Patricia del Carmen Can Poot

Expediente 407/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
407/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Patricia del Carmen Can Poot

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos para que obren como legalmente correspondan el sobre que contiene el oficio número II-7888/2022, del índice de este Juzgado, dirigidos a la DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; el cual fue devuelto por Estafeta, con la leyenda "rehusado por término judicial". En virtud de lo anterior, y toda vez que resulta necesario que dicha autoridad tenga conocimiento del oficio que se le notifica a través del aludido oficio, reexpídanse el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido contra los actos que reclamó a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y actuaria de su adscripción, consistente en señalar una fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio reclamatorio laboral 401/2020, y la omisión de emplazar a las partes demandadas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por PATRICIA DEL CARMEN COOT POOT, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia por cuanto al acto consistente en la detención y retención del vehículo y la llave correspondiente al automotor de la línea VISION ATX MOTO, de la marga DODGE modelo 2016, número de serie 9BD197561G3287825 de origen extranjero, con las placas anteriores USB00666F y actualmente placas YZL-866-D, llevada a cabo desde el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del referido acto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades responsables, primeramente la detención y retención del vehículo y la llave correspondiente al automotor de la línea VISION ATX MOTO, de la marga DODGE modelo 2016, número de serie 9BD197561G3287825 de origen extranjero, con las placas anteriores USB00666F y actualmente placas YZL-866-D, llevada a cabo desde el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la promovente, respecto de los aludidos actos reclamados, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por la promovente, que señala que detuvieron y retuvieron el vehículo y la llave del mismo, al menos desde el día treinta de diciembre de dos mil veintiuno, es evidente que a partir de esa data tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo que a la fecha en que presentó su demanda de amparo, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde el día treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se retuvo el vehículo y la llave del mismo, de la línea VISION ATX MOTO, de la marga DODGE modelo 2016, número de serie 9BD197561G3287825 de origen extranjero, con las placas anteriores USB00666F y actualmente placas YZL-866-D, por lo que es notorio que desde esa fecha, tuvo pleno conocimiento de dichos actos, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el once de febrero del año en curso, lo que denota que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar por notoriamente improcedente, la demanda de amparo instada respecto de dichos actos Ahora bien, resulta procedente analizar lo conducente al diverso acto reclamado consistente en la falta de respuesta respecto de los escritos que presentó la parte quejosa el tres y nueve de febrero de dos mil veintidós, en los que solicita la devolución de su vehículo. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del citado dispositivo constitucional transcrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la peticionaria de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el once de febrero de dos mil veintidós, y como se vio, en ésta se señaló como acto reclamado la falta de respuesta respecto de sus escritos que presentó el tres y nueve de febrero del año en curso, ante la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. De ahí que es inconcuso, que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez, que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable recibió los ocursos de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, ha transcurrido cinco días hábiles respecto del primer escrito y dos días hábiles respecto del segundo, por lo que es evidente, que la autoridad responsable no han tenido el tiempo necesario para analizar los escritos cuya omisión de proveer o falta de respuesta, se duele la quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Cuenta habida que el artículo 12, en su párrafo cuarto de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, dispone que los particulares podrán demandar en cualquier tiempo la nulidad de la resolución de negativa ficta, cuando las autoridades no den respuesta a su instancia en el término de noventa días hábiles; plazo que este Juzgado estima es el máximo para que la autoridad dé respuesta a los escritos de la parte quejosa, al establecerse en un ordenamiento legal y en su caso, opere la negativa ficta. Por tanto, se considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdo recaído, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación de los escritos a la autoridad y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (cinco y dos días hábiles), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable analice la solicitud planteada por la quejosa, de contestación a los escritos y notifique el acuerdo o acuerdo recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Similar criterio fue sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 182/2019. Por otra parte, como lo señala la promovente, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como su autorizado a las persona que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente y su autorizado, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico, el plasmando por la promovente en la boleta de Oficialía de Partes Común al momento de presentar su demanda de amparo; ello a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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