Patricia Delgado Romero

Expediente 2067/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2067/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Patricia Delgado Romero

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO ENRIQUE RAMOS BERNARDINO, EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "V i s t o el estado procesal de autos se resuelve el cumplimiento dado al fallo protector. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. De la sentencia ejecutoriada de seis de agosto de dos mil dieciocho, terminada de engrosar el dieciséis siguiente, se advierte que se determinó conceder el amparo y protección que solicitó la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Civil del distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, provea lo conducente a: ".a) Decretar la insubsistencia de todo lo actuado, a partir de la diligencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que corresponde al citatorio para la práctica de la audiencia conciliatoria, que debe ser desahogada en el procedimiento civil de origen, quedando el Juez responsable en libertad de jurisdicción para continuar con el trámite del procedimiento natural, de conformidad con el impulso procesal que a dicho juicio den las partes." (foja 173, vuelta). Por auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 189 y 190). Mediante oficio 2998 recibido por este Juzgado Federal el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Jueza Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que corresponde al citatorio para la práctica de la audiencia conciliatoria y, señaló nuevamente las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación que establece el artículo 218 del Código de procedimientos Civiles para el Estado, entre la parte actora *******y la parte demandada hoy quejosa *****(fojas 142 a 155). De igual manera, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, en oficio SFA-SI-IRCEP-DRPP-RPP-TECAMACHALCO:591/2018, recibido por este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, informó que con fecha veintiuno del mismo mes y año en curso, canceló el asiento de anotación del bien litigioso, asentado al margn de la partida 125, a fojas 160, Tomo LXV, del Libro 1, de dieciséis de enero de dos mil cuatro (fojas 194 a 196). Por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias de que se trata para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que realizaran manifestación alguna (foja 198). En tales condiciones, la Jueza Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, al haber dejado insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que correspondía al citatorio para la práctica de la audiencia conciliatoria y, señalar hora y día, para el desahogo de la audiencia de conciliación que establece el artículo 218 del Código de procedimientos Civiles para el Estado, entre la parte actora ***************; y, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, cancelar el asiento de anotación del bien litigioso; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Archívese este asunto como concluido."

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA VICTOR MANUEL MORALES SANDOVAL, EL ACUERDO DE FECHA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, primero de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, registrado con el número 27501, visto su contenido se provee: Se tiene al Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acusando de recibo el juicio de amparo 1508/2018 del índice de este juzgado federal. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, registrado con el número 27829 signado por el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; visto su contenido se provee: Se tiene al Juez ocursante remitiendo el oficio 46128/2018 con anexo, un expediente del juicio de amparo indirecto 1078/2018, de su índice. Acúsese el recibo respectivo. Ahora bien, se advierte de autos que mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, esta autoridad declaró carecer de competencia para resolver el juicio de amparo 1508/2018, respecto del acto reclamado a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación; planteando la competencia al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Dicho juicio de amparo, fue turnado al Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien mediante el oficio que se recibe, determinó no aceptar la competencia planteada, dado que a pesar que de las constancias remitidas se advertía el domicilio fiscal de la parte quejosa, contribuyente, consideró que no existen elementos suficientes para considerarse competente, ya que no se encontraba acreditado el lugar en el que se encuentra el domicilio de la parte quejosa. Además sostuvo que a pesar que de las constancias que obran en el juicio de amparo del índice de este juzgado federal se advertía que el pago de la jubilación por parte de la empresa en la que laboró el quejoso era realizado en la Ciudad de México y que éste tiene su domicilio fiscal en esa ciudad; también lo era, que el pago por dicho concepto se encontraba intrínsecamente ligado al domicilio del que se beneficia el quejoso, por ser razonablemente el lugar donde cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, por ende, reiteró, que el citado acto tenía consecuencias materiales en el ámbito privado del quejoso, el cual se desenvolvía en el domicilio por ser el lugar en el que resiente su ejecución. Acotado lo anterior, debe decirse que la suscrita Juzgadora, no comparte el criterio expuesto por el Juez ocursante, e insiste en que es al referido órgano federal, a quien por turno corresponde conocer y resolver la demanda de amparo promovida por., respecto del acto consistente en la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. En tales condiciones, toda vez que por auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria"1" y "2", informando que la parte quejosa., se advierte que este juzgado federal cuenta con elementos que demuestran de manera fehaciente que el domicilio del quejoso se encuentra en un lugar diverso al en que se ejerce jurisdicción. Independientemente de que, tal y como lo sostiene el la autoridad oficiante el quejoso ya no asista a su lugar de trabajo. Lo anterior en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Lo que además, se corrobora con la constancia de retención a que se refiere la parte quejosa, en la que se le aplicó el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que exhibió con su demanda de amparo, en el que aparece como retenedor Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (fojas 30 a 31), se advierte lo siguiente: En el apartado de "Datos del Trabajador o asimilado a salarios" aparece el rubro consistente en "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)" el cual contiene el número "09". Asimismo al pie de dicha constancia de sueldos en el número (5) señala: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán. 32 Zacatecas. De lo que se advierte que el número 08 que se señaló en el rubro de "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)", corresponde a: "Distrito Federal". De ahí que si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: - Ciudad de México -, por lo que conforme a lo informado por los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria"1" y "2", se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por la peticionaria de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. De ahí que, se insiste, este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer del acto reclamado y se estima que el estudio del presente asunto no corresponde a la suscrita, por lo que su competencia corresponde al Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, y toda vez que la suscrita no comparte el criterio del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, esta autoridad federal sostiene su resolución en la que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo antes señalada y a fin de dilucidar quién debe resolver sobre la misma, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el expediente del juicio de amparo indirecto 1078/2018 del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; a fin de que resuelva lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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