Patricia Espinoza Castro

Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1150/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Patricia Espinoza Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinticinco de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectiva. Toda vez que es innecesario seguir conservando las constancias que integran el expediente de ejecución TCA/SS/009/2020, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con las que se formó el tomo de pruebas, remítanse a su lugar de origen. Finalmente en relación a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, del Acuerdo General citado, acuérdese en ellos lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la secretaría de Finanzas y Administración y en representación del Subsecretario de Ingresos, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como sus delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el de su residencia oficial en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de agosto de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 761/2022 promovido por Edilia Rodríguez Maldonado, Emmanuel Aguilar Leyva, Oscar Sánchez Rosas, Grettel Seyda Crespo Serrano, Olimpia Silva Chávez, Luis Alberto López Sáenz, Jatziri Peralta Pantaleón, Emmanuel Martínez Navez y Octavio Javier Velázquez Vélez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad y otras autoridades; se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de garantías y requiriéndoles que en el mismo se precise la fecha en que fue emitido el acto reclamado. Informes que podrán rendir a través del siguiente correo electrónico: 10jdo21cto@correo.cjf.gob.mx en términos del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el que se privilegian el uso de los medios tecnológicos para facilitar el despacho de los asuntos, medio de comunicación que también se pone a disposición de las partes. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En relación con la celebración de la audiencia, a fin de privilegiar la salud del personal y de los justiciables, se hace la precisión que si bien, las audiencias son públicas, éstas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes; de ahí que pueden llevarse a cabo aún sin su asistencia. En este tenor, se invita a las partes para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto; no obstante lo anterior, si es su deseo comparecer, deberán solicitarlo expresamente a efecto de proveer lo conducente y ordenar su preparación vía remota. En el entendido que de no hacer manifestación al respecto, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia y ésta se llevará a cabo sin su asistencia. Se hace saber a la autoridades responsable que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. No pasa inadvertido que la fecha señalada rebasa el término establecido en el artículo 138, de la Ley de Amparo, sin embargo, en este caso ésta se fija conforme a las cargas de trabajo y a que resulta necesario realizar notificaciones de carácter personal a las partes las que se llevarán a cabo de manera escalonada en los términos precisados en el Acuerdo General 21/2020. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: -El cumplimiento ordenado por auto de fecha 04 de julio del año 2022, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en el bien inmueble ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 37, colonia Universal de esta ciudad capital, en Chilpancingo, Guerrero, que se tramita dentro del juicio especial de desahucio 70/2021-I. También es menester observar lo dispuesto por la fracción X, del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se ejecute la resolución reclamada. ***** Al respecto, se considera pertinente establecer los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para su procedencia: ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ***** En virtud de lo anterior, se concluye que con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, por propio derecho. Lo anterior es así, toda vez que, conforme a los planteamientos de la demanda de amparo, la incidentista es causahabiente de Reynalda Osorio Corona, quien es la persona que realizó un contrato de arrendamiento con Rosa Carbajal Luna, representante común de los aquí quejosos respecto el bien inmueble cuya posesión aducen tener. Para corroborar lo anterior, resulta necesario explicar que la doctrina define al "causahabiente" como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Esto quiere decir que con el término "causahabiente" se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la propia relación jurídica. Por consiguiente, el causahabiente es quien, con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. De ese modo, por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber intervenido para nada en la celebración de este. Entonces, el hecho de que la parte quejosa tiene la posesión del inmueble, este sólo acto no es suficiente para considerar procedente conceder la suspensión provisional para que no se lleve a cabo el desalojo, pues tratándose de casos en que la agraviada se ostenta como tercera extraña a juicio, señalando que tiene la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que éste, a fin de que quede demostrado el interés jurídico, lo que en el presente caso no acontece. Habida cuenta que, si bien es cierto que la parte quejosa, no es parte formal, ni material en el juicio de origen y por ende se le considera tercera extraña, también lo es que, es causahabiente de su arrendador. Además, de que el artículo 138, de la Ley de Amparo se advierte que la no afectación al interés social es un requisito para otorgar la suspensión del acto reclamado y, por ello, debe analizarse de oficio a efecto de que no se vea transgredido con la medida cautelar otorgada. Así, el interés suspensional está inmerso en el concepto de interés social y, al ser un presupuesto de la acción constitucional, también debe estudiarse de oficio. En ese contexto, la parte solicitante del amparo, no acredita con documento alguno su interés suspensional, pero del escrito demanda se advierte que la orden de desalojo reclamada evidencia que se actualiza la causahabiencia procesal de la quejosa con su arrendador, es decir, la quejosa se sustituye en la obligación que tiene su causante para cumplir el auto que requiere la entrega voluntaria del bien raíz que defiende, dado que la causahabiencia diluye la eficacia del interés suspensional e, incluso, de la fecha cierta del documento que se quiera oponer a la contraparte de su causante, que intervino en la relación jurídica de la que deriva el derecho del causahabiente, porque se sustituye en las obligaciones de aquél. Luego, el contrato de ocupación en que apoya su derecho pone de manifiesto la maniobra de la demandada (arrendador de la quejosa) para no cumplir con la sentencia en el juicio de origen, por lo que es facultad del Juez de primer grado exigir el cumplimiento de esta, para lo cual la incidentista conserva su derecho de ejercer la acción que estime procedente en contra de su arrendador. No pasa inadvertidos que los directos quejoso, también aluden ser arrendatarios directos del local del que se solicita el desalojo respectivo; sin embargo, aun en ese extremo, subsiste la circunstancia de que no exhibieron el documento idóneo para acredita su interés jurídico en el caso, el contrato de arrendamiento que refieren en su demanda de amparo que nos ocupa o algún otro para acreditar su dicho, de ahí que la falta de interés jurídico que prevalece para negar la medida suspensional solicitada. Tiene aplicación en lo conducente la tesis I.3o.C.438 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2356, con número de registro 2023012, que expone lo siguiente: ***** Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que se ostentó como tercera extraña auténtica en el juicio especial hipotecario tramitado ante un Juez de lo civil y alegó, entre otras cosas, que celebró contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de ejecución de la orden de lanzamiento sin ser parte en ese juicio, y señaló como acto reclamado la desposesión decretada en cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. En sentencia interlocutoria el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, específicamente para que la quejosa no sea lanzada del inmueble hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. En contra de esa sentencia interlocutoria, el tercero interesado promovió recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe revocarse la suspensión definitiva otorgada por el Juez de Distrito a la quejosa (causahabiente de la arrendadora), al impedirse la ejecución de la sentencia definitiva que adquirió la calidad de verdad legal, pues va en detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las sentencias que constituyen cosa juzgada. Justificación: Lo anterior es así, porque la suspensión otorgada a la quejosa impide la ejecución de la sentencia definitiva, en detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las sentencias que constituyen cosa juzgada, para que el gobernado acceda al derecho humano de acceso a la justicia efectiva. Del artículo 138 de la Ley de Amparo se advierte que la no afectación al interés social es un requisito para otorgar la suspensión del acto reclamado y, por ello, debe analizarse de oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que no se vea transgredido con la medida cautelar otorgada. Así, el interés suspensional está inmerso en el concepto de interés social y, al ser un presupuesto de la acción constitucional, también debe estudiarse de oficio. Ahora bien, la solicitante del amparo, para acreditar su interés suspensional, exhibió copia fotostática certificada por notario público (en fecha posterior al acto reclamado) de un contrato de arrendamiento que celebró, en calidad de arrendataria, con la demandada del juicio hipotecario de origen (como arrendadora), donde ya fue vencida y condenada al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, al igual que se aprobó el remate a favor de la parte actora de aquel juicio. De ahí que la orden de desalojo reclamada evidencia que se actualiza la causahabiencia procesal de la quejosa con su arrendadora, es decir, la quejosa se sustituye en la obligación que tiene su causante para cumplir el auto que requiere la entrega voluntaria del bien raíz que defiende, dado que la causahabiencia diluye la eficacia del interés suspensional e, incluso, de la fecha cierta del documento que se quiera oponer a la contraparte de su causante, que intervino en la relación jurídica de la que deriva el derecho del causahabiente, porque se sustituye en las obligaciones de aquél. Luego, el contrato de ocupación en que apoya su derecho pone de manifiesto la maniobra de la demandada (arrendadora de la quejosa en el juicio de amparo que ahora se revisa) para no cumplir con la sentencia que aprobó la subasta judicial del inmueble que ahora se defiende, razón por la que, mientras siga pendiente el cumplimiento de esa sentencia, la arrendataria (quejosa) se sustituye en la obligación de su arrendadora para cumplir el mandato judicial de entrega y se actualiza la facultad del Juez de primer grado para exigirle a la solicitante del amparo el cumplimiento de la misma, quien, en todo caso, conserva su derecho para ejercer la acción que estime procedente en contra de su arrendadora." Aunado a que, los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, son: el primero, la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; luego, en relación con el segundo requisito, debe decirse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Da sustento a lo anterior, la tesis II.1o.A.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1515, del Semanario judicial de la Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época cuyo rubro y texto siguiente: ***** Luego, ante la naturaleza de los actos que reclama la parte quejosa, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el gobernado con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa, frente al bienestar social. En efecto, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad, de ahí que se niega la suspensión provisional solicitada por la parte incidentista. En otro contexto, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de su parte la documental que anexo al escrito inicial de demanda, misma que será relacionadas al celebrarse la audiencia incidental. Por otra parte, y toda vez que el incidente de suspensión se tramita por cuerda separa del cuaderno principal, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los promoventes en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refieren por así solicitarlo expresamente. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: ****** Finalmente y como lo solicita la parte quejosa incidentista, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, expídasele la copia certificada que solicita, previa razón de recibido que obre en autos. Notifíquese.

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