Patricia Elizabeth Morales Tuexi
Expediente 1262/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Patricia Elizabeth Morales Tuexi
- Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, Zacatecas
- Carlos Alberto Velasco Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusieran recurso de revisión contra la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, que sobreseyó el presente juicio, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, por propio derecho, contra el acto que hicieron consistir en la de orden de aprehensión reclamada al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Villa de Cos, Zacatecas, y a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta números Uno y Dos, ambos del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el quince del presente mes y año; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las once con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. No obsta a la conclusión apuntada, que el informe justificado que rindió la autoridad responsable, haya sido enviado por correo electrónico, pues si bien la copia simple de un documento no tiene valor probatorio pleno, sino que queda a la libre apreciación del juzgador, lo cierto es que para ello puede atenderse al principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto sobre la convicción de que la prueba no es ilícita, que debe compaginarse con el derecho humano de tutela judicial efectiva, que está relacionado con los derechos de defensa, igualdad y expedites en la administración de justicia. Es orientadora la tesis aislada I.3o.C.54 C (10a), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico."
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