Patricia Elizabeth Enriquez Guillen

Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Patricia Elizabeth Enriquez Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte peticionaria de amparo, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a PATRICIA ELIZABETH ENRIQUEZ GUILLEN, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por PATRICIA ELIZABETH ENRIQUEZ GUILLEN, contra actos del Congreso del Estado de Nayarit y otros. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 915/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación con esa demanda, con fundamento en los artículos 114, fracción I y V, en relación con los numerales 108, fracción IV y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, cumpla la prevención siguiente: ? Precise de manera concreta y sin ambigüedades cuál es en sí el acto que reclama, pues del escrito de demanda no se logra advertir tal circunstancia, pues señala como responsables autoridades legislativas y administrativas y les atribuye mi decreto de pensión que por ley me corresponde. ? Indique el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables tomando como base la naturaleza que éstas tienen, es decir, deberá indicar el acto legislativo que reclame al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, y el acto administrativo que al efecto atribuya al Secretario de Educación del Estado de Nayarit y al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. ? Aclare respecto de qué actos reclamados solicita la suspensión provisional y de cuáles la suspensión de plano, atendiendo a la naturaleza de los actos que llegue a señalar, pues la solicita respecto de todos los bienes de su propiedad. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo tiene que contener específicamente la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En la inteligencia que deberán adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo forma parte integral de su demanda; apercibidas que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a José Manuel Rosales Hernández, en virtud de que no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Administradora de Correos, Urbana del Valle, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de que fue objeto por oficio 1006-IV, de cuatro de abril del año en curso, remite copia certificada de los acuses de recibo de los oficios1093-IV y 1094, de cuatro de marzo dos mil veinte, dirigidos a las autoridades siguientes: Tesorero Municipal y Ayuntamiento del Constitucional, ambos de Bahía de Banderas, Nayarit. Ahora, de dichos acuses se desprende que las autoridades de mérito quedaron debidamente notificadas de la interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte. Por lo tanto, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Luego, tomando en consideración que en la interlocutoria de referencia se declaró fundado el incidente innominado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, para que dentro del término de tres días, atendiendo los lineamientos expuestos en la interlocutoria de referencia, acredite ante este órgano jurisdiccional haber realizado la modificación correspondiente, y exhiba un cálculo en el que se refleje que la parte quejosa debe pagar la cantidad de $232.79 (dos cientos treinta y dos pesos 79/100 moneda nacional) por concepto de impuesto predial relativo al inmueble con cuenta predial U044724, respecto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el??????? artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

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