Patricia de Ita Barranco
Expediente 626/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Patricia de Ita Barranco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que el presente expediente es conservable, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido será transferido al Depósito Documental respectivo dependiente del Área Coordinadora de Archivos. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (fojas 158 y 159), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 184 y 185). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión celebrada el ocho de junio de dos mil veintitrés este Órgano Colegiado resolvió conceder a la parte quejosa Patricia De Ita Barranco, la protección constitucional, para el efecto que el Tribunal responsable procediera en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte uno nuevo en el que: Observe lo resuelto en el juicio de amparo directo 642/2022, del índice de este tribunal, en el que se concedió el amparo para los siguientes efectos: de manera fundada y motivada se pronuncie sobre las excepciones propuestas por el demandado, aquí quejoso adherente, respecto de la prestación identificada con el inciso k), y que hizo consistir en las excepciones de que la actora no se encuentra comprendida en supuesto legal alguno para ser inscrita ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y respecto de la excepción de prescripción. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda en relación con la inscripción en Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 3. Y, siguiendo los lineamientos trazados en esta ejecutoria: a) Por un lado, reitere los aspectos que no fueron materia de estudio -competencia, fijación de la litis, y decisión sobre vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extraordinario, reconocimiento de antigüedad, salarios devengados. b) Por otro lado, establezca la carga de la prueba en términos del artículo 784, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sin atender a la calificación del ofrecimiento de trabajo. c) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda en relación con la acción principal" (fojas 113 y 114). El presente juicio de amparo está relacionado con el diverso juicio de amparo directo 642/2022, promovido por el Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, por conducto de su síndico municipal Amada Espinoza Flores, en el cual, en sesión de la misma fecha, también se concedió la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que dentro del expediente laboral de origen emitió nuevo laudo el veintinueve de junio de dos mil veintitrés (fojas 126 a 155), en el que dejó insubsistente el diverso laudo de ocho de septiembre de dos mil veintidós (foja 126); asimismo, que, siguiendo los lineamientos del fallo protector dictado en el presente juicio de amparo 626/2022, realizó lo siguiente: a) Observó lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 642/2022, del índice de este tribunal, pues al respecto se pronunció sobre las excepciones propuestas por el demandado, respecto de la prestación identificada con el inciso k), y que hizo consistir en las excepciones de que la actora no se encuentra comprendida en supuesto legal alguno para ser inscrita ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y de la diversa excepción de prescripción. Respecto de la primera excepción en mención, la autoridad responsable refirió que contrario a lo señalado por el ayuntamiento demandado, la actora Patricia De Ita Barranco, sí se encontraba en los supuestos para ser inscrita ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; toda vez que correspondía a aquél en su carácter de empleador, el pago de las aportaciones, por los conceptos establecidos en el artículo 46, fracción V, de la Ley Burocrática Estatal, por tanto, constituía una obligación de aquél Aunado a que, dijo, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, establece en su numeral 28, que los titulares de las entidades públicas a través de su área de recursos humanos, aportarán para el Fondo de Pensiones Civiles el dieciocho por ciento del Salario Base de los Servidores Públicos, es decir es obligación del Ayuntamiento realizar el pago de aportaciones de sus trabajadores. Y que también en términos del artículo 29 de dicha ley, le corresponde al trabajador aportar el doce por ciento del salario que percibe al fondo en cita; motivo por el cual, con libertad de jurisdicción, el tribunal responsable consideró que la actora sí se encontraba comprendida en los supuestos para ser inscrita ante la institución de seguridad social Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (fojas 150 y 151). b) Por otra parte, respecto a la diversa excepción de prescripción opuesta por el ayuntamiento demandado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, estableció que la misma se encuentra contenida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, la cual precisó, consiste en la pérdida del derecho a reclamar el pago de determinadas prestaciones por el transcurso de un año entre la fecha en que fueron exigibles y su reclamo; y que así mismo, se encontraba dirigida a combatir prestaciones de naturaleza laboral, es decir derivadas de una relación laboral, la cual era distinta a las prestaciones de seguridad social, y que por lo consiguiente el análisis de la excepción de prescripción genérica, era improcedente cuando el ayuntamiento demandado, no la oponía con fundamento en la legislación exactamente aplicable (Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala). Y que si la litis laboral se conformaba con el reclamo de otorgamiento o pago de prestaciones de seguridad social, la prescripción que se opusiera debía apoyarse en la Ley de Seguridad Social aplicable al caso concreto. Por lo que en ese contexto, también con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable, señaló que dicha excepción de prescripción no resultaba procedente, y que correspondía al ayuntamiento demandado, la fatiga procesal de acreditar la inscripción retroactiva y pago de las aportaciones o cotizaciones, a efecto de otorgar los beneficios de dicha institución en favor de la accionante (fojas 151 y 152). c) Con base en lo anterior, el tribunal responsable, con plenitud de jurisdicción, condenó al H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, a la inscripción retroactiva de la actora Patricia De Ita Barranco, a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como al pago de las aportaciones o cotizaciones correspondientes (foja 154). En ello también se advierten satisfechas las exigencias de fundamentación y motivación impuestas en la ejecutoria de amparo. II. Por otra parte, del mismo modo se advierte que siguiendo los lineamientos del fallo protector, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reiteró las determinaciones que no fueron materia de estudio, esto es: a) Que era competente para conocer y resolver la controversia laboral ante él planteada, ello de conformidad con los artículos 123, apartado "B", fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 1, 95 y demás relativos y aplicables de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (foja 130). b) Fijó la litis planteada por la parte actora, en el sentido que la acción ejercitada por ésta en el juicio laboral de origen, era la de indemnización constitucional por despido injustificado, así como el pago de diversas prestaciones laborales (foja 130 vuelta). c) Determinó que la actora Patricia De Ita Barranco, laboró para el H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, con un horario laboral que iba de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos, de lunes a viernes de cada semana (fojas 136 y 138). d) Resolvió que la actora se desempeñó en una categoría de las que no son consideradas de confianza (Auxiliar de Programas en el D.I.F. Municipal), por tanto sí gozaba de estabilidad en el empleo (fojas 138 vuelta a 140). e) Absolvió al H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, del pago de las prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (foja 146). f) Así mismo, lo absolvió de reconocerle a la actora, como parte efectiva su antigüedad por todo el tiempo que permaneciera separada de su trabajo (foja 146 vuelta). g) Absolvió al H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, del pago de la prestación consistente en horas extraordinarias o jornada extraordinaria; así como del pago de cantidad alguna por concepto de veinte días por cada año de servicios prestados (foja 147). h) Condenó al ayuntamiento demandado al pago de salarios devengados correspondientes a las quincenas de uno de julio al quince de agosto de dos mil veintiuno, para ello, tomó como base que la actora tenía un salario quincenal de $2,952.50 (dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N), que multiplicado, por las tres quincenas que no le fueron cubiertas, arrojó, dijo, la cantidad $8,857.50 (ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N) [fojas 149]. i) Absolvió al H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, de la declaración de la nulidad absoluta que el tribunal responsable debía hacer respecto de cualquier documento que aquél exhibiera como renuncia voluntaria o renuncia de cualquier derecho laboral de la parte actora (foja 150). III. Por otro lado, también siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, precisó que si la trabajadora en uso de su derecho de elección, determinó optar por el pago de una indemnización constitucional y rechazó el ofrecimiento de trabajo, su calificativa resultaba irrelevante para repartir la carga de la prueba, ya que con independencia de la buena fe o mala fe con la que ésta se ofreció, debía prevalecer la voluntad de aquélla respecto de su pretensión inicial. Por lo que con base en ello, estableció la carga de la prueba en términos del artículo 784, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sin atender a la calificación del ofrecimiento de trabajo, y con libertad de jurisdicción estimó que dicha obligación procesal fue cumplida por el ayuntamiento demandado (fojas 140 vuelta a 143). IV. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, el tribunal responsable, absolvió de pagar a la servidora pública Patricia De Ita Barranco, cantidad alguna por concepto de indemnización constitucional, así como del pago de salarios caídos (foja 154 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, por lista a la quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de cuatro de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procédase a dictar la resolución correspondiente. Por otra parte, agréguese para los efectos legales procedentes, la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 642/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, la cual guarda relación con el expediente en que se actúa. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1016, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA. Si bien no existe posibilidad legal de acumular los juicios de amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que resulta conveniente resolverlos en la misma sesión, en aras de tutelar los principios de seguridad jurídica, así como de justicia pronta y completa, pues con tal proceder se favorece el análisis sistemático de los conceptos de violación aducidos. En consonancia con lo anterior, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, con motivo de sendos amparos concedidos en los asuntos relacionados, ordene no sólo el acatamiento de una ejecutoria en lo individual, sino también verificar los lineamientos protectores de la ejecutoria relacionada, dicho órgano jurisdiccional queda también obligado a vigilar la observancia común de sus fallos y a no hacerlo en forma independiente, pues si los deberes impuestos quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso el propio Tribunal, éste debe asegurarse del cumplimiento recíproco para dar celeridad a la conclusión del litigio, y más aún, para evitar decisiones contradictorias durante el procedimiento de ejecución. En consecuencia, para que este Alto Tribunal, al conocer del recurso de inconformidad pueda valorar si se actualizan los anteriores supuestos, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá: 1) agregar al expediente copia autorizada de la ejecutoria relacionada, cualquiera que sea su sentido; 2) si se interpone recurso de inconformidad, adicionalmente certificar el estado procesal en que se encuentre, en su caso, el procedimiento de ejecución del amparo relacionado; y, 3) archivar los asuntos simultáneamente y no en forma individual, dejando constancia en cada expediente de lo así decretado en el diverso juicio relacionado." En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada del laudo de veintinueve de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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