Patricia Dickinson Calderón
Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Patricia Dickinson Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 3/2018-Iv, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 3/2018-IV, promovido por PATRICIA DICKINSON CALDERÓN, constante de ciento cincuenta y cuatro fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe.
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PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de diez de mayo y la resolución de ocho de mayo, ambos de dos mil dieciocho, que en lo conducente establecen: ... Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 3/2018-IV, promovido por PATRICIA DICKINSON CALDERÓN, constante de ciento cincuenta y cuatro fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe. Guanajuato, Guanajuato, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 3/2018-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 193/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Patricia Dickinson Calderón, por propio derecho, en contra de actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 7), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Patricia Dickinson Calderón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "V. LA NORMA (S) GENERAL (ES), ACTO (S) U OMISIÓN (ES) QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Son los siguientes: 1) Ordenadoras: A) H. Congreso del Estado de Morelos, reclamo: 1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto Número 587, que adiciona el Capitulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° Bis a 94 Bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° Bis a 94° Bis-12; así mismo, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reclamo: 1. La sanción, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto Número 587, que adiciona el Capitulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° Bis a 94 Bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° Bis a 94° Bis-12; así mismo, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. C) C. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, reclamo: 1. El refrendo y publicación del Decreto Número 587, que adiciona el Capitulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° Bis a 94 Bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° Bis a 94° Bis-12; así mismo, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. D) C. Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, reclamo: 1. La publicación del Decreto promulgatorio de fecha 13 de Abril de 1999, a través de la cual se ordenó la publicación y observancia del Decreto Legislativo señalado en el inciso A) que antecede. 2) Ejecutoras: E) C. Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos, les reclamo: LA DETERMINACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN INDEBIDA de las cantidades correspondientes al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional. III. AUTORIDAD (ES) RESPONSABLE (S). Lo son: 1) Ordenadoras: A) H. Congreso del Estado de Morelos; B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; C) C. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; D) C. Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos; 2) Ejecutoras: E) C. Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, manifestó que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en donde, la secretaria encargada del despacho, mediante proveído de tres de enero de dos mil dieciocho (fojas 9 a 14), la registró con el número 3/2018-IV; la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; requirió al notario Público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos para que dentro del plazo de cinco días remitiera copia certificada de la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) y de los recibos de pago que expidió a favor de la quejosa, como retenedor de contribuciones derivadas del acto jurídico que ampara ese instrumento notarial; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que obra a foja 134 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 135), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 3/2018-IV, al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 193/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama la inconstitucionalidad de normas de carácter general, con motivo del que se aduce, constituye el primer acto de aplicación, llevado a cabo en el municipio de Cuernavaca, Morelos, esto es, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que prevé: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, en el presente juicio los actos reclamados de las autoridades responsables, son los siguientes: a) La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. Actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de las siguientes autoridades: 1. Congreso del Estado de Morelos. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos. 4. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. b) La aprobación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Acto que se atribuye de la autoridad: ? Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. c) La determinación y cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional, a que se refieren los artículos descritos en el inciso que precede. d) La recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su impuesto adicional. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 5. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. Inexistencia del acto reseñado en el inciso b). No es cierto el acto reclamado al gobernador Constitucional del Estado de Morelos (fojas 50 a 55), consistente en la aprobación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 70, fracciones I y II , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al titular del poder ejecutivo de dicha entidad solo le corresponde presentar al legislativo las iniciativas de ley y hacer observaciones a los proyectos de leyes o decretos que apruebe y le remita el Congreso; no así la aprobación de normas generales en tanto que ello corresponde al Congreso Estatal. En ese sentido, al ser inexistente la aprobación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamada al gobernador Constitucional del Estado de Morelos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Inexistencia de los actos precisados en el inciso c) del considerando segundo. No son ciertos los actos que se atribuyen al tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (fojas 83 a 91), consistentes en la determinación y cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su adicional. II.1. Se considera así, porque respecto a la determinación de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y adicional que se reclama de tal autoridad, se advierte que esta se llevó a cabo por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, a través de la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) de veinticuatro de febrero de mil seis (fojas 26 a 31 y 94 a 105), que contiene un contrato de compraventa de un inmueble celebrado entre José Ruiz Orantes, como parte vendedora y la quejosa Patricia Dickinson Calderón como compradora, en la cual el fedatario público desglosó el importe a pagar por la promovente de este juicio, entre otros, de los tributos cuya inconstitucionalidad impugna, como se advierte de la parte relativa de la cláusula séptima de ese documento: "SÉPTIMA.- Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente operación, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, serán cubiertos por la parte Compradora, con excepción del pago del Impuesto sobre la Renta, que será cubierto por la parte Vendedora. --------------------------------------------------------------------------- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA. -------------------------- BASE SEGÚN AVALÚO: $51,000.00. ---------------------------------------- IMPUESTO TASA 2%. $1,020.00. --------------------------------------------- MÁS 25 DE ADICIONALES.- $255.00. --------------------------------------- T O T A L .- $1,275.00. ------------------------------------------------------------ [.]" Tal transcripción evidencia que no es cierto el acto de determinación de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, reclamada al tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II.2. Por otra parte, en relación con el cobro del impuesto adicional que se impugna de dicha autoridad, tampoco es cierto, porque la quejosa fue quien erogó el monto relativo a ese tributo, lo que se advierte de la copia certificada del recibo número 21,012 de veinticuatro de febrero de mil seis , expedido a su nombre por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos (foja 32). De ese comprobante se desprende que se asentó el número de la escritura pública (175,395), como acto jurídico el de "COMPRA VENTA" y el monto pagado por impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cuyo importe coincide con el descrito en el instrumento público referido (parte conducente que se transcribió en párrafos precedentes y en el que se incluye el impuesto adicional), descrito en el recibo como: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES $1,275.00". En ese sentido, se tiene que, en la especie, no se demostró que se efectuó procedimiento alguno de requerimiento de pago o coactivo de cobro por parte de la autoridad responsable, ni de alguna otra, ya que el entero, entre otros, de los tributos reclamados, se realizó de manera voluntaria, lo que lleva a concluir que no existen actos de cobro, por lo que deben tenerse como inexistentes. Al resultar inexistente el acto reclamado del tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, consistente en el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su adicional; procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Existencia de la ley reclamada [acto precisado en el inciso a) del considerando segundo]. Son ciertos los actos que se reclaman, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, al Congreso (fojas 42 a 47); al gobernador (fojas 50 a 55); al secretario general de Gobierno (fojas 56 a 60); y al director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" (fojas 56 a 60), todos del Estado de Morelos, consistentes, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior, pues al margen de lo expresado por dichas autoridades en su informe justificado, no se puede soslayar que atendiendo la naturaleza de tales actos, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de derecho positivo vigente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Existencia del acto descrito en el inciso d) del considerando segundo. Finalmente, el tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (fojas 83 a 91), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su adicional, a que se refieren los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En consecuencia, debe tenerse por cierto el aludido acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o., párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a que la existencia del acto reclamado, se robustece con el recibo oficial de pago número 1761521 de veintidós de marzo de dos mil seis (foja 33), que remitió, previo requerimiento del juzgado auxiliado, el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos; documental que adquiere valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un documento expedido por una autoridad; además de que fue certificado por un fedatario público. Se precisa, que si bien la recepción del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su adicional, en un primer momento fue efectuada por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, con residencia en Cuernavaca, como se advierte del recibo número 21,012 de veinticuatro de febrero de mil seis; lo cierto es que en fecha posterior, el referido fedatario público fue quien enteró a la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su impuesto adicional reclamados, lo que dio origen a que esta autoridad expidiera el recibo oficial de pago número 1761521 de veintidós de marzo de dos mil seis, a nombre de la quejosa. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la procedencia del juicio constitucional, pues conforme a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales previstas en el precepto 61 podrán analizarse aun de oficio. ? Improcedencia del juicio al promoverse fuera del plazo previsto en la ley. El gobernador, el secretario general de Gobierno y el director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como el tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aducen que este juicio es improcedente en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa promovió el juicio constitucional de manera extemporánea, en tanto que fue el veinticuatro de febrero de mil seis en que conoció del acto de aplicación de las normas reclamadas, al celebrar el contrato de compraventa que se contiene en la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) de la citada fecha. Resulta fundada la causa de improcedencia planteada. El numeral en que se sustenta la improcedencia del juicio, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." En el artículo transcrito, se contempla el consentimiento tácito de los actos reclamados, en las hipótesis en que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos forzosos y cuando se omita instar la acción constitucional contra ulteriores actos de aplicación de ordenamientos generales y no el primero de ellos. Ahora, en este juicio, se reclaman disposiciones de naturaleza heteroaplicativa, lo que conlleva a la existencia de un acto de aplicación para que se produzca el agravio personal y directo que afecte a un gobernado para que el mismo se encuentre en aptitud de combatirlas. Así, es menester destacar que, por regla general cuando se reclama una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no es dable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De no ser procedente el juicio, se impone sobreseer respecto de ese acto y de la norma impugnada; cuando resulta procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación al no actualizarse causal de improcedencia alguna, se analiza la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, solo en el caso de que se resuelva negar el amparo por lo que corresponde a esta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra el acto de aplicación. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese contexto, los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Cierto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;" Del numeral reproducido, se tiene que los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obligue a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, y entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley citada. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Por ello, para la procedencia del juicio de amparo contra leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, es necesario que generen la afectación en la esfera jurídica del gobernado, ya sea que dicha afectación surja con la entrada en vigor de la ley o con motivo del primer acto de aplicación. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia P./J. 55/97 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establecen las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que es del siguiente contenido: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso, la quejosa reclama la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con motivo de su acto de aplicación. Al respecto aduce que a través de la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) formalizó un contrato de compraventa y que con motivo de ese acto jurídico, el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos calculó y retuvo el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, cuya inconstitucionalidad reclama en este juicio; de lo cual, refiere, tuvo conocimiento el ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Sin embargo, la accionante de amparo omitió demostrar que efectivamente tuvo conocimiento de la aplicación de las normas impugnadas en la fecha que señala, pues resulta insuficiente lo que manifiesta en su demanda en el sentido de que un amigo le informó de su aplicación, en tanto que ello no se encuentra robustecido con algún elemento objetivo que demuestre o constate su dicho en cuanto a la fecha en que refiere tuvo conocimiento de la aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales. Por el contrario, se encuentra acreditado en autos que la quejosa conoció de las normas reclamadas el veinticuatro de febrero de mil seis, fecha en que suscribió la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) y de la que se advierte que el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, le hizo saber el monto a pagar por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su adicional; cuya cantidad fue cubierta por la quejosa en esa data, como se desprende del recibo número 21,012 de esa fecha (veinticuatro de febrero de mil seis) que al efecto le expidió el citado fedatario público. Monto que posteriormente fue enterado por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos que actúa como auxiliar de la administración pública del municipio, a la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos el veintidós de marzo de dos mil seis, a través del formato de "DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES" (fojas 34 y 93), lo que dio lugar a que esa dependencia emitiera el recibo oficial de pago número 1761521 a nombre de la promovente de este juicio (foja 33). En ese sentido, se tiene que el primer acto de aplicación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, lo es precisamente la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) materializada con el pago de los tributos reclamados en el recibo número 21,012, ambos de veinticuatro de febrero de mil seis, emitidos por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, por lo que es esta fecha la que debe tomarse en cuenta para efectos de computar el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 5/2006 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." Así como, por sus principios jurídicos, la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de febrero al diecisiete de marzo de dos mil seis, sin contar los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo de dos mil seis, por ser inhábiles. Ahora, si de autos se desprende que la demanda fue presentada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (más de once años después), lo que se evidencia del sello de recepción que aparece en el anverso de la primera hoja del escrito de demanda (foja 2), así como de la boleta de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (foja 1); se concluye que el ejercicio de la acción constitucional no ocurrió dentro de los quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que la causal de improcedencia en estudio se actualice. Cobra vigencia la tesis VI/89 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier 'acto posterior' de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal 'acto posterior' de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." No se soslaya que si bien en la escritura pública 175,395 (ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco) y en el recibo número 21,012 de veinticuatro de febrero de mil seis (que se consideraron como el primer acto de aplicación de las normas reclamadas), emitidos por el notario público número 2 (dos) de la Primera Demarcación Notarial en Cuernavaca, Morelos, no se asentó el fundamento legal del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y del impuesto adicional; lo cierto es que la escritura pública mencionada expresa con claridad los conceptos de los tributos reclamados y las cantidades respectivas. A mayor abundamiento, si se tomara en cuenta el diverso recibo oficial de pago número 1761521 de veintidós de marzo de dos mil seis, expedido por la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de igual manera el juicio resulta improcedente, en tanto que entre esta última data y la que se presentó la demanda constitucional, transcurrió en exceso (más de once años) el término de quince días previsto en la Ley de Amparo. Al margen de ello, como se expuso en párrafos precedentes, no se encuentra acreditado en autos que la quejosa haya tenido conocimiento de la aplicación de los artículos que impugna en la fecha en que refirió (ocho de diciembre de dos mil diecisiete), es decir, incumplió con esa carga procesal que le corresponde, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por las razones jurídicas que contiene, se cita la jurisprudencia PC.XXII. J/5 A (10a.) , del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD. De los artículos 19, 22, fracciones I y XIII, 35, 37 y 96, fracción VIII, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se advierte que el sistema impositivo se rige por el principio de autodeterminación, pues el sujeto pasivo de la obligación tributaria espontánea y voluntariamente, la determina en cantidad líquida y la cumple; principio del que participan las contribuciones que, por disposición legal, deben ser retenidas por un notario público, en tanto que el sujeto pasivo de los tributos es quien eroga los pagos correspondientes, aun cuando sea el notario quien retiene y, directamente, realiza el entero respectivo, como auxiliar del fisco estatal y responsable solidario de la obligación tributaria, en términos del artículo 8 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Ello, porque la responsabilidad solidaria de referencia constituye una obligación accesoria a la principal que ostenta el sujeto pasivo del tributo; de ahí que no debe entenderse que el notario retenedor lo sustituye, sino que el sujeto pasivo continúa como titular de la obligación derivada de la realización del hecho imponible; mientras que en el notario sólo recae la obligación de auxiliar al fisco en la efectividad del entero de los tributos. Así, el recibo de pago de contribuciones que, por disposición legal, debe retener el notario público, atento al principio de autodeterminación, es suficiente para afirmar que el sujeto pasivo del tributo realizó el pago respectivo y, por ende, que desde la fecha que consigna, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama; circunstancia que provoca que, por regla general, sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto de aplicación y por ende, para iniciar el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas; sin que sea necesario que contenga el fundamento del cobro de las contribuciones, debido a que no constituye un acto unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues simplemente acredita el cumplimiento de un deber impositivo por parte del contribuyente. Entonces, cuando la quejosa exprese que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas cuestionadas en una fecha posterior a la consignada en el recibo de pago de contribuciones, le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis 5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11, 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 2. La recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de su impuesto adicional. Es por lo expuesto que se considera innecesario agotar el estudio de las diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades, porque declarada la improcedencia del juicio, el estudio del resto no varía el sentido del fallo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 54/98 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En consecuencia dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos, porque el sobreseimiento que se decreta en este capítulo, impide a este juzgado federal su estudio. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Patricia Dickinson Calderón, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del licenciado José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza, hoy ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, en atención a la solicitud realizada el doce de febrero dos mil dieciocho, remite copia certificada de la boleta de turno, demanda, auto admisorio y audiencia constitucional, correspondientes al juicio de amparo 2/2018. Atento a lo anterior, téngase por satisfecha la solicitud realizada en proveído de referencia; y dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles, que serán computados legalmente, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, el cual se fija de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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