Patricia Deeke Arteaga
Expediente 688/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/10/2016
Partes del expediente
- Patricia Deeke Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de octubre de dos mil dieciséis Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ***, por derecho propio, mediante el cual cumple con los requerimientos efectuados en autos de cinco y ocho de septiembre del año en curso, por lo que se provee la demanda de amparo instaurada. Del escrito de demanda, se advierte señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1" y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro De las cuales reclama lo siguientes actos que a continuación se describen: 1.- Respecto la autoridad 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", reclama el oficio de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por el cual dio contestación al diverso oficio ***, emitido por el 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 2.- Del 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, el auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil ***, por el cual recibió el oficio remitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En primer término, se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto el acto reclamado sintetizado en el reactivo "1", donde la parte la parte quejosa reclama: El oficio de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por el cual da contestación al diverso ***, emitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". Ahora bien, se determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, y la aplicación analógica de la fracción V, del mismo dispositivo legal, toda vez que la quejosa no acredita que la resolución impugnada le provoque un perjuicio de imposible reparación. A efecto de evidenciar lo anterior es necesario traer al contexto el contenido de los artículos en cita, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, se encuentra demostrado, que el acto reclamado encuadra en la hipótesis normativa de la fracción IV del artículo 107 por tratarse de un acto emitido fuera de juicio (medios preparatorios a juicio mercantil ordinario) y que al respecto resulta de aplicación analógica, lo dispuesto en la fracción quinta del mismo artículo, es decir, la regla general establece que cuando los actos reclamados sean emitidos en juicio, el amparo contra actos intraprocesales, solo será procedente, si se trata de aquellos que son de ejecución irreparable. Dicha regla se ha hecho extensiva a los supuestos de actos realizados fuera de juicio y después de concluido el mismo, lo que tiene su lógica en el hecho de impedir que se abuse de la promoción del juicio de amparo, para retrasar la acción judicial, con cualquier pretexto. Así las cosas, la regla señalada impera por igualdad de razón, respecto de la fracción IV del artículo 107, como se demuestra de la lectura de las siguientes tesis de jurisprudencia: Por su analogía es aplicable la tesis 1a./J. 16/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Décima emitida por la Primera Sala de la Corte, visibles en el libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744 que por su analogía con el caso concreto es perfectamente aplicable: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Analizado lo anterior, corresponde revisar, si dicho acto reviste la característica de imposible reparación, conforme a la aplicación analógica de la fracción V, del artículo 107 Constitucional. Al respecto, la misma fracción, nos ofrece una definición de lo que se considera un acto de imposible reparación, esto es: entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte la Suprema Corte de Justicia, en una nueva interpretación del tema, acorde al texto de la nueva ley de amparo, ha precisado en reciente contradicción de tesis, el concepto de imposible reparación, lo que se hace constar en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En las relatadas circunstancias, resulta claro que el acto que reclama la quejosa, no constituye una violación de derechos sustantivos, toda vez que en el mismo únicamente se recibió el oficio emitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", donde manifestó su imposibilidad a efecto de proporcionar la información requerida por la parte actora, por ser información de carácter reservada. Por otro lado, no puede afirmarse que la quejosa haya quedado sin defensa, pues tiene expeditos sus derechos, para controvertir dicho acto en el momento oportuno, es decir, cuando se dictamine la última resolución dentro de los medios preparatorios a juicio mercantil ordinario, mismo que será materia de estudio, previa la impugnación correspondiente. Bajo esa premisa, el acto que reclama la parte quejosa es de naturaleza formal y por el momento no produce una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí la actualización de la causal de improcedencia. Abona a lo anterior interpretada en sentido contrario, la tesis número XIX.1o.A.C.30 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Abril de 2011 Pagina 134, que dispone: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA SI CON AQUÉLLOS SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS. La fracción III del artículo 114 de la ley de la materia establece que procede el amparo ante los Juzgados de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, por regla general, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De ahí que si bien es cierto que por identidad jurídica debe aplicarse la regla general para los actos de ejecución de sentencia a los actos intraprocesales fuera de juicio, en cuanto a que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución, también lo es que igualmente procede si con los medios preparatorios a juicio se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos. Por lo que el Juez de amparo debe atender en grado predominante esa situación, tomando en cuenta tanto los antecedentes, como el alcance del contenido de los actos reclamados. Por otro lado, se estima que existe un diverso motivo de improcedencia respecto el acto reclamado sintetizado en el reactivo "2", donde la parte la parte quejosa reclama: El auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil ***, por el cual recibió el oficio remitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la Ley aplicable, en el caso, la revocación, esto conforme al artículo 1334 del Código de comercio, el cual dispone lo siguiente: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que en contra de los autos dictados en un juicio de naturaleza mercantil en los cuales no proceda el recurso de apelación, procede el de revocación. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama que la responsable dictó un auto en el que proveyó un oficio remitido por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", que dicho auto le causa agravios, sin agotar el medio de defensa ordinario que prevé la ley del acto. La procedencia de dicho medio ordinario de defensa, deviene de la interpretación del artículo 1153 del Código de Comercio, mismo que prevé que procede el recurso de apelación únicamente contra la resolución que deniegue la diligencia preparatoria, lo cual no es aplicable al caso concreto. Asimismo, la parte quejosa manifestó que promovió los medios preparatorios a juicio mercantil ordinario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1155 del Código de Comercio; ahora bien, de dicha porción normativa no se advierte la procedencia del recurso de apelación contra este tipo de actos, en el entendido de que únicamente procede dicho medio de impugnación, contra la resolución que niegue lo pedido o aquella que la conceda, como se desprende del diverso numeral 1154 de dicho Código, sin que tal determinación sea el acto que se reclama, ya que en el auto impugnado, solo se recibió el informe de la parte interpelada, de ahí que al no ser apelable, procedía el recurso de revocación en su contra. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse, sin que sea óbice que el acto pueda resultar de imposible reparación. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, en los juicios correspondientes aun cuando el acto sea considerado como de imposible reparación, sujetándolo a que el medio de defensa previsto reúna como requisitos los siguientes: Sea efectivo; Idóneo; y, Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de revocación- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados, el cual puede plantearse al día siguiente de que sea notificado al recurrente. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar el auto que se recurra; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por tres días y, transcurrido el mismo, el Juez resolverá dentro del tercer día, según se expone en el artículo 1335 del Código de Comercio. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve ***. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En esta se publica por lista el auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ***, por derecho propio, mediante el cual cumple con los requerimientos efectuados en autos de cinco y ocho de septiembre del año en curso, por lo que se provee la demanda de amparo instaurada. Del escrito de demanda, se advierte señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1" y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro De las cuales reclama lo siguientes actos que a continuación se describen: 1.- Respecto la autoridad 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", reclama el oficio de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por el cual dio contestación al diverso oficio ***, emitido por el 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 2.- Del 2. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, el auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil ***, por el cual recibió el oficio remitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En primer término, se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto el acto reclamado sintetizado en el reactivo "1", donde la parte la parte quejosa reclama: El oficio de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por el cual da contestación al diverso ***, emitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". Ahora bien, se determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, y la aplicación analógica de la fracción V, del mismo dispositivo legal, toda vez que la quejosa no acredita que la resolución impugnada le provoque un perjuicio de imposible reparación. A efecto de evidenciar lo anterior es necesario traer al contexto el contenido de los artículos en cita, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, se encuentra demostrado, que el acto reclamado encuadra en la hipótesis normativa de la fracción IV del artículo 107 por tratarse de un acto emitido fuera de juicio (medios preparatorios a juicio mercantil ordinario) y que al respecto resulta de aplicación analógica, lo dispuesto en la fracción quinta del mismo artículo, es decir, la regla general establece que cuando los actos reclamados sean emitidos en juicio, el amparo contra actos intraprocesales, solo será procedente, si se trata de aquellos que son de ejecución irreparable. Dicha regla se ha hecho extensiva a los supuestos de actos realizados fuera de juicio y después de concluido el mismo, lo que tiene su lógica en el hecho de impedir que se abuse de la promoción del juicio de amparo, para retrasar la acción judicial, con cualquier pretexto. Así las cosas, la regla señalada impera por igualdad de razón, respecto de la fracción IV del artículo 107, como se demuestra de la lectura de las siguientes tesis de jurisprudencia: Por su analogía es aplicable la tesis 1a./J. 16/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Décima emitida por la Primera Sala de la Corte, visibles en el libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744 que por su analogía con el caso concreto es perfectamente aplicable: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Analizado lo anterior, corresponde revisar, si dicho acto reviste la característica de imposible reparación, conforme a la aplicación analógica de la fracción V, del artículo 107 Constitucional. Al respecto, la misma fracción, nos ofrece una definición de lo que se considera un acto de imposible reparación, esto es: entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte la Suprema Corte de Justicia, en una nueva interpretación del tema, acorde al texto de la nueva ley de amparo, ha precisado en reciente contradicción de tesis, el concepto de imposible reparación, lo que se hace constar en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En las relatadas circunstancias, resulta claro que el acto que reclama la quejosa, no constituye una violación de derechos sustantivos, toda vez que en el mismo únicamente se recibió el oficio emitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", donde manifestó su imposibilidad a efecto de proporcionar la información requerida por la parte actora, por ser información de carácter reservada. Por otro lado, no puede afirmarse que la quejosa haya quedado sin defensa, pues tiene expeditos sus derechos, para controvertir dicho acto en el momento oportuno, es decir, cuando se dictamine la última resolución dentro de los medios preparatorios a juicio mercantil ordinario, mismo que será materia de estudio, previa la impugnación correspondiente. Bajo esa premisa, el acto que reclama la parte quejosa es de naturaleza formal y por el momento no produce una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí la actualización de la causal de improcedencia. Abona a lo anterior interpretada en sentido contrario, la tesis número XIX.1o.A.C.30 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Abril de 2011 Pagina 134, que dispone: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA SI CON AQUÉLLOS SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS. La fracción III del artículo 114 de la ley de la materia establece que procede el amparo ante los Juzgados de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, por regla general, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De ahí que si bien es cierto que por identidad jurídica debe aplicarse la regla general para los actos de ejecución de sentencia a los actos intraprocesales fuera de juicio, en cuanto a que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución, también lo es que igualmente procede si con los medios preparatorios a juicio se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos. Por lo que el Juez de amparo debe atender en grado predominante esa situación, tomando en cuenta tanto los antecedentes, como el alcance del contenido de los actos reclamados. Por otro lado, se estima que existe un diverso motivo de improcedencia respecto el acto reclamado sintetizado en el reactivo "2", donde la parte la parte quejosa reclama: El auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil ***, por el cual recibió el oficio remitido por el 1. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1". Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la Ley aplicable, en el caso, la revocación, esto conforme al artículo 1334 del Código de comercio, el cual dispone lo siguiente: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que en contra de los autos dictados en un juicio de naturaleza mercantil en los cuales no proceda el recurso de apelación, procede el de revocación. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama que la responsable dictó un auto en el que proveyó un oficio remitido por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Querétaro "1", que dicho auto le causa agravios, sin agotar el medio de defensa ordinario que prevé la ley del acto. La procedencia de dicho medio ordinario de defensa, deviene de la interpretación del artículo 1153 del Código de Comercio, mismo que prevé que procede el recurso de apelación únicamente contra la resolución que deniegue la diligencia preparatoria, lo cual no es aplicable al caso concreto. Asimismo, la parte quejosa manifestó que promovió los medios preparatorios a juicio mercantil ordinario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1155 del Código de Comercio; ahora bien, de dicha porción normativa no se advierte la procedencia del recurso de apelación contra este tipo de actos, en el entendido de que únicamente procede dicho medio de impugnación, contra la resolución que niegue lo pedido o aquella que la conceda, como se desprende del diverso numeral 1154 de dicho Código, sin que tal determinación sea el acto que se reclama, ya que en el auto impugnado, solo se recibió el informe de la parte interpelada, de ahí que al no ser apelable, procedía el recurso de revocación en su contra. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse, sin que sea óbice que el acto pueda resultar de imposible reparación. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, en los juicios correspondientes aun cuando el acto sea considerado como de imposible reparación, sujetándolo a que el medio de defensa previsto reúna como requisitos los siguientes: Sea efectivo; Idóneo; y, Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de revocación- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados, el cual puede plantearse al día siguiente de que sea notificado al recurrente. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar el auto que se recurra; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por tres días y, transcurrido el mismo, el Juez resolverá dentro del tercer día, según se expone en el artículo 1335 del Código de Comercio. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve ***. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por ***, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa ***, a través del cual pretende desahogar la prevención efectuada el cinco del presente mes y año. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar favorable su petición, pues en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las facultades de los autorizados consisten en la interposición de recursos, ofrecimiento y rendición de pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante, las cuales son procedentes siempre que se trate de actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, que es parte de la demanda. De ahí que el desahogo de la prevención de mérito deba realizarlo la directa quejosa, porque se trata de un requisito formal del escrito de demanda que debe ser signado por la parte directamente afectada o bien por su legítimo representante. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en 9 de agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 20, que establece: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En consecuencia, no se tiene por desahogada la prevención y de no cumplir cabalmente con lo requerido en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del término concedido en el proveído en cita, se hará efectivo el apercibimiento ahí decretado; destacando que con la presentación del escrito de cuenta, se interrumpió el citado plazo, pero se reanudará al día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este auto. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 1ª./J. 39/2012 (10ª), visible en la página 400 del tomo 1, Mayo de 2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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