Patricia del Carmen Jiménez Fonz
Expediente 773/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Patricia del Carmen Jiménez Fonz
- Marisol Sarrelangue Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo del presente año, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Patricia del Carmen Jiménez Fonz, Guadalupe del Rosario Gutiérrez Garcia y Marisol Sarrelangue Castro; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 5.- VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
mesa 5 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 773/2020-5, promovido por Patricia del Carmen Jiménez Fonz, Guadalupe del Rosario Gutiérrez García y Marisol Sarrelangue Castro. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo, consistentes en las siguientes documentales: Recibo de pago a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz, del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Recibo de pago a nombre de Guadalupe del Rosario Gutiérrez García, del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Recibo de pago a nombre de Marisol Sarrelangue Castro, del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Recetas médicas de veintiséis y veintiocho de agosto de dos mil veinte, a nombre de Marisol Sarrelangue Castro. Resultados de análisis clínicos de veintisiete de agosto de dos mil veinte, a nombre de Marisol Sarrelangue Castro. Copia simple de comprobante de cita para laboratorio de veintiséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Marisol Sarrelangue Castro. Copia simple de la solicitud de exámenes de laboratorio de veintiséis de agosto de dos mil veinte, a nombre de Marisol Sarrelangue Castro. Copia simple de la constancia de aislamiento, estricto-obligatorio, de diez de agosto de dos mil veinte, a nombre de Marisol Sarrelangue Castro. Copia simple de la hoja de aislamiento e indicaciones, expedida por el instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz. Copia simple de la solicitud de exámenes de laboratorio de diez de febrero de dos mil veinte, a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz. Copia simple de solicitud de estudio de imagen de ultrasonido, de diez de febrero de dos mil veinte a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz. Copia simple de la constancia de valoración de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz. Copia simple de la nota de evolución de especialidades de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, a nombre de Patricia del Carmen Jiménez Fonz. Copia simple a color del acta de nacimiento a nombre de Pedro Reyes Gutiérrez Jiménez, con folio 3053044. Copia simple a color del acta de nacimiento a nombre de Esperanza García Mendoza, con folio 4150018. Copia simple a color del acta de nacimiento a nombre de Guadalupe del Rosario Gtiérrez García, sin folio. Copia simple a color de las credenciales de filiación al Instituto de Seguridad Social del Estado, de Pedro Reyes Gutiérrez Jiménez y Esperanza García Mendoza. Asimismo, con las copias certificadas de diversas constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, conjuntamente con la actuaria de su adscripción anexaron a su informe justificado fojas 70 a 75 Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 773/2020-5, promovido por Patricia del Carmen Jiménez Fonz, Guadalupe del Rosario Gutiérrez García y Marisol Sarrelangue Castro, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorios del artículo 1, 4, 14, 16, 17, 22, 123, apartado B, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Patricia del Carmen Jiménez Fonz, Guadalupe del Rosario Gutiérrez García y Marisol Sarrelangue Castro, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Administrador de la Región Cuatro de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Emiliano Zapata, Tabasco. ACTOS RECLAMADOS La orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, en la categoría de Secretaría Ejecutiva "A" a la de auxiliar de sala, bajo amenaza de que en caso de no presentarse se les levantaría acta administrativa correspondiente, no obstante se encuentran comprendidos dentro de los grupos considerados como vulnerables de alto riesgo por COVID 19; lo cual les fue notificado verbalmente a través de una llamada telefónica realizada por el actuario responsable. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 6 a la 10), se registró la demanda bajo el expediente 773/2020-5, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, en la categoría de Secretaría Ejecutiva "A" a la de auxiliar de sala, bajo amenaza de que en caso de no presentarse se les levantaría acta administrativa correspondiente, no obstante se encuentran comprendidos dentro de los grupos considerados como vulnerables de alto riesgo por COVID 19; lo cual les fue notificado verbalmente a través de una llamada telefónica realizada por el actuario responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Administrador Regional del Juzgado Primero de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región judicial Cuatro, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, toda vez que señala que no estaba obligada a actuar en la forma en que la quejosa indica al carecer de facultades para hacerlo; lo cual no fue desvirtuado por éste aun cuando se le dio vista en proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se considera que el acto atribuido a la referida autoridad responsable es inexistente, toda vez que la parte quejosa no desvirtúa la negativa de la referida autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO del referido acto reclamado a la autoridad responsable anteriormente señalada. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, conjuntamente con la actuaria de su adscripción, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo, la certeza del acto se advierte de las documentales que adjuntaron a su informe justificado rendido conjuntamente. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndic al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En el caso, se considera materializada la causa de improcedencia derivada de la interpretación, a contrario sensu, de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación conjunta de los artículos citados, se advierte que el juicio constitucional es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de un gobernado; por lo que el amparo será improcedente cuando los actos no deriven de una potestad que los dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló las notas distintivas de los actos de autoridad para distinguir cuándo se esta en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, mismas que son: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de voluntad del afectado. Lo anterior, lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, para establecer el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sirve de referencia la tesis XXXVI/99 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, de texto y rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese orden de ideas, es necesario que en el juicio de amparo se atienda la naturaleza del acto que se le imputa a una autoridad, para verificar si es autoridad para efectos del amparo, esto es, para estar en posibilidad de estimar la procedencia del amparo, se debe apreciar los actos y la calidad en que los realizó la autoridad a la que se señala como responsable. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto impugnado la orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, en la categoría de Secretaría Ejecutiva "A", bajo amenaza de que en caso de no presentarse se les levantaría acta administrativa correspondiente, no obstante se encuentran comprendidos dentro de los grupos considerados como vulnerables de alto riesgo por COVID 19; lo cual les fue notificado verbalmente a través de una llamada telefónica realizada por el actuario responsable. De lo anterior se obtiene que las autoridades señaladas como responsables ejecutan el acto reclamado como consecuencia de una relación laboral que sostienen con la parte quejosa en su carácter de empleadas sindicalizada en el puesto de Secretaria Ejecutiva "A" adscritas al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata Tabasco, al reclamarse cuestiones derivadas de un contrato de individual de trabajo. En ese sentido, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, genera un conflicto de índole laboral entre los impetrantes de amparo y las autoridades responsables. De ahí que la orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, en la categoría de Secretaría Ejecutiva "A"; lo cual les fue notificado verbalmente a través de una llamada telefónica realizada por el actuario responsable, pues en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes, pues se encuentran en un plano de igualdad. Por tanto, la relación de la parte quejosa con las autoridades responsables es de coordinación, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no de subordinación, al tratarse de una cuestión laboral como lo es el cambio de adscripción. Sirve de apoyo lo anterior, el criterio contenido en la tesis aislada XXVII.2o.3 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2432, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Materias Común, Administrativa, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL RELATIVA A SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 34 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 9, 10, fracción III, 11, 12, 17 y 131, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, ambos del Estado de Quintana Roo, se advierte que la relación jurídica del Poder Judicial de esa entidad con sus trabajadores se regula por la ley laboral burocrática local, que fija la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cambio de adscripción de dichos servidores públicos. Consecuentemente, la determinación del Consejo de la Judicatura Estatal relativa al cambio de adscripción de un trabajador del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque ese acto lo realiza como patrón, en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación. Se dice lo anterior, toda vez que dicho acto no puede considerarse dentro de una relación jurídica, de supra a subordinación, sino como derivado de una relación de coordinación entre la impetrante y las autoridades señaladas como responsables; así que, indudablemente escapa al concepto de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; considerándose éste, como el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, como aquel que emite un servidor público de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, el hecho de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco sea un organismo público, no es razón suficiente para que deba considerarse la orden verbal de cambio de adscripción a partir de sábado veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esa misma localidad, en la categoría de Secretaría Ejecutiva "A", como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no gozar de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para ese efecto; es decir, tal acto no es generado con fundamento en una norma legal que le otorgue a las citadas responsables la facultad de conducirse de tal o cual manera y que mediante este cree una situación jurídica concreta que afecte la esfera legal de la parte quejosa como gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de su voluntad. Lo anterior es así, ya que, como se desprende del libelo de amparo específicamente en los conceptos de violación, deja de manifiesto que la relación que existe entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables interactúan en un plano de transacción e igualdad, y no de supra a subordinación autoridad-gobernado, de tal manera que el acto del que se duele la parte quejosa, no proviene de un acto atribuible a una autoridad sino de cuestiones derivadas de un contrato colectivo de trabajo. Ello es así, en virtud de que del contenido las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el cambio de adscripción del que la parte quejosa se duele obedeció a la petición formulada en ese sentido por el Secretario General del Sindicato Único de los Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tabasco, mediante oficio 562/2020 de once de agosto de dos mil veinte, al cual recayó la determinación emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en la tercera sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al segundo periodo de labores, celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en el cual en el punto primero, segundo y tercero de dicho acuerdo determinó que se daba por terminada la adscripción de las referidas quejosas como secretarias ejecutivas "A" adscritas al Juzgado Mixto de Emiliano Zapata, Tabasco, y las adscribió temporalmente al Juzgado Primero de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en ese mismo municipio, con el salario y las prestaciones inherentes a su cargo, a partir del veinticinco de agosto de dos mil veinte, hasta que ese pleno del consejo determinara lo contrario. Asimismo, determinó que respecto a Patricia del Carmen Jiménez Fonz, al tratarse de una persona vulnerable debería permanecer en resguardo domiciliario debiendo laborar desde su domicilio particular en los días y horarios de labores; y respecto de la quejosa Marisol Sarrelangue Castro, determinó que en razón de que la citada quejosa era un caso positivo de Covid 19, debería permanecer en resguardo domiciliario hasta que se encontrase recuperada en su salud, lo cual debería informar a esa autoridad. En ese orden de ideas, en el presente asunto las autoridades responsables no actúan de manera unilateral ni con imperio en un plano de supra a subordinación frente al solicitante; al contrario, actúan en un plano de coordinación, por lo que en esa hipótesis el juicio de amparo es improcedente. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Patricia del Carmen Jiménez Fonz, Guadalupe del Rosario Gutiérrez García y Marisol Sarrelangue Castro, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por el Administrador Regional del Juzgado Primero de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Cuatro, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, cuyo plazo transcurre del nueve al dieciocho de febrero del año actual, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por lo que, para dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se señala como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Patricia Celorio Ricardez1760/2017
- Patricia Celorio Ricardez875/2018
- Patricia Celorio Ricardez840/2018
- Patricia Celorio Ricárdez930/2016
- Patricia de la Cruz Valencia608/2017
- Patricia del Carmen Chable Montero1402/2019
- Patricia del Carmen Parra Rosique1008/2017
- Patricia del Carmen Paz Domínguez1797/2015
- Patricia del Carmen Paz Dominguez105/2015
- Patricia del Carmen Ramón Vasconcelos1481/2016
- Patricia del Carmen Vázquez de la Cruz2088/2019
- Patricia del Socorro Díaz Valenzuela1267/2023