclama al agente del Ministerio Público, o bien, se refiera a la dilación por parte de la autoridad responsable para integrar la carpeta de investigación, a efecto de que resuelva lo relativo a la entrega de las personas mayores que se encuentran en la Villa de Reposo, toda vez que adujo que aún quedan pruebas y diligencias pendientes de desahogo. Asimismo, tampoco se advierte cuál el acto en concreto que le reclama a la Casa de Adultos Mayores Villa Casares, lo que impide conocer con claridad que la atribuye a la citada autoridad. En las relatadas condiciones, se estima que la demanda se torna irregular, por lo cual a fin de estar en aptitud de conocer con precisión los actos que se reclaman, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 fracción V y 114, fracciones I y II, en relación con el 110 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1) Precise qué acto en concreto le atribuye a la Agencia del Ministerio Público Vigésima Novena del Estado de Yucatán, esto es, si se duele de alguna resolución en que se determinó el cierre de la carpeta de investigación 68/661/2021 del índice de la responsable, de la omisión de integrar la carpeta de investigación que refiere o bien, que precise cuál es el acto reclamado. 2) Manifieste si el acto que le reclama a la Casa de Adultos Mayores Villa Casares, que hace consistir en la entrega de sus padres MANUEL DE ATOCHA SOLIS SOSA y ELIAS TERESA REYES VILA, la hace derivar de la actuación ante el Ministerio Público o en su caso, precise qué relación tiene con esa autoridad. 3) Acompañe copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente. Al caso, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Con el apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para esta Juzgadora Federal las manifestaciones realizadas por la promovente, en el sentido de que los adultos mayores Manuel de Atocha Solís Sosa y Elías Teresa Reyes Vila, se encuentran privados de su libertad en la Casa de Adultos Villa Casares, ubicada en esta ciudad, toda vez que están ahí en contra de su voluntad, restringidos de visitas y tratos inadecuados, y que es notorio el desgaste avanzado de salud que presentan. Sin embargo, esta resolutora considera que tales manifestaciones no encuadran en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo para tramitar el juicio de amparo con carácter de urgente; esto es, no se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ello es así, toda vez que los nombrados Solís Sosa y Reyes Vila no se encuentran privados de su libertad, dado que están resguardados en esa Casa de Adultos, derivado de un contrato celebrado entre particulares con las condiciones establecidas en el mismo, pues aun y cuando la promovente señala que tales actos transgreden sus derechos fundamentales, y en específico su integridad personal, vida y salud, esa transgresión no se evidencia de la demanda. Lo anterior, se reitera, pues sin anticipar cuestiones de fondo, el resguardo de aludidas personas se hace depender de un contrato para la prestación de un servicio entre particulares, lo cual constituyen un hecho notorio para la suscrita juzgadora, sin que por ello pueda considerarse que se esté afectando los derechos que aduce, ni existe riesgo fundado de que se le afecte de modo alguno. Ahora bien, teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en el proemio de su demanda de amparo, esto es, el ubicado en el predio número setecientos sesenta y uno, de la calle noventa y siete "C", por sesenta y seis "C", esquina del fraccionamiento Manzana ciento quince, es esta ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, como sus autorizados para tal fin a Elsy Linely Méndez Alonzo y Ricardo Esteban Chuc Itza, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, la quejosa proporciona en su escrito de demanda los correos electrónicos mendezalonzoelsylinely@gmail.com y manjeru@hotmai.com; por tanto, tómese en consideración lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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