Patricia del Carmen De la Torre Aguilar

Expediente 458/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
458/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Patricia del Carmen De la Torre Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, emitida por este juzgado de distrito, transcurrió del diecisiete de enero de dos mil diecinueve al treinta de los actuales, sin que la parte quejosa hubiere realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: a) Ha causado ejecutoria la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 458/2018-2, promovido por Patricia del Carmen de la Torre Aguilar, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. b) Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 458/2018-2, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III, párrafo segundo, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como en derecho corresponda, la intervención ministerial 008/2019, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; atento a su contenido, respecto a los alegatos que formula, los mismos resultan extemporáneos, toda vez que el catorce de los actuales se dictó sentencia en este juicio de amparo. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 458/2018-2, promovido por Patricia del Carmen de la Torre Aguilar, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Patricia del Carmen de la Torre Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. EL C. JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, CON DOMICILIO EN EL BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE SIN NÚMERO, COLONIA ELECTRICISTA DE ESTA CIUDAD. AUTORIDADES EJECUTORAS: SEÑALO A EL C. AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA, AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO, UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1, AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 2, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 3 Y AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO A ESCRITO AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y AL C. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, TODOS ELLOS CON DOMICILIO CONOCIDO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO SIN NÚMERO, ACTUALMENTE ENFRENTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, DE ESTA POBLACIÓN." "ACTO RECLAMADO. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECLAMO LA ORDEN DE APREHENSIÓN, QUE POR SÍ O POR MEDIO DE LOS AGENTES A SU MANDO, PRETENDEN EJECUTAR EN MI CONTRA, SIN QUE EXISTA PARA ELLO MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, YA QUE PRETENDEN PRIVARME DE MI LIBERTAD Y ENVIARME AL CENTRO DE EJECUCIONES Y SANCIONES DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS O DE CUALQUIER OTRO MUNICIPIO." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas; por acuerdo de once de diciembre del año próximo pasado (fojas 7 a 10), se registró con el número 458/2018-2; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior en virtud de que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad, además de que se atribuye a autoridades que tienen residencia en esta localidad, en la que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que la quejosa Patricia del Carmen de la Torre Aguilar, reclama: La orden de aprehensión, emitida en su contra, por las autoridades que señaló como responsables, y La ejecución de dicho acto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata (foja 17); Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscritos a las Unidades Generales de Investigación Números 1, 2 y 3 (fojas 18, 19 y 26); Agente Encargado de la Policía Ministerial del Estado (foja 21), Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado (foja 24); y Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional (foja 25), todos con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente la existencia del acto reclamado, sin que la quejosa hubiese ofrecido prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades responsables y acto reclamado precisados en el presente considerando. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número VI.2o J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. QUINTO. Publicación de la sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 458/2018-2, promovido por Patricia del Carmen de la Torre Aguilar, en contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las autoridades responsables y razones expuestas en el diverso tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que da fe.

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