Patricia Elisa Duran Reveles
Expediente 690/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Elisa Duran Reveles
Actuaciones
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del dos de junio del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En este sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 690/2023-VII. En este asunto la parte quejosa señala como actos reclamados la difusión, comentarios, manifestaciones y descalificaciones falsas en su contra vertidas en la publicación del dieciséis de mayo del año en curso del Diario Puntual, así como la difusión de una nota en el medio de comunicación https://hgrupoeditorial.com/, relativa a una entrevista publicada el diecisiete de abril último. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 5o., 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, Artículo 107. El amparo indirecto procede (este a contrario sensu) todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, Constitucional, mismos que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.)." "Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La interpretación restrictiva del primero de los citados preceptos, es en el sentido de que la causal de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución (improcedencia legal o constitucional). Además, debe puntualizarse como requisito que al invocarse esta causal es preciso citar expresamente la disposición legal con que se vincule. Ahora, los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, establecen esencialmente que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; actos que emanen de autoridad responsable, siendo ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y en el presente asunto no es autoridad para efectos del juicio de amparo el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios. En esas condiciones, el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que así lo dispone el artículo 1 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, de la ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose esto, la actividad del estado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados se hacen consistir en la difusión, comentarios, manifestaciones y descalificaciones falsas en contra de la quejosa vertidas en la publicación del dieciséis de mayo del año en curso del Diario Puntual, así como la difusión de una nota en el medio de comunicación https://hgrupoeditorial.com/, relativa a una entrevista publicada el diecisiete de abril último, realizada por Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, quien no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, de acuerdo a los artículos 5o. y 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por ésta aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto de que se trate, actuando en forma individualizada y unilateral, por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretenda imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo como criterio tradicional, que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, legales o de hecho, que están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por ser pública la fuerza de la que disponen; sin embargo, doctrinariamente se gestó un nuevo concepto, conforme al cual el elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular, además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, lo que en el caso no acontece con el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, en relación con la quejosa. Así, se arriba a la conclusión de que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas por ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, los servidores públicos en ejercicio de sus facultades y atribuciones, emiten actos que deben considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pero ello no significa que todos deban calificarse así, pues sólo tendrán ese carácter aquellos con los que se afecte la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder, esto es, cuando aquéllos impongan su voluntad unilateralmente, sin necesidad de acudir a los tribunales, en ejercicio de las facultades decisorias que le son atribuidas en ordenamientos normativos, pues para que un órgano del Estado pueda considerarse como autoridad, el acto reclamado debe tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, a diferencia de los actos de particulares que despliegan no sólo las personas físicas o morales de carácter privado. Por tanto, las declaraciones vertidas a la prensa por el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios que no es servidor público respecto de la quejosa, no implica el ejercicio de una potestad de decisión, ni la creación o extinción de una situación jurídica que afecte la esfera legal de éste, no constituyen un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sino la mera exposición de una opinión en torno a un tema, en la medida en que no se está ante una determinación de cumplimiento obligatorio; además, la expresión de tales ideas tampoco conlleva para el gobernado la imposición de una obligación, la modificación de alguna existente o la limitación de un derecho. En todo caso, la afectada por una manifestación de esa naturaleza, en este caso la quejosa, puede acudir en la vía ordinaria (juicio civil), a dilucidar la controversia por daño moral, conforme a la legislación civil, pues ésta prevé medios de defensa que le otorgan un período probatorio pertinente y la posibilidad de obtener la reparación integral de la afectación mediante una indemnización económica que no podría obtener por la vía del amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para esta determinación, la tesis que transcribió la parte quejosa, toda vez que en el caso no es aplicable, ya que para que proceda el juicio de amparo indirecto respecto de los actos reclamados, debe existir una relación de supra a subordinación, además estar relacionados con la investigación en su contra de la hoy quejosa mientras ostentó un cargo público, lo que en el caso estudio hasta el momento no acontece. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el que indica en su demanda de amparo, en razón de que se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez), ello únicamente para aquellas notificaciones que ameriten ser de carácter personal, las restantes realícense por medio de lista electrónica. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Asimismo, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico que refiere la promovente, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 690/2023-VII. En este asunto la parte quejosa señala como actos reclamados la difusión, comentarios, manifestaciones y descalificaciones falsas en su contra vertidas en la publicación del dieciséis de mayo del año en curso del Diario Puntual, así como la difusión de una nota en el medio de comunicación https://hgrupoeditorial.com/, relativa a una entrevista publicada el diecisiete de abril último. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 5o., 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, Artículo 107. El amparo indirecto procede (este a contrario sensu) todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, Constitucional, mismos que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.)." "Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La interpretación restrictiva del primero de los citados preceptos, es en el sentido de que la causal de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución (improcedencia legal o constitucional). Además, debe puntualizarse como requisito que al invocarse esta causal es preciso citar expresamente la disposición legal con que se vincule. Ahora, los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, establecen esencialmente que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; actos que emanen de autoridad responsable, siendo ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y en el presente asunto no es autoridad para efectos del juicio de amparo el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios. En esas condiciones, el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que así lo dispone el artículo 1 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, de la ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose esto, la actividad del estado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados se hacen consistir en la difusión, comentarios, manifestaciones y descalificaciones falsas en contra de la quejosa vertidas en la publicación del dieciséis de mayo del año en curso del Diario Puntual, así como la difusión de una nota en el medio de comunicación https://hgrupoeditorial.com/, relativa a una entrevista publicada el diecisiete de abril último, realizada por Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, quien no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, de acuerdo a los artículos 5o. y 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por ésta aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto de que se trate, actuando en forma individualizada y unilateral, por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretenda imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo como criterio tradicional, que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, legales o de hecho, que están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por ser pública la fuerza de la que disponen; sin embargo, doctrinariamente se gestó un nuevo concepto, conforme al cual el elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular, además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, lo que en el caso no acontece con el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios, en relación con la quejosa. Así, se arriba a la conclusión de que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas por ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, los servidores públicos en ejercicio de sus facultades y atribuciones, emiten actos que deben considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pero ello no significa que todos deban calificarse así, pues sólo tendrán ese carácter aquellos con los que se afecte la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder, esto es, cuando aquéllos impongan su voluntad unilateralmente, sin necesidad de acudir a los tribunales, en ejercicio de las facultades decisorias que le son atribuidas en ordenamientos normativos, pues para que un órgano del Estado pueda considerarse como autoridad, el acto reclamado debe tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, a diferencia de los actos de particulares que despliegan no sólo las personas físicas o morales de carácter privado. Por tanto, las declaraciones vertidas a la prensa por el Líder del SUTEYM Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado y Municipios que no es servidor público respecto de la quejosa, no implica el ejercicio de una potestad de decisión, ni la creación o extinción de una situación jurídica que afecte la esfera legal de éste, no constituyen un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sino la mera exposición de una opinión en torno a un tema, en la medida en que no se está ante una determinación de cumplimiento obligatorio; además, la expresión de tales ideas tampoco conlleva para el gobernado la imposición de una obligación, la modificación de alguna existente o la limitación de un derecho. En todo caso, la afectada por una manifestación de esa naturaleza, en este caso la quejosa, puede acudir en la vía ordinaria (juicio civil), a dilucidar la controversia por daño moral, conforme a la legislación civil, pues ésta prevé medios de defensa que le otorgan un período probatorio pertinente y la posibilidad de obtener la reparación integral de la afectación mediante una indemnización económica que no podría obtener por la vía del amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para esta determinación, la tesis que transcribió la parte quejosa, toda vez que en el caso no es aplicable, ya que para que proceda el juicio de amparo indirecto respecto de los actos reclamados, debe existir una relación de supra a subordinación, además estar relacionados con la investigación en su contra de la hoy quejosa mientras ostentó un cargo público, lo que en el caso estudio hasta el momento no acontece. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el que indica en su demanda de amparo, en razón de que se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez), ello únicamente para aquellas notificaciones que ameriten ser de carácter personal, las restantes realícense por medio de lista electrónica. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Asimismo, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico que refiere la promovente, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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