Patricia Chacon Quintanilla

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Patricia Chacon Quintanilla

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se ordena devolver a la parte quejosa los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos correrán la suerte de este expediente cuando se efectúe la destrucción del mismo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Patricia Chacón Quintanilla, mediante el cual solicita la devolución de los documentos anexados como medio de prueba en su escrito inicial de demanda, autorizando para recibirlos a ****; al respecto, se provee: Dígasele a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, donde se ordenó la devolución de los documentos a los que alude..."

  2. Principal

    "...Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa... mediante el cual solicita se le haga entrega de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, autorizando para recibirlos a... atento a su contenido, se provee: Dígasele a la promovente que respecto a los documentos originales que obren en autos, se proveerá lo conducente una vez que cause estado la determinación adoptada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Patricia Chacón Quintanilla, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 128/2022-III-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página 1631, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". RECLAMO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE AL C. JUEZ Y/O ACTUARIO Y/U OFICIAL DEL JUZGADO EN FUNCIONES DE ACTUARÍA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, EL INDEBIDO E ILEGAL EMPLAZAMIENTO ASÍ COMO TODO LO ACTUADO EN AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO RADICADO BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 438/2021/I DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, PROMOVIDO POR EL LICENCIADO PEDRO GARCÍA RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN BANCARIA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT EN CONTRA DE LA SEÑORA PATRICIA CHACÓN QUINTANILLA CON EL SUPUESTO CARÁCTER DE ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO EMPLAZAMIENTO SUPUESTAMENTE REALIZADO EN EL DOMICILIO DE CASA HABITACIÓN NÚMERO 23, ACTUAL NÚMERO SEIS, DE LA CALLE TAJÍN, DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS PREPARATORIA EN POZA RICA, VER., DE LA CUAL NUNCA FUI OÍDA Y VENCIDA EN JUICIO NI MUCHO MENOS EMPLAZADA LEGALMENTE NI PERSONALMENTE TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EN COMENTO, VULNERANDO LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES GARANTÍAS DE AUDIENCIA, DE LEGALIDAD, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA, POR NO AGOTARSE LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, EXHAUSTIVIDAD JURÍDICA Y VALORACIÓN DE PRUEBAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO ARTÍCULO 79 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE AMPARO, LA CUAL ESTABLECE QUE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA OPERA CUANDO EXISTE UNA VIOLACIÓN EVIDENTE A LA LEY QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA EL QUEJOSO POR ACEPTAR LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EL CUAL ESTABLECE EL OBJETO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, QUE SERÁ EL DE RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE Y ENTRE OTROS, POR ACTOS U OMISIONES QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CARTA MAGNA ASÍ COMO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALÓ: La ejecución física y material que CONSISTIÓ EN EL ILEGAL E INDEBIDO EMPLAZAMIENTO EFECTUADO A LA SUSCRITA MEDIANTE SUPUESTA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2022, A LAS 10:00 HRS AM, EN EL DOMICILIO DE CALLE TAJÍN ANTES 23 ACTUALMENTE NÚMERO 6 FRACCIONAMIENTO PALMAS PREPARATORIA DE ESTA CIUDAD, POR PARTE DEL PERSONAL ACTUANTE Y/O ACTUARIO Y/U OFICIAL DEL JUZGADO EN FUNCIONES DE ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, C. LIC. ESTELA ROSALES GONZÁLEZ, DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO BAJO EXPEDIENTE NÚMERO 438/2021/I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, PROMOVIDO POR EL C. LIC **************, EN SU CARÁCTER DE SU APODERADO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN CONTRA DE LA SUSCRITA, CON EL SUPUESTO CARÁCTER DE ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO." Sin embargo, se estima que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En atención a la causa de improcedencia invocada, es pertinente dejar asentado que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, existe el denominado "principio de definitividad", consagrado en el artículo 107, fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Este principio, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa, que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; por lo que, existiendo éstos sin que en su oportunidad sean interpuestos por la parte quejosa, el juicio de garantías es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza misma del amparo, ya que éste es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos o medios de defensa legales que procedan. Por tanto, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso, que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la quejosa deba agotar los recursos y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo expuesto, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante del amparo. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 2ª./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Común, Administrativa, Novena Época, que establece lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así, los elementos con los que se integra la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: ? Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; ? Respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa; ? Por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas; Y, únicamente se contemplan como casos de excepción los señalados en las fracciones a), b) y c) de la mencionada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Ahora bien, como se advierte de la demanda de amparo la parte quejosa comparece como tercero extraño por equiparación, sin embargo, no se advierte que le asista tal carácter. Ello es así, pues para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación. Por tercero extraño a juicio en estricto sentido se entiende es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Y tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. A lo anterior es aplicable de nueva cuenta la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 720, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 231844, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente." Ahora bien, para evidenciar lo anterior, cabe destacar que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la promovente, así como de la copia certificada del instructivo de notificación relativo al emplazamiento de la ahora quejosa al juicio de origen, y constancias de traslado, a las cuales, de conformidad con el normativo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio pleno; se advierte que el juicio de origen recientemente se radicó y admitió a trámite, el veinticinco de enero de dos mil veintidós bajo el número 438/2021, promovido por ******************* en la vía especial hipotecaría contra ****************, de quien en ese mismo auto se ordenó su llamamiento a juicio. Lo anterior, deja entrever que en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia y que es inconcuso que la quejosa fue señalada como demandada siendo el actor en dicho sumario, el ahora tercero interesado ******************* de ahí que no pueda considerársele tercera extraña en sentido estricto y al tener conocimiento del juicio civil de origen, tampoco le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación En ese orden, es criterio jurisprudencial obligatorio para este juzgado, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, si la persona extraña tiene conocimiento sobre la existencia del juicio y sus datos de identificación, antes de que se dicte la sentencia (o en este caso el laudo), pierde esa calidad de extraño que originalmente tuviere. Asi, cuando la parte quejosa se ostenta extraño a juicio por equiparación, la afectación a su esfera jurídica se verifica desde el momento mismo en que se omitió su llamamiento al juicio en el que es parte formal o en el que se realizó el emplazamiento con vicios tales que le impidieron conocer la existencia del juicio y, por ende, comparecer a defender los derechos de los que es titular. En esas circunstancias, la parte demandada puede, desde luego, acudir al juicio de amparo biinstancial que por la forma en que se tramita, otorga al gobernado la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar la inconstitucionalidad del acto que reclama, esto, en el entendido de que es el desconocimiento del juicio lo que le genera indefensión. Consecuentemente, el acto que constituye la violación alegada, sólo produce consecuencias intraprocesales, ante las cuales puede inconformarse a través del recurso ordinario que la ley le otorgue, o que bien pueden ser reparables si la resolución definitiva que se dicte en el juicio le resulta favorable y, en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en amparo indirecto junto con la resolución definitiva. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número 1a./J. 9/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 681, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004274, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Materia Laboral, visible en la página 698, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA ENCUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (El subrayado y resaltado con negritas es propio) Así también cobra aplicación, la Jurisprudencia 1a./. 67/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del tenor literal siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En ese orden, en el caso, se advierte que la quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra en el que no se ha dictado sentencia de fondo, esto es, conoce los datos de identificación del juicio natural, como lo es el nombre de las autoridades responsable, el número de juicio y su naturaleza, así como el nombre de la parte actora. Ello es así, pues como ya se evidenció la propia parte quejosa manifiesta tener conocimiento de la existencia del juicio especial hipoteario 438/2021 radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. En ese tenor, se advierte que la quejosa conoce que en el juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, se sigue el juicio civil 438/2021 en su contra promovido por ***************************, sobre la ejecución de una garantía hipotecaria y demás prestaciones y que se encuentra en trámite, pues aún no se dicta sentencia de fondo. Bajo esa consideración, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es pertinente verificar el contenido de los artículos 55, 90 y 773 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, mismos que disponen: ARTICULO 55.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderán el curso de los juicios." ARTICULO 90.- El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." ARTICULO 773. Las cuestiones incidentales que se susciten ante los jueces municipales, se resolverán juntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se promuevan después de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo, sino que se decidirán de plano. Las promociones de nulidad de actuaciones por falta o defecto en la notificación, deben ser despachadas de plano. De los numerales citados, se advierte, en lo que interesa, que cuando se estime que una notificación no fue realizada en términos de ley, podrá ser combatida a través del incidente de nulidad de actuación, durante la siguiente intervención de la parte afectada; medio de defensa que debe ser interpuesto ante la misma autoridad ante quien se tramita la controversia de origen quien resolverá de plano. Por lo que resulta inconcuso que, contra el ilegal emplazamiento al juicio especial hipotecario 438/2021 del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procede el incidente de nulidad de notificaciones, pues de las propias manifestaciones realizadas por la parte quejosa, así como de las constancias derivadas de dicho juicio, se advierte que aún no se ha dictado sentencia en el referido juicio de origen. Resulta aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, visible en la página 356, de rubro y texto siguientes: NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa." Del mismo modo, es aplicable la jurisprudencial 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA EN ESTUDIO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

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