Patricia Estrada Gamez
Expediente 185/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Patricia Estrada Gamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto dentro del presente juicio de amparo; el cual quedó registrado bajo el número 9/2022, de su índice. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cincuenta minutos del primero de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, con las intervenciones ministeriales presentadas por la representante social, mediante las cuales formuló alegatos y ofreció pruebas. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata; asimismo, no es inadvertido que este juzgado se reservó el emplazamiento de las partes que pudieran tener el carácter de terceros interesados, sin embargo, como se verá más adelante, el sentido la presente resolución no causara ningún perjuicio a terceros que pudiera legitimar su intervención, razón por la cual no es necesario su emplazamiento al presente juicio. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las documentales que se anexaron a la demanda de amparo, así como las pruebas que ofreció la agente del Ministerio Público, consistentes en la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario hace constar que la representante social realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Patricia Estrada Gamez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, los cuales a continuación se trascriben: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la Autoridad señalada como responsables, reclamo: 1.- La omisión en que ha incurrido para emitir el AUTO DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO CON EFECTOS DE MANDAMIENTO EN FORMA, correspondiente al laudo de fecha tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020) emitido dentro del Juicio con el número de expediente 1190/2019 [.] 2.- La omisión en que ha incurrido para abrir el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA LOS INCREMENTOS GENERALES A LAS PENSIONES Y PARA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES QUE FUERON OBJETO DE CONDENA en el laudo de fecha tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020) emitido dentro del Juicio con el número de expediente 1190/2019 [.]" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 185/2022-VA, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación Adscrito. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: 1. La omisión en que ha incurrido la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al no acordar el escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se pidió despachar la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1190/2019; y 2. La omisión de acordar el incidente de liquidación del precitado laudo emitido el tres de diciembre de dos mil veinte. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto señalado en el inciso 2. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de acordar el incidente de liquidación dentro del juicio laboral 1190/2019; sin embargo, este juzgado advierte que dicho acto es inexistente, pues al examinar las constancias que integran el presente sumario, no se advierte que la parte quejosa hubiese promovido dicho incidente, además de que tampoco exhibió prueba en ese sentido dentro del presente juicio. Es decir, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa no aportó elemento de prueba con el cual justifique de manera fehaciente, haber solicitado el incidente que refiere ante la Junta responsable, de manera que, ante esa circunstancia, la carga probatoria se trasladó a la impetrante, a fin de justificar la reclamación que se le imputa a dicha responsable, consistente en la omisión de acordar el incidente de liquidación. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable e identificado anteriormente con el inciso 2, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional .". Lo anterior, pues al tratarse de un acto de carácter negativo, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia del acto reclamado, conforme a la regla probatoria prevista en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual es obligación del actor, en este caso quejoso, probar los hechos constitutivos de su acción; por ende, deberá decretarse el sobreseimiento respecto del acto en estudio. CUARTO. Certeza del acto reclamado identificado con el inciso 1. Es cierto el diverso acto reclamado de la autoridad responsable, consiste en la omisión de acordar el escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, relativo a la petición para despachar la ejecución del laudo dentro del juicio laboral 1190/2019. Ello, pues así lo reconoció la Junta señalada como responsable, al momento de rendir su informe justificado, lo que, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a lo anterior, debe indicarse que dicho acto quedó acreditado con la prueba documental que exhibió la parte quejosa, relativa a la existencia de su escrito de ejecución, así como de las constancias que la propia Junta remitió como apoyo de su informe justificado; documentales que poseen valor probatorio pleno conforme lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto identificado con el inciso 1, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Sobre el particular, este juzgado advierte oficiosamente que, respecto del acto reclamado identificado anteriormente con el inciso 1, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, se tiene que la quejosa reclama la omisión incurrida por la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en cuanto a proveer lo relativo a su petición de ejecución de laudo, en los autos del expediente 1190/2019, de ahí que, al examinar las constancias que remitió la propia autoridad laboral como apoyo de su informe justificado, aparece copia certificada del acuerdo emitido el dos de marzo de dos mil veintidós, por el cual dicha autoridad acordó favorablemente la petición realizada por la parte quejosa mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ordenando despachar la ejecución del laudo en contra de la parte demandada. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, al haberse emitido el proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, en el que se acordó la promoción presentada por la parte quejosa para ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 1190/2019, claro es que la omisión atribuida a la junta responsable, ha dejado de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Patricia Estrada Gamez, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por el Presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual y las constancias anexas, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Por otra parte, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña a su informe, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en esta fecha. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con cincuenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, siendo las nueve horas veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la continuación de audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, el Juez procede a reanudar la audiencia constitucional suspendida el siete de enero anterior, con motivo de la objeción de documentos planteada por la parte quejosa. Perito oficial. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, al perito oficial Cesar Andrés Barraza Carrillo. Acto continúo, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las normas que rigen el procedimiento, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se ordena suspender la presente audiencia, señalándose para su reanudación las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez Juez Primero de Distrito en La Laguna (Firmado electrónicamente) Licenciado Ernesto Rubio Hernández Secretario (Firmado electrónicamente)
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