Patricia del Carmen Guzmán Pruneda

Expediente 1370/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1370/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Patricia del Carmen Guzmán Pruneda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda y ..., tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ...promovido por ... por derecho propio, contra los actos que reclama del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, y otras autoridades. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Intervención de las partes del incidente de suspensión. Parte quejosa. a) Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Violeta Alejandra Saavedra Santos y Carlos Antonio Núñez Cortés, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario "Cortes2021". Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "Cortes2021", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del lapso de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítaseles copia autorizada de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. 3. Terceros interesados. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y seis minutos del veintiséis de junio dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que los actos reclamados consisten, en síntesis, en: La orden de retención de salario y emolumentos derivados del doble cobro del impuesto sobre la renta y la ejecución de dicha orden. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa precisa los efectos para los cuales peticiona la suspensión del acto reclamado, para los efectos siguientes: ".no se me siga realizando descuento en mi salario dentro del bono mensual metropolitano, de manera unilateral ni arbitraria por el supuesto hecho de un ajuste injustificado ya que no lo autorice, ya que me causaría daño irreparable ya que es el sustento de mi familia así como de mis necesidades más básica como son alimentarias, salud, higiene como vivienda y se me reintegre el salario retenido concerniente al mes de enero del presente año ya que es el sustento de mi familia.". En consecuencia, se analizará la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En esas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a lo que debe entenderse por la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ha señalado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis siguiente: "Novena Época Registro: 200136 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 15/96 Página: 16 SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.". Bajo ese contexto normativo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado relativo a que se realice la devolución del impuesto ya pagado, ello en atención a los siguientes razonamientos: Toda vez que de concederse dicha medida cautelar en esos términos se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituye el acto reclamado aquí precisado, según se advierte del escrito de demanda, y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de derechos fundamentales. Bajo ese orden de ideas, se determina que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar, habida cuenta de que se tratan de actos que serán analizados una vez que se resuelva el juicio en lo principal. Aunado a lo anterior, esta juzgadora considera que no podría decretarse la medida cautelar para tales efectos que aquí se analizan, ya que en el caso, se considera que la materia del juicio de amparo no subsistiría, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la parte quejosa, ello es así, ya que no podría retrotraerse los efectos de la suspensión, al no contar con los mecanismos suficientes para que la parte quejosa entere la devolución del impuesto correspondiente; lo que se traduciría en un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, ya que tal beneficio no puede ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026730 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo.". Por otra parte, por lo que ve al efecto relativo a que no se continúe realizando el cobro reclamado, se concede a la parte quejosa, la suspensión provisional solicitada, ello con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, que la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, puesto que no es está en presencia de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni de sus casos análogos y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte peticionaria del amparo. Se precisa que el interés suspensional de la parte quejosa se encuentra acreditado indiciariamente con el recibo de nómina que anexa a la demanda de amparo. Asimismo, el interés suspensional se encuentra indiciariamente acreditado con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda. ... Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que la responsable se abstenga de realizar un cobro extra dentro del salario del aquí quejoso, relativo al impuesto sobre la renta, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Condiciones de efectividad. La suspensión surte efectos desde luego, siempre y cuando no se hubiera ejecutado los actos reclamados, o bien, si deriva de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo. Garantía. Sin que sea necesario fijar garantía para que surta efectos la suspensión provisional, en términos de lo previsto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, puesto que no se señaló, ni se tuvo a algún tercero interesado, y los efectos para los que se solicita la suspensión son únicamente para que la autoridad se abstenga de ejecutar en contra del quejoso, lo estipulado en el oficio señalado como acto reclamado. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. X. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. XI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. XII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Téngase por recibido el telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación de la Coordinadora Técnica en la Dirección en Jefe de dicho Registro, mediante el cual en atención al proveído de veinticinco de mayo del año en curso, informa que las constancias solicitadas en auto de quince de mayo del año, fueron remitidas vía correo certificado; al respecto, agréguese a los autos, y téngase a la autoridad en comento, informando lo anterior, estando a la espera de las constancias requeridas. Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.

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