Patricia de la Rosa Luna
Expediente 1142/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Patricia de la Rosa Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Se ordena destino de incidente. Visto el estado procesal que guardan los autos, se estima oportuno precisar que mediante proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, se omitió señalar el destino de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo. En consecuencia, se provee lo siguiente, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; en consecuencia, hágase su devolución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de abril de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en dos anexos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, el auto del veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual se pronunció en torno a la solicitud que formuló la parte demandada, ahora quejosa, en el sentido de que para modificar a la modalidad virtual el régimen de visita y convivencia provisional que se decretó en el juicio de origen se debía estar a lo acordado en el diverso proveído del once de septiembre siguiente, por el cual se determinó que para tal efecto se debía requerir la intervención del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Ahora bien, respecto del acto que se atribuyó al Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo. En torno a este tema resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Bajo ese panorama, este juzgado federal encuentra que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo se emitió una determinación judicial que decretó que el régimen de convivencia entre el menor y su progenitor se desarrolle en forma virtual, hasta en tanto se determine por las autoridades sanitarias en nuestro Estado que en la ciudad de Puebla nos encontramos en semáforo verde. En efecto, mediante auto del once de enero del dos mil veintiuno el juez natural determinó, en lo que interesa, lo siguiente [ver fojas 4 a 6 del tomo 2 de pruebas): A. El régimen de convivencia entre el menor y su progenitor se desarrolle en forma virtual, hasta en tanto se determine por las autoridades sanitarias en nuestro Estado que en la ciudad de Puebla nos encontramos en semáforo verde. B. Se previno a la progenitora en el sentido de que debía permitir la comunicación entre el menor y su padre los días miércoles y sábado de cada semana en un horario comprendido de las diecisiete a las dieciocho horas, a través de convivencias virtuales supervisadas por un psicólogo del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado y un mediador del Centro de Justicia Alternativa. C. Requirió a los progenitores a fin de que proporcionaran sus números telefónicos y correos electrónicos para entablar comunicación y los apercibió con multa en caso de incumplimiento. En razón de lo anterior, este juzgado federal estima que han cesado los efectos del acto reclamado ya que, como antes se precisó, la parte quejosa reclamó el auto del veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual el juez responsable se pronunció en torno a la solicitud que formuló la parte demandada, ahora quejosa, en el sentido de que para modificar a la modalidad virtual el régimen de visita y convivencia provisional que se decretó en el juicio de origen se debía estar a lo acordado en el diverso proveído del once de septiembre siguiente, por el cual se determinó que para tal efecto se debía requerir la intervención del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, se emitió una determinación que decretó que el régimen de convivencia entre el menor y su progenitor se desarrolle en forma virtual, hasta en tanto se determine por las autoridades sanitarias en nuestro Estado que en la ciudad de Puebla nos encontramos en semáforo verde. Además, este juzgado federal considera que la medida adoptada es adecuada, pues tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante el periodo de contingencia sanitaria se estima que sustraerlo de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente podría colocarlo en riesgo de contraer el virus SARS-CoV2, lo que conllevaría una afectación a su salud. Sin embargo, la emergencia sanitaria no puede ser un impedimento para interrumpir la convivencia con el progenitor no custodio, pues es un hecho incontrovertible que la influencia familiar y la vinculación afectiva que un menor obtiene de cada uno de sus progenitores constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de su personalidad, aunado a que el desarrollo actual de la tecnología permite mantener comunicación y contacto seguro con otras personas. Así, si bien se debe procurar el resguardo de la menor, es adecuado ordenar que el régimen de visita y convivencia se desarrolle a distancia a través de los medios de comunicación más accesibles para las partes, como podrían ser videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas u otros similares con la regularidad suficiente a fin de mantener comunicación continua entre las partes que intervengan. Al respecto, es ilustrativo el siguiente criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea." Es importante acotar que esta determinación no impide que si uno de los padres considera que el régimen jurídico relativo al derecho de visitas que regula sus relaciones familiares no atiende a lo más beneficioso para el menor o no está siendo cumplido en su totalidad por el progenitor contrario, deba conformarse y no pueda acudir a las instancias jurisdiccionales competentes para que de forma legítima y conforme a derecho se tome una decisión al respecto. Al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis aislada de la Primera Sala del Alto Tribunal: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y DERECHO DE VISITAS. EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN ESTAS FIGURAS NO PUEDE SER TRANSGREDIDO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS PADRES, POR LO QUE SI UNO DE ELLOS NO ESTÁ CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, DEBE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES COMPETENTES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tanto la asignación de la guarda y custodia como el establecimiento del derecho de visitas tienen como eje rector el principio del interés superior del menor, es decir, ambas figuras atienden a la protección de los intereses del menor y a buscar el mayor beneficio para éste. En consecuencia, no es posible sostener que la situación jurídica que se crea a raíz de estas dos figuras en un caso particular pueda encontrarse sujeta a la voluntad unilateral de cualquiera de los progenitores, pues esto significaría poner en riesgo el bienestar de los menores involucrados. Lo anterior no significa que uno de los padres deba conformarse si considera que el régimen jurídico relativo a la guarda y custodia o al derecho de visitas que regula sus relaciones familiares no atiende a lo más beneficioso para los menores involucrados o no está siendo cumplido en su totalidad. Por el contrario, el inconforme puede acudir a las instancias jurisdiccionales competentes para que éstas tomen una decisión al respecto. Lo anterior, pues como lo ha determinado esta Primera Sala en ocasiones anteriores, las decisiones respecto de la asignación de guarda y custodia o de establecimiento del régimen de visitas pueden modificarse cuando las circunstancias en las que se apoyaban a su vez se hayan modificado." En ese orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia objeto de estudio se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. El sobreseimiento del juicio se hace extensivo respecto del acto atribuido a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, ya que no se cuestionó por vicios propios. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes y, por oficio, al representante del menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. Solicitud de prórroga. Téngase por recibido el oficio del Juez Sexto Especializado de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el cual solicita una prórroga para remitir las constancias que le fueron solicitadas en el proveído del quince de febrero de dos mil veintiuno; sin que se realice mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, ya que el veintidós de febrero del actual, se tuvieron por recibidas las constancias de solicitadas en autos. Cúmplase.
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