Patricia de la Caridad Fons Morell
Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia de la Caridad Fons Morell
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Patricia de la Caridad Fons Morell, la cual radicó bajo el número 263/2022, de su índice administrativo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Así también, que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), pues en el presente asunto se declinó competencia a favor del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz; y toda vez que por auto de diecisiete de marzo del año en curso, se hizo constar que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Patricia de la Caridad Fons Morell, la cual radicó bajo el número 263/2022, de su índice administrativo; por tanto, previa copia simple que se deje en su lugar, remítase al juzgado competente el oficio en cita a efecto de que esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y anexo que lo acompaña, recibidos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 60/2022 (orden 489/2022); por tanto, dese de baja haciendo las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0); sin que haya necesidad de ordenar el acuse de recibo, en razón de que el referido sistema, expide dicha constancia al momento del envío. Ahora, de las constancias de la comunicación oficial, se advierte que el actuario adscrito al juzgado exhortante únicamente pudo hacer entrega a las autoridades responsables de los oficios que contienen el auto de nueve de marzo del año en curso, a efecto de que fueran notificadas de los términos en que fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto y el requerimiento ahí formulado; empero, no pudo llevar a cabo los puntos restantes, toda vez que le manifestaron que la quejosa, Patricia de la Caridad Fons Morell, no se encontraba alojada en la estación migratoria ya que fue retornada a su lugar de origen. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Patricia de la Caridad Fons Morell, la cual radicó bajo el número 263/2022, de su índice administrativo; por tanto, remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la citada comunicación oficial a efecto de que el juez competente este en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovido por ***********, con ocho copias, sin anexos, contra actos del Subdirector de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y otras autoridades, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su voluminosidad, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 158/2022. Ahora, la quejosa manifiesta ser de nacionalidad cubana y que se encuentra privada de su libertad en la Estación Migratoria ubicada en Carretera del Golfo, número 221, Miguel Alemán de Acayucan, Veracruz; asimismo, señala como actos reclamados: a) Incomunicación; b) Detención, y su ejecución; c) Orden de Deportación, y su ejecución; d) Acuerdo de alojamiento; e) Expulsión; f) Repatriación; g) Impedimento para transitar por el país, mediante salvoconducto de autoridad administrativa competente; h) Todo acto discriminación por nacionalidad, rasgos e idioma; i) Negativa de salir de la estación migratoria; j) Omisión de otorgarle el reconocimiento de la condición de refugiada en el país. Por tanto, respecto de la orden de deportación, expulsión y/o repatriación de la quejosa P*****, a su país de origen, dada la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo y 6° de la Ley de Migración, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que guardan y no se lleven a cabo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.X J/15 K (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879, del Libro 78, correspondiente al mes de septiembre de dos mil veinte, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Por otro lado, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que CESE LA INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, O CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, QUE AFECTEN O PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LA DIRECTA QUEJOSA PATRICIA DE LA CARIDAD FONS MORELL. Asimismo, toda vez que la peticionaria de amparo manifiesta que fue privada de su libertad desde el veintiséis de febrero del presente año, con apoyo en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, RESPECTO DE LA DETENCIÓN O ALOJAMIENTO RECLAMADOS, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO PARA EL EFECTO DE QUE SE PONGA EN INMEDIATA LIBERTAD A LA QUEJOSA PATRICIA DE LA CARIDAD FONS MORELL, sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3551, del libro 52, correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciocho, tomo IV, materia Común, Administrativa, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Cabe precisar que dicha medida cautelar no surtirá efecto alguno si la ejecución de la orden de detención o alojamiento se llevó a cabo con motivo del ejercicio de las facultades de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, es decir, si la detención reclamada se efectuó dentro de un procedimiento administrativo en materia migratoria. En este último supuesto, el efecto de la suspensión será que la directa quejosa *****, permanezca en el lugar en que se encuentra detenida o alojada a disposición del órgano jurisdiccional competente, sólo por lo que se refiere a su libertad personal, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo; en el entendido de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos de la agraviada en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que la quejosa pretenda garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos, a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, deberán otorgar el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, esto es, deberán informar a la detenida sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente puede decidir si ejerce o no, tal derecho. Aunado a ello la suspensión concedida respecto de la detención referida, no surtirá efectos si ésta tiene relación con la comisión de un delito, si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma quejosa o por otra persona en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la peticionaria del amparo es sorprendida en flagrante delito o se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional; o si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda. Se requiere a las autoridades responsables para que informen al juzgado competente, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; y se les apercibe que de no cumplir lo que se les requiere, estarán incurriendo en la conducta ilícita que tipifica el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIA. Expídasele a la parte quejosa copia certificada por duplicado de esta determinación, previa razón de recibo que se otorgue en autos para debida constancia. Toda vez que la quejosa, Patricia de la Caridad Fons Morell, manifestó que se encuentra alojada en la "ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACAYUCAN VERACRUZ", con apoyo en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2° y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), al Juez de Distrito en el Estado Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, a efecto de que ordene a quien corresponda se constituya en la referida estación migratoria y realice lo siguiente: 1. Notifique el presente proveído a la quejosa, Patricia de la Caridad Fons Morell, y le haga entrega de copia autorizada de este auto. 2. Certifique el estado físico en que se encuentra a quejosa y si está incomunicada. 3. Haga del conocimiento del Subdirector de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, que deberá dar acceso al actuario al lugar en que se halle la quejosa, para que verifique las condiciones en que ésta se encuentra; y proporcionar la seguridad pertinente al servidor público adscrito a ese juzgado, a efecto de que lleve a cabo lo que se encomienda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de un ilícito. 4. Haga entrega a las autoridades responsables de los oficios que contienen la presente determinación, a efecto de que sean notificadas de los términos en que fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto y el requerimiento formulado en líneas que anteceden. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el personal que realice la diligencia encomendada esté en posibilidad de llevarla a cabo. Solicítese atentamente a la autoridad exhortada, para que, a la brevedad posible, remita a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a la comunicación oficial. INCOMPETENCIA C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, además, en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de la autoridad responsable. 2. La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones será el competente para conocer de la demanda de amparo. 3. En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la promovente reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a) Incomunicación; b) Detención, y su ejecución; c) Orden de Deportación, y su ejecución; d) Acuerdo de alojamiento; e) Expulsión; f) Repatriación; g) Impedimento para transitar por el país, mediante salvoconducto de autoridad administrativa competente; h) Todo acto discriminación por nacionalidad, rasgos e idioma; i) Negativa de salir de la estación migratoria; j) Omisión de otorgarle el reconocimiento de la condición de refugiada en el país. Por otra parte, en el proemio de la demanda señaló: "[.] "****, en mi carácter de quejosa por mi propio derecho y de nacionalidad cubana misma que me encuentro alojada en este momento y privada de mi libertad dentro de las instalaciones de la conocida "ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACAYUCAN VERACRUZ" "[.]" Por tanto, los actos reclamados tienen ejecución en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, aún aquellos de naturaleza negativa y omisiva, dado que su efecto es que la quejosa continué detenida en dicho lugar; de ahí, que en términos del acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el órgano competente para resolver el presente asunto, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno. En tales condiciones, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Patricia de la Caridad Fons Morell, contra actos del Subdirector de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y otras autoridades; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declina dicha competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, por ser el lugar en el cual tienen ejecución los acto reclamado. En atención a la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente asunto, vía interconexión, al Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para su conocimiento, previa solicitud de turno a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, vía correo electrónico. Se solicita al Juzgado competente que una vez que obren en su poder la presente demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales procedentes. notificaciones de la quejosa el que indica en su demanda de amparo, ubicado en esta ciudad; como autorizados con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Olga Hernández Gómez, toda vez que acreditó encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, mediante el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; y con facultades restringidas, en términos del segundo párrafo del precepto en cita, esto es, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a los demás profesionistas que menciona, por no estar en igualdad de condiciones. Notifíquese, y en los términos indicados a la parte quejosa
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